Graciela Morales integra el programa de cooperativas “Argentina Trabaja” desde mayo del año pasado. Junto con otros setenta cooperativistas forma parte del equipo de “seguridad” que custodia las plazas, aunque después de denunciar su caso fue enviada –junto con otra compañera- a custodiar el cementerio municipal, en un turno diario de 19 a 24.30 horas.

Y es que Graciela se animó a decir lo que –según afirma- el resto de sus compañeros callan por miedo a perder sus trabajos: que a pesar de que mensualmente se les realizan descuentos en sus sueldos de 140 pesos, no cuentan ni con aportes efectuados ni con cobertura médica.

Pese a trabajar en un área sensible como es la seguridad, dice que tampoco tiene ART y que debe custodiar el cementerio sólo acompañada de otra mujer. Al lugar debe trasladarse por sus medios y en caso de faltar –afirma- pierde 100 pesos por día.

Graciela cuenta con una tarjeta de débito con acceso a una caja de ahorro del banco Nación donde todos los meses le depositan 1.200 pesos, y merced a insistir en el ANSES consiguió un carnet que certifica su inscripción en el Monotributo Social, donde consta que mensualmente debe realizar un aporte de 140 pesos para obra social. Sin embargo, la mujer pidió un certificado de aportes en el que no figuran ingresos en el último año. Tampoco tiene ningún tipo de cobertura social.

La mujer reclamó por todas las vías correspondientes: envió notas al Ejecutivo Municipal, y se entrevistó con el director del programa, Alejandro Gómez y con el concejal oficialista Alejandro Cid Mena, que además controla el ANSES y colabora con el gobierno en el manejo de las cooperativas. Nadie le dio respuestas.

Entonces decidió cursarle una nota a la ministra Alicia Kirchner, y enviar su reclamo también al Concejo Deliberante.

“No dejamos de reconocer el esfuerzo del gobierno, en la persona de la Presidenta y de su ministerio por mantener la cultura del trabajo, que dignifica a las personas”, aseguró en la nota al Ministerio de Desarrollo Social, aunque aclaró que los reclamos que realiza son “logros sociales irrenunciables según la Constitución Nacional”.

Según aseguró Graciela, si bien ella motorizó el reclamo, son por lo menos 70 los cooperativistas que realizan tareas en Seguridad y que se encuentran en la misma situación, aunque podrían ser más si se tiene en cuenta que los beneficiarios totales del programa Argentina Trabaja son alrededor de mil.

“Estas situaciones enturbian su gestión”, le escribió la mujer a la ministra Kirchner.

“Tomo la iniciativa de preguntar lo que otros compañeros no se animan por temor a perder sus trabajos”, escribió también en una nota enviada al Concejo Deliberante.

“Yo no sé qué es lo que pasa. No me corresponde a mí prejuzgar; por ese motivo notifiqué al Concejo Deliberante. Ellos sabrán qué preguntar. Yo hablo de mi persona, pero son muchos los compañeros que están en esta situación; ellos sabrán si adherirse a estos reclamos. Realmente necesitamos trabajar, sería muy importante para nuestra dignidad de trabajo tener, recibos de sueldos, obra social”, le dijo Graciela a La información.

“En este tiempo donde se combate el empleo en negro, según nuestra Presidenta todos los argentinos tenemos derechos civiles y constitucionales. Pero hay que honrar esas palabras para que no sean sólo eso, palabras”, afirmó también.