Las cooperativas bajo sospecha

La Justicia investiga a un grupo de entidades que habría lavado dinero de la mafia de los medicamentos. El listado que maneja Oyarbide. La preocupación del gobierno kirchnerista. Diego Schurman.
La Justicia inició una investigación sobre un grupo de cooperativas sospechado de participar de la operatoria financiera de la mafia de los medicamentos.

El juez federal Norberto Oyarbide quiere saber si estas entidades sin fines de lucro –una figura legal que las exime de impuestos y de los controles formales de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central– oficiaron de pantalla de organizaciones delictivas.

A principios de septiembre, el magistrado allanó Vernet, una cooperativa de crédito, vivienda y consumo a cargo de Néstor Lorenzo. Este empresario es a su vez dueño de la droguería San Javier, que proveía de remedios adulterados a la obra social bancaria de Juan José Zanola.

Lorenzo, Zanola y otros directivos del policlínico fueron detenidos esta semana acusados de asociación ilícita en el marco de la causa que investiga la mafia de los medicamentos.

La cooperativa Vernet tenía sede en 25 de Mayo 293, de Capital Federal. En ese mismo edificio, en el consulado de Guinea-Bissau, funcionaba una mesa de dinero. Esa coincidencia en el espacio físico se presenta en otros casos que ahora están bajo la lupa judicial, lo que alienta la sospecha de una metodología delictiva común.

Para decirlo en otras palabras: Oyarbide cree que numerosas cooperativas lavan dinero. Es decir, incorporan al circuito legal activos o bienes provenientes de actividades ilícitas.

Si estuviese vivo, Sebastián Forza podría testificar en ese sentido. Este socio de Lorenzo, ligado a la causa de la efedrina, y una de las víctimas del triple crimen, cambió cheques en el edificio que compartían la cooperativa Vernet y la cueva financiera del consulado de Guinea-Bissau.

El expediente judicial sobre la mafia de los medicamentos también revela las conexiones del lavado con la política. Forza aportó 200 mil pesos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Y hay escuchas telefónicas que confirman los profusos diálogos que mantuvieron Lorenzo y Héctor Capaccioli, ex superintendente de Salud y recaudador de la campaña K.

Por estas horas hay zozobra en Olivos y la Casa Rosada. La reciente detención de Zanola no sería la única mala noticia. Oyarbide dejó en claro que la causa es una bola de nieve que podría arrasar con varios caciques sindicales ligados al oficialismo, incluso el mismísimo titular de la CGT, Hugo Moyano. "El gremio de camioneros también está bajo sospecha", es la frase de cabecera del fiscal Luis Comparatore.

Además de las droguerías, las obras sociales y los funcionarios del área de Salud, la Justicia hace foco en un grupo de cooperativas porteñas de crédito y vivienda.

El listado de las entidades sospechadas, al que accedió en exclusiva Crítica de la Argentina, se confeccionó a partir de una denuncia realizada por Santiago Nardelli. Este senador de la provincia de Buenos Aires es un aliado de la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña.

"En algunos aspectos es tan pobre la evolución del sistema de control argentino que se podría llegar a afirmar que existen paraísos fiscales de cabotaje, es decir, paraísos dentro de nuestro propio país: y éstos son las cooperativas de crédito y vivienda", sentenció el legislador en el escrito que le presentó a Comparatore y que ya obra en poder de Oyarbide.

La dupla Nardelli-Ocaña pone en duda que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social esté cumpliendo con su deber. El INAES tiene la obligación de legislar, controlar y promover a cooperativas y mutuales.

Este diario intentó hablar ayer con Patricio Griffin, presidente del INAES, pero no obtuvo respuesta. El organismo está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que conduce la cuñada presidencial, Alicia Kirchner.

Según Nardelli, el INAES estaría otorgando las licencias de las cooperativas sin someterlas a control alguno. "No he podido acceder, vía requerimiento de acceso a la información, a balances ni ningún instrumento legal. De forma tal que ante esta situación podemos afirmar que las cooperativas de crédito y vivienda funcionarían como una especie de bancos cáscaras o máscaras de cabotaje y lo hacen enmascarando a entidades financieras", concluye en su denuncia el senador provincial.

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