Fin a los "contratos basura": nueva ley de pasantías

El Gobierno enviará el proyecto al Congreso en las próximas semanas. Busca complementar otra norma de 2008, pero que no fue reglamentada.
El Gobierno prevé mandar al Congreso una nueva ley de pasantías. Se trata de un proyecto orientado a facilitar el acceso al mercado laboral de jóvenes de 18 a 24 años que no terminaron la educación obligatoria. La iniciativa formó parte de la convocatoria oficial al Consejo del Salario, pero no llegó a debatirse en las comisiones. Fuentes oficiales le dijeron a este diario que esta semana se intentará lograr consenso entre empresarios y sindicalistas para apurar el envío al Parlamento.

La idea del proyecto es complementar una ley de pasantías vigente desde fines de 2008, pero todavía no reglamentada, y que sólo contempla a jóvenes con sus estudios en curso.

En 2004 el Ministerio de Trabajo intentó avanzar en una reforma del sistema de pasantías educativas, pero no pudo torcer la resistencia de los gremios, que identificaron la avanzada como similar a las propuestas flexibilizadoras del empleo en la década pasada. La preocupación de algunos sectores gremiales es que, en un contexto de crisis internacional y frente a un aumento del desempleo en la economía local, el nuevo régimen termine por reemplazar empleo genuino por lo que en los años noventa se conoció como "contratos basura".

El anteproyecto de ley de formación en el trabajo debió tratarse el jueves durante el plenario del Consejo del Salario, pero los debates que fijaron una suba del piso de ingresos de $ 1.240 a $ 1.500 en tres cuotas finalizaron cerca de la medianoche e impidieron tratar el segundo tema en el orden del día. Los lineamientos ya habían sido aprobados por la Comisión de Formación Profesional del organismo tripartito.

Un funcionario de la cartera laboral explicó que la iniciativa será girada esta semana a los representantes patronales y sindicales del consejo para convocar a una votación personal o bien por escrito. Una vez completado el trámite, el Gobierno espera elevar el proyecto al Congreso.

El proyecto apunta a generar "prácticas formativas entre una empresa y un joven hombre o mujer, sin empleo, que no haya completado los estudios obligatorios, cuya edad esté comprendida entre los 18 y los 24 años, mediante la implementación de planes de formación en puestos, categorías o posiciones que, por su complejidad, impliquen adquirir un determinado nivel de calificación".

El texto fue publicado como anexo en la convocatoria al Consejo del Salario en el Boletín Oficial del 24 de julio pasado. El primer artículo destaca entre los propósitos los de facilitar el ingreso al trabajo estable de jóvenes, "contribuir a la competitividad de los sectores de la actividad económica que presenten demandas insatisfechas" y "promover la culminación del nivel de educación obligatoria".

El futuro régimen prevé prácticas formativas que tendrán una duración mínima de tres meses y una máxima de seis, con una carga horaria que no podrá superar las 6 horas diarias y las 30 horas semanales, "en horario diurno y en tareas no penosas ni insalubres". También prohíbe el desarrollo de tareas entre la tarde del sábado y el final del domingo.

En el artículo cuarto, el Ministerio de Trabajo se reserva la facultad de "establecer los valores mínimos de las asignaciones no remunerativas que las empresas deberán abonar a los practicantes en concepto de traslados, refrigerios y otras erogaciones derivadas de su ejercicio". Por definición las pasantías no son retribuidas con un salario remunerativo.

El proyecto establece un tope máximo de pasantes por empresa equivalente al 7% del total de la plantilla de personal. En los quince días previos a la finalización del contrato, las empresas deberán entregarle al pasante una evaluación de su desempeño. Y dentro de los quince días posteriores, una certificación de las tareas que realizó.

La cartera laboral se guardó para sí otras facultades, como la de prohibirles la adhesión al programa por dos años a empresas sancionadas por emplear personal no registrado. De acuerdo con el tipo de pasantía, el ministerio también podrá hacerse cargo de parte o la totalidad de los pagos. Durante el proceso será además el área responsable de verificar que las prácticas no deriven "en fraude a la legislación laboral".

También se prevé la participación de los sindicatos en los programas de aprendizaje. Las empresas involucradas deberán contar con la autorización del gremio de su respectiva actividad. Y el sindicato además podrá denunciar ante la cartera de Trabajo "las situaciones de desnaturalización del contrato de formación profesional que lleguen a su conocimiento".

La iniciativa fue recibida con cautela en los gremios. El abogado laboralista Alberto Tomassone, asesor de sindicatos, admitió que "las pasantías son importantes y en los países desarrollados están orientadas a ser el primer trabajo". "Hay que reglamentar muy bien el sistema para que no se haga un uso perverso como sucedió en la Argentina años atrás", advirtió Tomassone.

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