Alberto Fernández enviará hoy dos mensajes: uno hacia Mauricio Macri y otro hacia dentro de su propia gente. El primero será que está dispuesto a construir una especie de “transición” financiera hasta el 10 de diciembre, siempre que el actual presidente respete una consigna innegociable: deberá mantener las reservas del Banco Central como eje máximo de la política cambiaria, discutir toda medida de incremento fiscal que el Ejecutivo quiera tomar y renunciar a cualquier tipo de discusión unilateral del manejo de la deuda externa.

El segundo mensaje será hacia dentro de su propia tropa, y será contundente: no hay tiempo para los festejos, y se deberán preparar para aceptar muchas medidas impopulares para estabilizar la economía. O, al menos, lejanas al expansionismo económico, fiscal y financiero que, especialmente el sector más kirchnerista y duro de sus votantes, hubieran esperado. El temor de muchos albertistas, especialmente de varios de los que esperan tener responsabilidades importantes en eventuales equipos económicos, negociaciones con acreedores internacionales y directorios en el Banco Central, es que desde el kirchnerismo puro y duro se presione por medidas de amplio espectro populista, de las que, en estas épocas, no tienen posibilidades reales de financiamiento ni acompañamiento político. Y que, por el contrario, donde se deberá comenzar a trabajar de manera rápida y concisa sea en lograr una reconciliación lo más rápida y profunda con el sistema financiero como paso previo para un restablecimiento de las relaciones con los acreedores privados y los organismos financieros internacionales. Sabe el albertismo que si no se logra rápidamente una estabilización de las variables macroeconómicas financieras será imposible pensar un traspaso de mando en paz cambiaria y sin un mercado de capitales con operadores en fuga. Se comprende, con mayor o menor lamento, que sin un tipo de cambio estable, sostenimiento del superávit comercial, buena relación con el sector agropecuario exportador y la búsqueda siempre esquiva del equilibrio fiscal, no habrá posibilidades de estabilización macro y, en consecuencia, posibilidades próximas de recuperación sólida de la economía.

En cuanto a la renegociación de la deuda se sabe, fue primicia de este diario, que Alberto Fernández y varios de sus asesores financieros ya tienen los puentes abiertos con varios de los principales acreedores internos y externos del país. Y que ya hay una propuesta seria y concreta en marcha: cuatro años de plazo, sin quita de capitales y renegociación del pago de intereses. La fórmula se concentrará para los bonos emitidos por el Gobierno de Mauricio Macri, ya que los títulos públicos emitidos en el último canje de deuda de 2005 no serían el principal problema de los vencimientos. De cerrarse un acuerdo de este tipo, el próximo Gobierno de Alberto Fernández tendrá liberados pagos de capital por unos u$s23.000 millones en 2020; u$s13.000 millones en 2022; u$s7.000 millones en 2023 y u$s4.000 millones en 2014. La acumulación de vencimientos comenzaría recién en 2026, con lo que una extensión de los plazos sin quitas de capital le permitiría a la próxima gestión una luz importante para poder generar una mayor capacidad de pago para dentro de cinco o seis años. Para esto deberá lograr entre 2020 y el 2024 la siempre prometida y nunca lograda meta de los déficits gemelos (comercial y fiscal), que le permitan un colchón de divisas lo suficientemente amplio y sólido como para que los compromisos que asuma sean creíbles a medida que se acerca el momento de comenzar a pagar. Sabe Alberto Fernández y su gente que el principal enemigo para este potencial acuerdo no son los acreedores, sino el FMI.

El organismo le exige a Alberto Fernández no sólo que les aplique una quita a los acreedores, sino que además en cualquier negociación se imponga el criterio del Fondo Monetario como “acreedor privilegiado”. La estrategia que tiene en mente el “albertismo” es que el acuerdo con los privados imponga una fórmula que rece que la vigencia del pacto estará “supeditada” al aval del FMI como manera de presionar al organismo para que firme la propuesta. De otra manera, ante los propios bancos y fondos de inversión internacionales acreedores, quedaría como el culpable que no se firme. En el caso de los bancos locales aún no hay una decisión final sobre qué hacer con la bomba de tiempo de las Leliq.

El único mensaje que tienen desde las entidades es que están dispuestas a escuchar y a aceptar la propuesta que se haga, siempre que se tenga en cuenta que gran parte de esas colocaciones que llegan a unos u$s30.000 millones tiene su correlato en plazos fijos. Es una manera de decir que si se aplica algún tipo de Plan Bonex o similar, no será sólo contra los bancos, sino que se deberá tener en cuenta también el efecto espejo contra el público.

El albertismo económico quiere cumplir con uno de los pedidos que le hicieron al ahora presidente electo varios de los mayores empresarios del país con los que se reunió en los últimas semanas: estabilizar rápidamente las variables macroeconómicas para que a más tardar entre febrero y marzo pueda haber un regreso de los privados.