El gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, se encontraba en Panamá cuando se desató el conflicto. Nadie, durante su ausencia, quedó a cargo de la gobernación para encarar una solución con los policías y evitar el acuartelamiento y sus trágicas consecuencias.

Tuvieron que transcurrir más de 12 horas de saqueos, arrojando decenas de heridos, y cundir el más absoluto descontrol, hasta que tras el regreso de De La Sota se acordara otorgar un aumento de salario que dio fin al acuartelamiento. El sueldo básico pasó de $ 2500 a $ 8500. La negociación duró minutos. Los rumores del acuartelamiento, meses.

Más específicamente, el 14 de noviembre pasado, esposas y familiares de los policías acuartelados difundieron por las redes sociales un comunicado declarando el comienzo de la operación “Juanes en Marcha”.

Los “Juanes”, son los llamados policías de menor rango, agentes y subayudantes. Componen más de un tercio de la totalidad de la fuerza policial de la provincia y son los que primero ponen el cuerpo en la lucha contra el delito.

Disponen del sueldo básico, y con casi nulos beneficios comparados con los de sus superiores. En el mensaje difundido por los familiares de los acuartelados destacaban no solamente las postergaciones salariales y el pedido de un aumento del básico, sino que alertaban que la fuerza policial no estaba dispuesta a quedar “pegada” a los hechos de corrupción que involucran a la cúpula policial y funcionarios de la provincia.

En un párrafo del mensaje difundido, mencionaban que los reiterados reclamos que venían ejerciendo los policías no tuvieron respuesta dentro de la cúpula policial de la provincia, ni menos de parte del gobernador.

En otro párrafo destacaban: "Entendemos que sus jefes y directivos los han abandonado por miedo o porque forman parte de esta red de corruptos. Pedimos que nos dejen ser su voz y que nos brinden información anónima de todos los temas que salen a la luz porque no les permiten hablar. No somos una organización de ningún partido político ni tenemos afiliaciones de ningún tipo. Les pedimos que se hagan escuchar y reclamen su derechos."

Córdoba es la segunda provincia más poblada de la Argentina, después de la de Buenos Aires, con poco más de 3,3 millones de habitantes.

Pero el dato más significativo es que dispone del mayor número de policías por habitante del país. Año tras año, desde 2007 hasta 2013, la provincia fue aumentando el número de policías llegando en la actualidad a 22 mil hombres.

La ecuación policías por habitante arroja a 1 por cada 150 habitantes. Este dato convierte a la provincia de Córdoba como la de mayor cantidad de policías por habitante del país.

A modo de comparación, le sigue la provincia de Buenos Aires, con 15,6 millones de habitantes y un total de 58 mil hombres que conforman la policía bonaerense.

La ecuación en este caso es de 1 policía cada 268 habitantes. Es decir, Córdoba casi duplica a la provincia de Buenos Aires en la cantidad de hombres destinados a la seguridad.

La crisis policial y el acuartelamiento no es un conflicto solamente salarial.

La relación entre policía y narcotráfico, como se apuntó anteriormente, fue uno de los ejes que manifestaron los familiares de los policías al denunciar a una cúpula policial desprestigiada y acosada por casos de corrupción y sus lazos con el narcotráfico como los que viene arrastrando la provincia de Córdoba a partir de las graves episodios que involucran a funcionarios del gobierno de De la Sota y del poder político con organizaciones delictivas.

En el mes de septiembre pasado, luego de varios allanamientos, fueron detenidos el ex titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, comisario Rafael Gustavo Sosa; el comisario Alberto Saine; el oficial Franco Argüello; los suboficiales Fabián Peralta Dátoli y Mario Osorio, todos dependientes de organismos vinculados al combate a las drogas.

La detención de los funcionarios y cúpula de la policía se produjo a partir de una investigación periodística llevada a cabo por el periodista Tomás Méndez, en el programa ADN, que se emite por el Canal 10 de Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Méndez denunció el vínculo entre efectivos de la División de Lucha contra la Droga de la Policía de la provincia y grupos de narcotraficantes.

A través de cámaras ocultas entrevistó a un delincuente e informante de la policía cordobesa, Juan “Francés” Viarnes, quien contó cómo funcionaba la organización y sus acuerdos de intercambio de información y recompensas con parte de la droga secuestrada por esa División.w

Sembrar la provincia de policías, pagando sueldos miserables, es parte de la política de seguridad que reclaman las fuerzas de derecha en la Argentina para combatir la inseguridad.

De La Sota no está solo en esta cruzada. En Córdoba, la Unión Cívica Radical tiene en Oscar Aguad (recientemente electo diputado por tercera vez consecutiva) a un representante entre los que pregonan la fórmula de mano dura contra el delito, con más policías y más control.

Vale recordar al otro representante de esta vertiente, el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri, quien junto a De La sota intentó armar una coalición para las elecciones legislativas de octubre.

Las especulaciones sobre quiénes aprovecharon y azuzaron los episodios surgidos por el acuartelamiento policial, causando muertos, saqueos, y el caos imperante durante más de medio día surgirán de las investigaciones que se irán produciendo en los próximos días.

Por lo pronto, queda una preocupación latente: al finalizar el anuncio del acuerdo obtenido con los policías acuartelados, el gobernador De La Sota eligió, muy ofuscado, una frase en consonancia con su ideario represivo y policíaco: “Vamos a salir a buscar a todos los delincuentes y saqueadores.”

La frase sonó fiera. Las comisarías de Córdoba albergan a más de 6000 presos de los que cerca del 55% se encuentran a la espera de condena.