Se coordinarán acciones con la Justicia para garantizar la seguridad de la gente

Los Poderes Ejecutivo y Judicial elaborarán un protocolo de acción conjunta a través del que coordinarán tareas para garantizar la seguridad de la población, frente a los problemas que plantea el delito, y también ante los hechos generados en el contexto de la protesta social.
La decisión fue confirmada por el vicegobernador, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien acompañado por el subsecretario de Justicia y Seguridad, Javier Oteo, se reunió con el miembro del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Franco, el procurador general, Jorge Canteros y el procurador adjunto, Juan R. Díaz Colodrero. En Casa de Gobierno, los interlocutores anunciaron que, además de contactarse con los operadores judiciales con injerencia en esta cuestión, para el próximo encuentro invitarán a la intendenta de Resistencia, a representantes de los municipios del conurbano y a las juezas de faltas municipales.

Corte de calles y otros delitos

A partir de la semana próxima, el subsecretario de Justicia y Seguridad será el encargado de articular la participación de esos operadores en la elaboración del protocolo de actuación, que movilizará los recursos de ambos poderes e incorporará también a los municipios, para brindar respuestas efectivas en seguridad "en todo lo que interesa a la ciudadanía", de acuerdo con lo que sintetizó el vicegobernador Bacileff Ivanoff al término del encuentro. Esa definición abarca la prevención de delitos, la intervención para evitar las conglomeraciones que generan cortes de calles y delitos de otras características, entre los que sobresalen la ocupación de espacios públicos y la usurpación de terrenos. "Se trata de evitar que los hechos se cometan, a partir de la prevención", agregó el ministro Franco, quien representó al Superior Tribunal. Esa actuación depende de la fuerza policial a cargo del Poder Ejecutivo, pero puede ser impulsada por el Poder Judicial, a través de los fiscales de investigación, que responden a las instrucciones de la Procuración General, con comunicación a los jueces de garantía.

Entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial hubo coincidencia en señalar que la fuerza de seguridad está facultada para actuar en casos de flagrancia de delitos, poniendo las actuaciones a disposición del juez. Ese procedimiento puede desarrollarse incluso cuando la jurisdicción correspondería a la Justicia Federal, como sucedería con la reiteración de intentos que apuntan a interrumpir el tránsito de las rutas nacionales --se ocupó de explicar el vicegobernador--. Es lo que ocurre cuando se produce un accidente o se realiza un operativo antidroga en el Puente General Belgrano, ya que la policía provincial interviene y eleva las actuaciones a disposición del juez federal. El Ministerio de Gobierno, trabaja en coordinación con los jueces federales, señaló Bacileff Ivanoff.

Las fiscalías y la policía

El ministro Franco, precisó que "sin perjuicio que, cuando los hechos no se hayan cometido, en principio la prevención es responsabilidad del Poder Ejecutivo, la idea es que también el fiscal, cuando se entere que se pueden producir tales hechos, lo ponga en conocimiento de la policía para que trate de evitarlos". Adelantó que, si bien no se pueden dar órdenes a los magistrados, también habrá un diálogo con los jueces de garantía para tratar de coordinar criterios similares sobre las excarcelaciones que se conceden. Y aunque se preocupó por aclarar que "esto no implica dejar de lado las garantías constitucionales que tienen las personas, aún los que cometieron delito", fue contundente al calificar la realidad que atraviesa la sociedad chaqueña y argentina: "Estos son hechos que ocurren en el Chaco y en todo el país. Se están produciendo situaciones casi límites en cuanto los ciudadanos deben soportar presiones y tensiones permanentes".

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