Una Convención que no integra

Los doce convencionales asumieron en octubre pasado con la responsabilidad histórica de redactar la primera Carta Orgánica. Tenían por delante la compleja misión de crear una Constitución local que represente la síntesis del proceso histórico y social de esta joven localidad y proyectar su organización política e institucional para los años próximos.
Pero la semana pasada, once convencionales decidieron excluir una parte de la historia de Villa La Angostura.

Los convencionales del MPN, UVAC, PJ y la UCR rechazaron un artículo que proponía que la Municipalidad reconociera la preexistencia de los pueblos originarios y a las familias descendientes en la región. El proyecto garantizaba “el respeto a su identidad” y promovía “el derecho a una educación que difunda sus valores culturales, adhiriéndose a las normativas vigentes en el orden nacional y provincial en materia indígena”.

La iniciativa de la socialista Susana Lara no identificaba ninguna comunidad. Tampoco incorporaba nuevos derechos. Sólo reproducía lo que establecen las Constituciones Provincial y Nacional y los Tratados Internacionales. Nada más.

Algunos convencionales interpretaron que aprobar ese artículo representaba una nueva amenaza a la propiedad privada. O un respaldo a la comunidad Paichil Antriao que podría garantizarle una victoria en los tribunales en la pelea judicial, que mantiene con personas que reclaman la titularidad y la restitución de lotes ocupados por familias mapuches y otras allegadas. Pensaron, quizá, que otorgarles derechos especiales a los pueblos originarios colisionaba con la cláusula constitucional que advierte que todos los habitantes son iguales ante la ley.

El reconocido constitucionalista Germán Bidart Campos postuló en relación al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, que “el actual alcance constitucional de la igualdad requiere especificar que una minoría no es igual al resto, todo cuanto tiene de diferente necesita, en reciprocidad, un trato también diferente, precisamente para que se cumpla al máximo aquello de que tratar iguales a quienes no son iguales no satisface a la igualdad sino que, al contrario, la lesiona”.

Los que votaron en contra no explicaron en la sesión los motivos de su rechazo. Quizá no advirtieron que con su decisión negaron parte de la historia de la Villa. Como lo hicieron con los extranjeros, que no podrán acceder a una banca en el Concejo, como ocurre en Junín, Neuquén o Chos Malal. Negaron el origen multicultural que tienen las comunidades de la Patagonia y aun de la Nación. El problema es que los mapuches están en las calles, en los arroyos y hasta en paseos turísticos. Por eso, deberían haber excluido la utilización de sus nombres para la explotación comercial y turística.

Los once convencionales perdieron la oportunidad de dar señales de integración. Por el contrario, dieron un paso atrás y quitaron la posibilidad de construir una sociedad pluralista e inclusiva. Tal vez deberían haber propuesto volver al viejo artículo 67, inciso 15 de la histórica Constitución Nacional, que imponía al Congreso de la Nación el deber de “proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”.

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