El ministro de Salud, José Manuel Corchuelo Blasco, encabezó ayer en el Area Programática Sur el lanzamiento de los dos programas con los que se cumplimentan obligaciones constitucionales que habían sido obviadas en la historia provincial.

Así lo subrayó durante el lanzamiento de dichos programas que abarcarán a toda la provincia y que establecen la entrega de indumentaria de trabajo -ambos, zapatos y abrigo- para todo el personal del sistema, como así también el examen anual de salud para los 6.300 agentes.

Corchuelo sostuvo que la entrega de indumentaria es un deber constitucional e integra el régimen regulatorio de salud, a pesar de lo que el nivel central provincial jamás había cumplimentado el punto, e indicó incluso que cuando se lanzó la licitación para la compra -que en esta primera etapa implica un presupuesto de 2.000.000 de pesos- la corrupción le puso un freno anulándola.

Señaló que fue una nueva empresa la que había ganado la compulsa, por lo que se abrió una discusión sobre la calidad de la fibra y los modelos, por ejemplo, lo que dilató el proceso en el que tuvo que intervenir el Ministerio de Producción para certificar calidad y poder avanzar.

Así, informó que con la licitación concluida ya se cuenta con todo el equipamiento para el Area Programática Sur, la mitad de lo que corresponde a la Programática Norte y habrá entregas similares en cada Area, inclusive el sistema rural.

La compra de indumentaria se basa en dos etapas, la primera ya cumplida en la que se invirtieron 1,8 millones de pesos, y una próxima cuyo proceso licitatorio se abre durante la primera quincena de marzo destinada a adquirir zapatos y camperas de abrigo, con una partida de 2,3 millones de pesos -que surgen del presupuesto histórico del Ministerio- para completar todo el esquema provincial.

 

EXAMENES ANUALES

En otro orden, Corchuelo reclamó por la falta de exámenes anuales de salud a todo el personal, que a pesar de que son obligatorios solo se realiza el de ingreso. Señaló que la última prestadora del servicio de ART fue La Caja durante los últimos diez años y que jamás se efectuaron los controles destinados a prevenir enfermedades laborales.

En tanto, la subsecretaria de Planificación, Judith Jozami, explicó que el examen anual para los prestadores de salud es obligatorio a partir del surgimiento de las ART, y que tanto el Estado como cualquier nivel de intervención privada deben cumplir con ellos. “Sirve no sólo para el control del trabajador, sino que también refleja la calidad de prestación diaria y a futuro de los empleados que tienen un seguimiento médico, donde uno puede detectar a tiempo determinados factores de riesgo, interviniendo desde lo médico para la calidad de vida del trabajador y de la institución en sí. Un empleado que se siente bien, no sólo está sano sino que atenderá mejor a la comunidad que se presenta por demanda en servicios”, explicó.

Corchuelo añadió a su vez que los exámenes se realizarán sobre los 6.300 agentes del sistema, iniciado con una grilla en la que se prioriza a los trabajadores de riesgo para aplicarlo a partir de allí en forma general, reduciendo en gran medida el riesgo de enfermedades laborales.

 

REHABILITACION

DE ADICCIONES

Previo al lanzamiento de los programas, Corchuelo encabezó una reunión del Area Programática de la que también participó un equipo técnico del Ministerio, dado que se encuentra en plena marcha la diagramación de un instituto de rehabilitación de las adicciones , que también contendrá mecanismos de atención de la salud mental y discapacidades.

“Se llama Casa Hogar, el lugar ya ha sido alquilado y se está trabajando en los armados” especificó, añadiendo que una fecha probable de inauguración es el sábado 20 de febrero. “Comodoro añoró esto durante 30 años y lo hace la Gobernación Buzzi. Basta de promesas, hay que empezar a hacer las cosas”, resaltó Corchuelo.