En una sala bastante más vacía que otras veces, todo un dato, ayer se realizó en la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) la primera audiencia pública para debatir el aumento del 89 por ciento que se pretende aplicar en la provincia a la tarifa del agua. La gran mayoría de los 30 oradores rechazó con contundencia el "tarifazo", al que en forma sucesiva tildaron de "absolutamente exorbitante", "indefendible" y "desproporcionado".

El referente de la Unión de Usuarios y Consumidores, a la vez ex funcionario del ente regulador, Alberto Muñoz, sostuvo que la provincia usa una "doble vara": estima una inflación anual del 17 por ciento para el 2017, pero propone subir casi 90 por ciento el agua, lo que lleva el acumulado a más del 1.800 por ciento en siete años, cuando la variación de precios medida por el IPC Congreso para ese lapso fue del 700. Desde el oficialismo, uno de los rebeldes fue el diputado provincial Rubén Giustiniani, quien dijo "no encontrar justificación técnica, ni económica, ni jurídica, ni política" para tamaño ajuste tarifario.

El presidente de la empresa estatal Aguas Santafesinas SA (Assa), Sebastián Bonet, defendió el planteo de incremento argumentando que es "imprescindible para mantener el equilibrio de costos y gastos" de la concesionaria, ya que arrastra un "déficit operativo" desde el 2006.