Un contubernio político y judicial al acecho

Gracias a la complicidad de sus amigos en la Justicia, la fiscalía de transición no apelaría el escandaloso sobreseimiento que benefició al diputado Raúl Pérez por enriquecimiento ilícito. Ahora el legislador usa a sus amigos fiscales para callar a los medios que lo investigan por posibles casos de corrupción

La vergonzosa connivencia que existe entre representantes del poder político y algunos sectores del Poder Judicial bonaerense está a la orden del día. Y eso se traduce en el beneficio de la impunidad para un legislador provincial como Raúl Pérez cuya causa judicial por enriquecimiento ilícito, luego de 12 años, terminaría en la nada.

Según pudo saber Hoy, la fiscal de transición platense Beatriz Castellanos de Bruzzone, en lugar de solicitar que se siga investigando al controvertido legislador, ya tendría decidido no apelar el escandaloso sobreseimiento definitivo que dictó días atrás un juez platense, que ni siquiera habría leído el expediente. Así es como el affaire Pérez pasará a formar parte de la larga lista de casos impunes que arrastra la Justicia bonaerense.

Se trata de un caso emblemático, ya que durante más de una década se investigó cómo el actual legislador pasó de vivir en un centro de estudiantes y trabajar como mozo y chofer de taxi a adquirir un patrimonio varias veces millonario que incluiría motos y autos importados, yates y fastuosas propiedades. Eso no es todo: esta complicidad entre Pérez y funcionarios judiciales también permite que se sigan realizando persecuciones contra los medios de comunicación independientes como la radio Red 92, cuyo director -el ingeniero Marcelo Balcedo- hace tres años realizó una pormenorizada investigación sobre el supuesto pago de coimas millonarias para la renovación de la licencia de las salas de bingo en la Provincia, negociado en el que estaría seriamente involucrado el propio Raúl Pérez.

La presión

¿Cuál es el mecanismo que utiliza Pérez para tener influencia sobre la Justicia? El controvertido legislador provincial, que arrastra un frondoso prontuario, desde hace años es integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense, lugar que aprovechó al máximo para poner a dedo a numerosos funcionarios judiciales que le responden políticamente. Quedaron relegados aquellos fiscales, defensores y magistrados honestos e idóneos que mantienen una carrera intachable en la ardua tarea que significa administrar justicia.

Así es como, respondiendo a las órdenes de Pérez, la fiscal de primera instancia Virginia Bravo y el fiscal general Héctor Vogliolo hicieron caso omiso al contundente fallo de la Cámara de Casación bonaerense, que había puesto punto final a la injusta situación a la que fue conminado durante más de dos años el ingeniero Balcedo por su investigación periodística relacionada con el juego.

Casación había ordenado un rotundo cambio de calificación en esta causa, que fue inventada por Pérez y sus cómplices, remarcando en la sentencia el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos a "ser oído". El propio juez de Garantías que entiende en la causa hizo lugar a lo planteado por el máximo tribunal penal, y dispuso la nulidad de todas las actuaciones, considerando que la causa ya no era "coacción agravada". A lo sumo, se debería investigar si existió el delito de calumnias e injurias, que es de instancia privada y debería ser tramitado en el fuero civil.

Vogliolo y Bravo, en un hecho que ameritaría un jury en cualquier país en donde se respete el derecho a informar y ser informado que consagra el Pacto de San José de Costa Rica, se negaron a acatar lo dispuesto por los jueces de Casación que dictaminaron que la libertad de prensa "es una garantía constitucional central para la democracia, puesto que del libre flujo de información y opinión depende no sólo la formación de la voluntad política, sino también el control del ejercicio del poder".

En momentos en que la dirigencia política nacional, tanto oficialismo como oposición, está discutiendo una reforma en la ley de Radiocomunicación, debate en el que con distintos matices se plantea la necesidad de democratizar la información y garantizar la libertad de expresión, Bravo y Vogliolo parecen más interesados en responder al contubernio encabezado por Pérez y sus amigos judiciales, que impulsan una causa dibujada que está motivada en oscuros intereses políticos. Estos mismos fiscales son los que, muchas veces, se quedaron con los brazos cruzados a la hora de actuar ante diversos hechos de inseguridad que diariamente se cobran la vida de inocentes.

"Repugna al sentido común y de justicia pretender que un recurso extraordinario (presentado por Bravo) pueda ser cortapisa a la libertad de quien fue injustamente perseguido por el aparato estatal sin razón alguna y obligado al exilio durante más de dos años, con grave perjuicio a su vida y actividad profesional", señaló el doctor Ramiro Pérez Duhalde, abogado defensor del ingeniero Balcedo, al contestar el traslado del recurso fiscal. Y citó el voto realizado por el juez Horacio Piombo en el fallo de Casación, que recordó que la Corte Interamericana, en el caso Kimel, "reprobó la posibilidad de que el ejercicio de este derecho (libertad de expresión) pudiera ser alcanzado por descripciones típicas vagorosas o carentes de significación, como la coacción o la amenaza agravada".

Pérez Duhalde también afirmó, en su presentación, que "el juez de Garantías no ha hecho otra cosa que cumplir con lo que estaba ordenando con meridiana claridad en la sentencia de Casación: la tipificación de coacción agravada es excesiva y debe ceder".

"Del libre flujo de información y opinión depende no sólo la formación de la voluntad política,

sino el control del ejercicio del poder. Fundamentalmente, la libertad de prensa cumple

funciones específicas, entre las cuales se destacan las de un control al poder y una depositaria de la confianza pública para interpretar lo que los ciudadanos piensan y sienten".

Comentá la nota