Contreras propone expropiar la planta de Barillari en Caleta Olivia

El diputado justicialista Rubén Contreras presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Santa Cruz para "declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación" al edificio, las instalaciones y los muebles de la Planta de Procesamiento de Productos de Mar que la empresa Barillari tiene en Caleta Olivia.
"Los gastos que demanden" el cumplimiento de una futura ley "deberán ser imputados a la partida correspondiente en el presupuesto del año 2010, reza el segundo artículo del proyecto.

"Por la falta de interés, demostrada por los directivos de Barillari S.A. contra la totalidad de los operarios que posee en el ámbito nacional, y puntualmente contra los trabajadores, librados a su suerte al cercenarle las fuentes laborales a familias de Caleta Olivia, la posibilidad de declarar la expropiación dará previsibilidad en el futuro, impidiendo presiones de estos empresarios hacia el Gobierno provincial y municipal, como fue el estilo de la empresa", expresó el legislador.

Problema social

La planta está ubicada sobre avenida Mitre 2052 de esta urbe, y actualmente trabajan en ella, por su propia cuenta, las cooperativas de fileteros que dependían de la empresa antes de que ésta se declarara en quiebra, en noviembre del año pasado.

Contreras, en sus fundamentos, dijo que "a partir de la fecha de presentación en Concurso Preventivo, la firma Antonio Barillari S.A. dejó sin trabajo a un número aproximado de 450 trabajadores que cumplían sus tareas en la planta", lo que "generó un grave problema social", y que sólo se sostuvieron por medio de subsidios del Gobierno provincial.

En sus fundamentaciones, Contreras hace un repaso crítico de la historia de la empresa y de su "sistema de trabajo", el cual, "a través de la tercerización sin asumir la responsabilidad social, fue mediante cooperativas de trabajo, que vino desarrollando desde hace 10 años", y que por eso "muchas veces se los privó (a los operarios) de cobrar en tiempo y forma sus haberes", por lo que tuvieron que adoptar en varias oportunidades "medidas de acción directa" para que se les pagara.

Críticas

Pero el legislador y vicepresidente primero de la Cámara de Santa Cruz, fue más allá en sus críticas al accionar de la empresa aseverando que "muchas veces, en estos años, Antonio Barillari S.A. ha utilizado mano de obra contratando a través de fraude laboral, e intentó utilizar nuestra mano de obra como elemento de presión, frente a las autoridades provinciales, a los fines de que las mismas le otorgaran y no caducaran los permisos de pesca".

Resumió Contreras que luego de negociaciones, la Cooperativa de Trabajo el "Dorado" Limitada llegó a un acuerdo verbal con directivos de Antonio Barillari S.A., "para operar la planta" y hacerse cargo del mobiliario. Esto último se realizó "mediante acta notarial".

Agregó que la empresa siguió incumpliendo acuerdos, porque ante el Juez de Concurso Preventivo, "el presidente de la sociedad anónima había dicho que con lo producido en la venta de dos buques -que el magistrado autorizó-, pagaría diversas deudas, pero de ninguna manera seria así, ya que dicho dinero no fue usado para pagar deudas de las cooperativas, que trabajan para esa firma". De hecho, a los obreros se les deben varios meses de sueldo.

Coordinación

Contreras, a su vez, recordó que en la Argentina se viene produciendo un "fenómeno muy particular de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, que hasta el presente ha dado por resultado que más de 250 fábricas sean reactivadas".

"Muchísimas empresas en Argentina fueron tomadas por los obreros y puestas a producir, conformando un verdadero movimiento que empieza a coordinarse con otros sectores en busca de soluciones a los problemas que aquejan a nuestro país", comentó.

Argumentos

"Los trabajadores se dan cuenta de la potencialidad que puede tener la autogestión de las empresas, les da el poder de tomar decisiones sobre qué y para qué se producirá, salvaguardar y/o aumentar el empleo, democratizar las relaciones sociales de producción. La Ley provincial 21, es el instrumento por el que se determina declarar un bien mueble o inmueble sujeto a expropiación, de tal forma que existe el instrumento para llevarlo a cabo, también se propone que los gastos que demande dicha expropiación se incorporen al presupuesto del año 2010, puesto sin duda que será una inversión de un alto contenido social", dice el contenido del proyecto.

"Sólo aparecen en los medios los conflictos en las grandes unidades de producción, siendo que el 70% de la mano de la mano de obra en la Argentina es suministrada por las PyMES. A esto se agrega la irresponsabilidad de algunos empresarios que priorizan su fortuna personal en detrimento del bienestar general, sustrayendo la renta acumulada de la empresa en estos últimos años para hacer frente a esta nueva contingencia", indicó el legislador oficialista.

Políticas activas

Más adelante el Diputado caletense señaló: "ante esta realidad, el Estado nacional y los distintos estados provinciales, no han podido a la fecha articular políticas activas que apunten a la recuperación de la unidades productivas y preservación de las fuentes de trabajo; desarrollándose un hecho similar a la sucedido a fines de los años ‘90, aunque con distinto origen, que en muchos casos es el cuasi-abandono de los propietarios de dichas unidades productivas, dejando a los trabajadores con cuantiosas deudas salariales y con la segura expulsión del mercado del trabajo, con la consecuente desprotección social de las familias".

"La empresa Antonio Barillari no escapó a esta realidad, ingresando en una cesación de pago sistemática en las distintas unidades de producción que tiene la firma en el país, coadyuvada por una mala administración empresaria, que motivó su concurso preventivo.

Con este panorama judicial, la experiencia indica que la única posibilidad de los trabajadores es percibir, con mucha suerte, una misérrima distribución, desmantelándose la fuente productiva con la segura diáspora de su maquinaria instalada. Según estadísticas del Ministerio de Trabajo del año 2002, el costo promedio de creación de un puesto de trabajo en la industria alcanzaría a los 150.000 pesos".

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