El convenio entre Lozano y la Municipalidad es un caso cerrado

En el Tribunal de Cuentas Municipal están disponibles los antecedentes técnicos y jurídicos del convenio de pago entre la Municipalidad y el empresario Roque Lozano, por el que se le reconocen a este último 1,5 millones de pesos por el atraso en que incurrió el municipio en entregarle los inmuebles que permutó por el terreno donde se construyó el Centro Cívico Municipal, en avenida Paraguay.
Excepto el bloque del Partido Obrero y en alguna medida el concejal Aroldo Tonini (FSF), la mayoría de los presidentes de los bloques políticos del Concejo Deliberante aceptó las explicaciones que dieron ayer sobre el convenio, el jefe de Gabinete Municipal Jorge Vidal Casas, la secretaria general de la Municipalidad Estela Soto, el Procurador municipal Aníbal Anaquín y el subsecretario de Auditoria Interna Pablo Gauffin.

La percepción es que el tema quedó cerrado y el acuerdo no tendrá nuevas objeciones políticas o jurídicas.

El Jefe de Gabinete, aclaró que la demora en la entrega de los inmuebles por parte de la comuna "fue como consecuencia de la crisis financiera de los años 2007 y 2008 que no permitieron a la Municipalidad acceder en tiempo y forma a los créditos bancarios previstos. Explicó que con la intervención del gobierno provincial ya durante la gestión de Juan Manuel Urtubey se pudieron obtener en abril de 2008 los recursos necesarios para avanzar en las obras que permitieron trasladar las oficinas municipales al Centro Cívico Municipal".

Para Vidal Casas el monto acordado de $1.500.000 como valor locativo por el uso y goce de los inmuebles permutados "resultó muy favorable para la comuna y con ello se evitó un futuro juicio contra la Municipalidad".

El intendente interino César Álvarez dijo sobre la reunión de ayer que "se hizo lugar al pedido de reunión de presidentes de bloque formulado por el concejal Carlos Humberto Saravia (ACS), fueron todos los funcionarios, cada concejal escuchó, expuso su punto de vista y tiene su opinión, todo en un ámbito de absoluta libertad y cada uno sacará sus conclusiones".

El concejal Aroldo Tonini impulsor de una sesión extraordinaria para tratar el tema, recordó que "el contrato original preveía un castigo por la demora en entregar los locales y esa figura de sanción, se convierte de pronto en una figura de locación; es decir que en vez de castigar al municipio, les alquila los inmuebles.

En ambos casos, la multa o el alquiler hay funcionarios responsables, con el agravante de que recién ahora, antes de ir de vacaciones remiten todo al Tribunal de Cuentas cuando debería haber emitido un dictamen anterior; quiero saber la forma en que se calculó el millón y medio de pesos". Para la concejal Gabriela Cerrano (PO) ayer "quedó claro que el verdadero propósito del Intendente y los concejales oficialistas y falsos opositores, es ponerle un punto final a la discusión e investigación sobre la entrega de los inmuebles públicos firmado a través del convenio con el empresario Lozano".

"Quieren evitar que se llegue a fondo sobre las responsabilidades políticas de tamaño negociado".

Apuntó Cerrano que "los bloques del PJ "opositor" y el ACS solamente cuestionaron las demoras de la entrega de los edificios y de conjunto aceptaron las justificaciones, demostrando su impotencia e incapacidad para ir a fondo en la investigación".

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