Las cooperativas aportan junto a otras entidades de la economía social cerca del 10 % del PBI. Generan un millón de puestos de trabajo y tienen representación en casi todas las actividades económicas. Son responsables del suministro del 20 % de la energía eléctrica y uno de cada dos argentinos recibe o consume un producto que es provisto por cooperativas.

Sin embargo en el momento de definir políticas públicas, sancionar leyes o conformar mesas de diálogo no están siendo tenidas en cuenta. Ejemplos recientes dan cuenta de ello.

El dictamen de mayoría del proyecto de ley de Emprendedores que se discutirá en la Cámara de Diputados excluye a las cooperativas, por cuanto sólo se refiere a actividades productivas “con fines de lucro”, siendo éstas últimas entidades que precisamente no lo persiguen.

El proyecto de ley impositiva 2017 de la Provincia de Buenos Aires pretende reemplazar para las cooperativas la no sujeción al impuesto a los ingresos brutos por las operaciones entre éstas y sus asociados por una mera exención, violentando de esta manera los preceptos constitucionales, que contemplan un tratamiento fiscal acorde con su naturaleza jurídica.

La reciente reglamentación de la ley de Fomento Pyme, tampoco contempla la figura cooperativa. O sea que tanto el diferimento del IVA, el computo del impuesto al cheque o parte de las inversiones a cuenta de ganancias, no pueden ser tomadas por las empresas cooperativas, toda vez que no generan utilidades.

Por último la reciente Mesa de Diálogo que resolvió la entrega de un bono de referencia de $ 2.000 a los trabajadores formales del sector privado no contó con participación alguna del sector cooperativo, como tampoco de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es posible resolver sobre el destino de más del 90 % de las unidades productivas, que dan empleo a más del 70 % de los argentinos, sin que éstas tengan injerencia alguna?

A lo expuesto se suma un Estado que las ignora en el momento de contratar obra pública, apelando a la libre elección de proveedores y que aplica la lupa en sus operatorias, que dificulta y obstruye en muchos casos su accionar, invocando una transparencia que pareciera no llegar por igual a todos los sectores, si consideramos el festival de cuentas “off shore” que pareciera estar fuera del ojo auditor. O será que el término extranjero diluye sus implicancias nocivas para los intereses nacionales?

Será desconocimiento, descuido o intencionalidad por sacar de la cancha un sector que genera riqueza a partir de una gestión democrática y que no tiene fines de lucro? Será que estas prácticas que fortalecen la democracia participativa y el desarrollo territorial, son contrarias al autoritarismo del mercado y la maximización de las utilidades que hoy rigen nuestros destinos?