Córdoba gastó 4.595 millones sin autorización legislativa

En los últimos 5 años, el excedente de recaudación representó 19% del gasto.
Entre 2004 y 2008, el Gobierno de la Provincia de Córdoba presentó siempre a la Legislatura provincial un proyecto de presupuesto anual que terminó siendo sustancialmente diferente a la luz de las cifras ejecutadas.

Esto no ocurrió una vez, sino de manera sistemática en los últimos cinco años. Así, el Ejecutivo provincial pudo gastar de manera discrecional, sin autorización previa de la Legislatura, 4.595,4 millones de pesos.

La reasignación de fondos a las diferentes áreas –una especie "a la cordobesa" de los "superpoderes" de que goza el Gobierno nacional y que el Congreso acaba de ratificar, aunque ahora acotados a cinco por ciento del gasto total– equivalió a 18,8 por ciento, en promedio, de todo el gasto corriente del período.

La estrategia del Ministerio de Finanzas emula a la que sigue la administración kirchnerista desde que en 2003 logró los famosos "superpoderes": se subestiman los ingresos propios y los de jurisdicción nacional y la diferencia se aplica al gasto que mayor urgencia o importancia decida darle el Ejecutivo.

Los montos no son menores. En 2008, se rectificó el presupuesto por 1.468 millones de pesos, de los cuales 1.061 millones fueron "ingresos tributarios varios", según consta en la cuenta de inversión de ese año, la única en donde en cada una de las resoluciones del Ministerio de Finanzas aparece el origen de los fondos adicionales.

En 2007, Finanzas presupuestó ingresos tributarios propios por 1.858 millones de pesos y recaudó 23 por ciento más, y coparticipación por 3.011 millones y recibió 22 por ciento más (ver cuadro). Pero en 2006, la coparticipación fue 49 por ciento superior; en 2005, 53 por ciento y en 2004, 86 por ciento.

La recaudación propia también fue siempre más generosa: arriba del 30 por ciento, con excepción de 2008, cuando subió apenas el ocho por ciento. En el primer cuatrimestre de este año, por primera vez, la ejecución aparece sin rectificaciones presupuestarias; esto es: no hubo fondos adicionales.

¿Qué hicieron José Manuel de la Sota antes y Schiaretti ahora con semejante adicional de recursos que se produjo en los mejores años de crecimiento económico? ¿Obra pública? ¿Ahorro? No.

De los cinco años analizados, sólo en uno la Provincia invirtió más de lo que dijo que iba a hacer en trabajos públicos: fue en 2007, cuando gastó 385 millones de pesos, 10 por ciento más de lo presupuestado. En el resto de los años, derivó a obra pública menos recursos propios de los que proyectó: 1.947 millones prometidos, 1.481 millones ejecutados en el período.

Lo que muestran las ejecuciones es que el gasto público creció a igual ritmo que los ingresos. Y que el gasto en personal es el que terminó absorbiendo la gran parte del excedente de recursos. En los cinco años analizados, el Ejecutivo presupuestó 11.505 millones para sueldos, pero terminó gastando 24,6 por ciento más.

Marco legal. La ley de Administración Financiera número 9.086 es la que regula las cuentas públicas y el control del Estado Provincial. Fue modificada en 2003 y, según observa el legislador Omar Ruiz (Coalición Cívica), eliminó de la anterior ley (7.631) el artículo que impedía transferir créditos corrientes a gastos de capital y viceversa.

Hoy, el Ejecutivo tiene esas facultades y, según señala el legislador oficialista Dante Heredia, titular de la comisión de Presupuesto, el Ejecutivo está "obligado" a pedir autorización legislativa cuando se trate de montos globales, pero tiene la facultad de hacer modificaciones presupuestarias.

La ley también establece que debe comunicar a la Comisión de Presupuesto las resoluciones o decretos donde consten esos cambios. Pero ese punto no estaría siendo cumplido. "Nunca tratamos cambios de partidas en la comisión, y yo la integro", dice Ruiz, quien presentó un proyecto para acotar los "superpoderes" locales.

Una cosa es la reasignación de partidas y otra es lo que ocurre cuando hay excedente de recursos. La ley indica que, cuando haya "mayores ingresos que los calculados", el Ejecutivo está autorizado a incrementar de manera proporcional los gastos y no está obligado a pedir permiso legislativo. Eso mismo ocurría en el ámbito nacional y ahora se limitó al cinco por ciento.

"Eso va a tener relevancia en los próximos años, porque ahora se recauda menos", advierte Marcelo Capello, del Ieral de Fundación Mediterránea. Considera que una flexibilidad del cinco por ciento es "razonable".

Mecanismos

Córdoba. El Ministerio de Finanzas de Córdoba modifica partidas presupuestarias a través de resoluciones. Está autorizado a derivar a gastos corrientes partidas que iban a gastos de capital y viceversa, aunque la Ley de Responsabilidad Fiscal lo impide. También puede decidir dónde van los recursos excedentes.

Santa Fe , por ejemplo, puede aumentar el presupuesto sólo para reducir el déficit o la deuda y en cinco días debe informar a la Legislatura y Buenos Aires puede reasignar hasta el 5 por ciento.

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