“Nosotros aspiramos a una Justicia que no sea de escritorio, sino de territorio”, aseguró la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tras firmar un convenio con el gobernador, Miguel Lifschitz, y el fiscal general, Julio de Olazábal, para constituir en Rosario una delegación de la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar) que tendrá jurisdicción en toda la provincia.

En esta dependencia, que alquilará la administración del Frente Progresista, trabajarán tres fiscales federales y tres provinciales, junto con personal especializado, con el objetivo de coordinar las pesquisas que se vinculan en el universo de la narcocriminalidad. “Hay homicidios que tienen relación con el narcotráfico, con lo cual la posibilidad de compartir información y coordinar las investigaciones es vital para desmantelar algunas redes de comercialización de estupefacientes”, aseguró Diego Iglesias, titular de Procunar.

Uno de los modelos que se toma como espejo para el funcionamiento bajo este nuevo paradigma es la tarea que se lleva adelante en Salta, donde funciona desde hace unos meses una delegación de la Procunar, cuyo desempeño fue clave para el procesamiento del juez federal de Orán Raúl Reynoso, quien renunció al cargo, después de que se detectara que había cobrado dinero de un empresario narco boliviano llamado José Luis Sejas Rosales. En esa investigación, se entrecruzaron once expedientes para avanzar en la hipótesis de connivencia de la justicia con el narcotráfico.

La procuradora general de la Nación explicó que con la nueva sede de la Procunar en Rosario “se produce una transformación del esquema de fiscalía general y de primera instancia como algo atomizado. Esto ya se había superado en la práctica pero ahora el cambio se trasluce en la estructura, creando una unidad fiscal que permite un circuito de trabajo que fluya de mejor manera”.

Esa unidad de investigación estará al mando de la fiscal Adriana Saccone, que desde hace tiempo funciona como enlace entre la esfera federal y la provincial en Rosario, otro fiscal o secretario que designe la Procuración y los fiscales provinciales que defina el jefe del área Rosario, Jorge Baclini.

El gobernador Miguel Lifschitz contó que en este acuerdo se viene trabajando desde mucho antes de la llegada de las fuerzas federales a once localidades de la provincia. Recalcó que tras la firma del convenio de seguridad con el gobierno nacional el trabajo coordinado en el ámbito judicial “va a ser fundamental”.

Punto de equilibrio

El mandatario provincial dijo que éste será un modelo que puede servir como punto de equilibrio en el debate sobre la desfederalización de lo que se conoce como microtráfico o narcomenudeo, un tema que está siendo tratado en la Legislatura. “Apuntamos a superar ese debate con este mecanismo de trabajo articulado entre los distintos fueros. Estamos convencidos de que es una solución superadora”, agregó el gobernador.

“Creemos que es un modelo a seguir y que va a dar resultados positivos”, consideró Lifschitz. “Tenemos la obligación de buscar soluciones para enfrentar el delito organizado. Hay que encontrar soluciones duraderas. En 30 ó 60 días estará funcionando la sede de la Procunar en Rosario”, apuntó.

A su turno, De Olazábal sentenció que con este acuerdo “se rompe la inercia que impone la ley, que es que cada fuero actúe por separado. Hay que lograr estos entendimientos para armonizar los esfuerzos para la lucha contra el narcotráfico”.