Casación rechazó declarar la nulidad de las evidencias; el juez citará a funcionarios
La decisión respalda la investigación, ahora a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien espera la respuesta a algunas medidas de prueba dispuestas para indagar a funcionarios del Ministerio de Planificación, investigados por la entrega de fondos, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
Por lo menos dos de esos funcionarios recibieron cheques de las Madres de Plaza de Mayo. Uno de ellos obtuvo cinco cheques por $ 180.000 en 2009 y 2011 y el otro por $ 15.000 en 2009, según datos de la Auditoría general de la Nación (AGN). Ambos deberán explicar por qué cobraron este dinero del organismo que había recibido fondos de Planificación.
La Justicia respaldó a Martínez de Giorgi, que se hizo cargo del caso tras el apartamiento de su colega Norberto Oyarbide, para que siga al frente de la causa. Además de los Schoklender y empresarios allegados suyos, están bajo investigación funcionarios nacionales que autorizaron el envío de fondos a las Madres.
Además, en un tercer fallo, la Cámara de Casación penal que integran Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky rechazó el recurso de queja interpuesto por el financista Fernando Caparrós Gómez, representado por la abogada Lorena Vanesa Totino. El empresario había pedido autorización para vender su yate Segue 66, bautizado Sirius, de 21,42 metros de eslora y 5,3 de manga, y dos vehículos, lo que le había sido denegado por la Cámara Federal, según lo publicado en el Centro de Información Judicial.
Martínez de Giorgi dispuso una batería de medidas para avanzar con la investigación, que incluyen pedidos de informes al Banco Ciudad, al Provincia y al Banco Nación para que entreguen cheques vinculados a la operatoria para certificar los últimos endosos.
También les pidió a provincias y municipios que le informen de manera urgente la forma en que se instrumentaron los pagos de las certificaciones de obra realizadas por la Fundación Sueños Compartidos y que se detalle el número de cada cheque y contra qué cuenta fue girado. La idea es seguir la ruta de ese dinero y ver adónde fue a parar.
El magistrado le requirió además al Ministerio de Trabajo que informe la nómina de los empleados "que fueron beneficiados de la ayuda convenida en los convenios" firmados con la Fundación. Eran $ 600 mensuales por cada trabajador, a cambio del "compromiso de respetar todas las obligaciones laborales y previsionales".
Entre las medidas de prueba, figura un oficio al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema para que realice un informe sobre las obras que no se inspeccionaron.
La causa se inició escandalosamente hace tres años cuando los hermanos Schoklender se pelearon entre ellos en el seno de las Madres y Sergio Schoklender terminó enfrentado con la presidenta del organismo, Hebe de Bonafini.
La señora lo acusó de ser un mentiroso y de engañarla para robarle el dinero. Schoklender negó siempre esas acusaciones y contraatacó vinculando a Alejandra, la hija de Hebe, con el retiro de dinero de la Fundación para la compra de un departamento y una camioneta.
Oyarbide se cuidó de no complicar a Bonafini en el caso, demoró allanar la sede de las Madres y finalmente citó a prestar declaración indagatoria a 66 personas, incluida la hija de Hebe, los Schoklender y empresarios ligados a él, y los procesó. Pero cuando el caso llegó a la Cámara Federal, la Sala I del tribunal anuló casi todo el caso, hasta los llamados a indagatoria, y apartaron a Oyarbide.
Le dejaron el sumario a Martínez de Giorgi, quien desde antes y sin prisa investigaba a los funcionarios que autorizaron el envío del dinero. Alimentó su causa un informe de la Auditoría General de la Nación que fue lapidario sobre el uso de los fondos recibidos. El dinero que salía de Planificación era enviado a los distritos, ya sea municipios o provincias, que contrataban a las Madres para realizar las obras mediante un convenio, sin licitación previa. Detectó la AGN que Sergio Schoklender se autoadjudicó pagos por $ 23 millones, que su hermano Pablo obtuvo $ 13 millones y que la constructora Meldorek, de Sergio, se alzó con $ 4,4 millones. También comprobó que la Fundación pagó a personas jurídicas cuya actividad no está relacionada con la construcción. Sólo a empresas agropecuarias transfirieron $ 72.824.237.
El balance del plan de viviendas arrojó que un 33% fueron entregadas (822 de las 2470 auditadas) cuando en total eran 4757 proyectadas.
REVISARÁ LA JUSTICIA LA CAUSA CONTRA BLAQUIER
La Cámara de Casación Penal revisará los procesamientos de Pedro Blaquier, titular del ingenio Ledesma, y del ex director Alberto Lemos. También analizará si la designación de Pablo Pelazzo como fiscal del caso fue nula, tal como ya lo declaró la Cámara Federal de Salta. Pelazzo, antes de ser fiscal, había actuado como abogado contra Blaquier. Casación evaluará si la designación del fiscal fue un caso de gravedad institucional.
En 1976, la policía salteña secuestró a 26 trabajadores de Ledesma, uno de los principales complejos agroindustriales del país. Nunca se encontraron pruebas que vincularan a Blaquier y a Lemos al hecho. Pero el fiscal Javier De Luca -Justicia Legítima- intenta probar la participación de civiles en el golpe militar. Ledesma, en un comunicado, entendió que Casación "puso un freno a los injustos e ilegales procesos judiciales". De Luca pidió elevar el caso a juicio oral..
Comentá la nota