Coparticipación caería por primera vez desde 2002

Durante noviembre se estancaron los ingresos nacionales. Ahora las provincias pagarán intereses por adelantos de la Nación. Los gobernadores endurecerán sus reclamos por una nueva coparticipación.

El gobernador Juan Schiaretti encendió la alarma este último viernes. Dijo que observa «dificultades» en los ingresos de la Provincia, especialmente en la coparticipación. No es para menos: cuando sólo faltan cinco días hábiles para que termine noviembre, los ingresos automáticos que envía la Nación alcanzaron a 274,3 millones de pesos, esto es 13 por ciento menos que un año atrás, computando la misma cantidad de días hábiles restantes. O dicho de otra manera: a sólo una semana de que finalice el mes, la coparticipación está casi 150 millones de pesos por debajo de la de noviembre de 2007, cuando llegó a 421,2 millones. Todavía es probable que en esta última semana las remesas diarias se incrementen, pero para mantener el crecimiento del 32 por ciento que tuvo la coparticipación durante octubre, se deberían girar esta semana unos 285 millones de pesos (o 57 millones diarios), una cifra virtualmente inalcanzable.

Si finalmente se confirma esta semana una caída interanual de la coparticipación, será la primera que sufre la Provincia desde el año 2002, cuando comenzó a recuperarse la economía. Además, bien podría ser el inicio de una tendencia declinante, de consecuencias muy serias para las finanzas públicas provinciales. Vale recordar que el proyecto de Ley de Presupuesto 2009 estima que la coparticipación crecerá 616 millones, o 13 por ciento.

Para peor, de buenas a primeras la Nación dejó de lado las promesas previas a la votación de la estatización de las AFJP y súbitamente (con los votos asegurados) endureció su relación financiera con las provincias: el jueves se publicó en el Boletín Oficial una resolución que determina que las provincias que reciban adelantos de coparticipación deberán pagar una tasa del seis por ciento nominal anual. Hasta ahora, la Nación no había cobrado interés alguno por este auxilio financiero.

Según el diario especializado El Cronista, para fijar el interés, el gobierno se amparó en el Artículo 97 de la ley 11.672, mediante el cual se autorizó a Economía a acordar esos anticipos con el objeto de “subsanar deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia lo aconsejen”. La ley también contempla la posibilidad de aplicar intereses cuando las jurisdicciones piden extender el anticipo más allá de un mes.

El que parte, no reparte

La inflación y, sobre todo, la fuerte recuperación económica, impulsaron el crecimiento de los ingresos que la Nación enviaba a Córdoba y el resto de las provincias. Pero ahora el ciclo comienza a revertirse: la actividad se estancó y están muy cerca de comenzar a contraerse y la inflación tiende a desacelerarse. Para peor, aunque el monto que recibió Córdoba de la Nación fue creciendo año a año, la tajada siempre fue más pequeña. La caída porcentual se pudo disimular debido a que la torta fue creciendo imparablemente desde el último trimestre de 2002, pero ahora ha llegado el tiempo de las vacas flacas y el poder de caja que ha logrado concentrar el gobierno nacional comenzará a ser más ostensible e irritante para los gobiernos provinciales, cuyas arcas están al borde de la cornisa.

¿Hasta cuándo mantendrán los gobernadores el silencio ante los crecientes manotazos a sus recursos? No mucho tiempo más. De hecho, Schiaretti se animó el viernes a pedir la discusión de una nueva ley de coparticipación. Además, dijo que la Argentina está sufriendo las consecuencias de la situación financiera internacional y del conflicto de la Nación con el campo, éste último espinoso tema prácticamente había quedado fuera de la agenda del gobernador, desde que se selló el armisticio con la Nación tres meses atrás.

A su vez, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner también se atrevió a desafiar a la Nación. Según anticipó su ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, le iniciará una demanda al Estado nacional por una deuda cercana a los 1.000 millones de pesos, por el recorte de recursos coparticipables, dispuesto mediante un decreto del año 2001, cuyos fondos fueron derivados a la AFIP.

La pelea por los recursos recién comienza, y en la medida en que el torniquete financiero de la Nación se agrave, la tímida revuelta de los gobernadores inevitablemente irá subiendo de tono.

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