En México se cansaron de los superhéroes estadounidenses y, de la mano del genial Roberto Gómez Bolaños, crearon la más popular parodia: el Chapulín Colorado, aquel que aparecía para sacar de un apuro a los indefensos.

A diferencia de Superman, Batman o el Hombre Araña, el Chapulín era torpe, miedoso y carecía de superpoderes. Pero con sus artefactos lograba defender a los que habían formulado la mágica pregunta: “Y ahora, ¿quién podrá defenderme?”

En Córdoba, pese a pomposos marcos institucionales y normativos, las instancias de resguardo de los ciudadanos tienen un estilo bastante parecido al Chapulín, pero como carecen del chipote chillón, no saben, ni quieren ni pueden defender a nadie.

Esta semana, Ramón Mestre nos ha dicho “no contaban con mi astucia” y mandó a sus concejales a impulsar un Ente Regulador de Servicios Públicos municipal que ya estaba contemplado en la Carta Orgánica sancionada en 1995, con características y, tal vez, destino muy similares a las del Ersep a nivel provincial.

La discusión se insinúa, por ahora, en el Concejo Deliberante respecto del mecanismo de elección de sus integrantes. Si por concurso abierto y en función de antecedentes e idoneidad o por imposición del poder político con mayoría oficialista, lo cual no es un dato menor.

Pero hay otras cuestiones relacionadas con que no están claras cuáles serán las funciones del Ente, qué cosas controlará o regulará y si habrá superposición de tareas ya asignadas a reparticiones municipales.

Todo parece encaminarse a que la Municipalidad capitalina tendrá su Ersep, que a nivel provincial es un organismo burocrático, que se lleva algunos recursos en salarios y cuyos antecedentes en la convalidación de todo lo actuado por las empresas de servicios públicos es archiconocido.

Una multa a Aguas Cordobesas por fallas en el servicio, una devolución a usuarios de Epec por un corte que duró hasta 72 horas, en algunos casos, y no mucho más en 16 años de existencia.

Caminos de las Sierras viene virgen en sanciones, en una provincia con rutas peajizadas desde hace décadas y con un estado que está lejos de ser motivo de orgullo.

En cuanto a las tarifas, que deberían en los papeles ser fijadas por el Ersep, en realidad rigen de acuerdo con la voluntad del Gobierno provincial y de las empresas prestatarias, sólo cumpliendo con ese ritual de nulo efecto que son las audiencias públicas.

Entonces, ¿para qué sirve el Ersep? Para los usuarios de servicios públicos, para casi nada. Para los que tienen capacidad de designaciones políticas, es un lugar más donde descargar designaciones, contratos temporales y otros mecanismos de creación de alguna remuneración definitiva o transitoria.

El Ersep terminó defendiendo a los usuarios de la misma manera en que la Fiscalía Anticorrupción en la Justicia persiguió a los corruptos.

Tienen una naturaleza bien diferente, pero coinciden en dos cosas: fueron creados más o menos en la misma época y cumplen más o menos la misma función de no incomodar al poder.

En otra instancia, y con un nombre más significativo aún, Córdoba se jacta de tener una Defensoría del Pueblo que no defiende a nada de nadie.

Pasando en limpio, la Provincia cuenta con un ente regulador de servicios que no regula, una fiscalía anticorrupción que no persigue corruptos y una defensoría que no defiende.

Y como no contábamos con la astucia oficial, la Municipalidad de Córdoba –otra vez– ha decidido emular al Gobierno provincial.

Por eso, el Concejo se encamina –con algunas negociaciones y tironeos– a aprobar el Ersep municipal (Ersem, en realidad) para que convalide aumentos de tarifas, concesiones de servicios, prestaciones de transporte, higiene, estacionamiento o la inspección vehicular.