Contrapunto entre Torroba y Di Liscia por las videocámaras

El viceintendente Guillermo Di Liscia expresó su posición contraria al sistema de vigilancia comunitaria por videocámaras, que está instalando la Provincia en Santa Rosa y General Pico: "Está mal cuando no hay un sistema integral de seguridad. Otra vez evitamos discutir la seguridad y se termina poniendo un sistema que no ha demostrado su eficacia, que es caro y tiene límites lesivos para la seguridad de los datos de las personas", dijo en una entrevista con Radio Noticias.
Recordó que "en varias oportunidades le hemos solicitado al Ministerio de Gobierno el famoso estudio que justifica esto y no hay nada" y que el intendente Torroba lo autorizó "desde el punto de vista ingenieril con el argumento de una ordenanza que es para el tendido de postes y cables eléctricos".

"Son las cámaras para no ver el problema de seguridad de Santa Rosa", afirmó Di Liscia.

También objetó la ubicación de las cámaras (mayoritariamente en el centro), porque "los hechos (delictivos) que preocupan a la mayoría de los vecinos están en los barrios, son derivados de cuestiones sociales y de convivencia".

Insistió en que era necesario debatir sobre esta problemática, y que el millón de pesos que cuesta el sistema de videocámaras, más su costo de mantenimiento mensual, resultaría más provechoso destinarlo "en barrios donde tenemos problemas, para sueldos de maestros o agentes sociales que producirían mucho más impacto en la seguridad. La supuesta seguridad u observación de la vida de las personas en la calle en una zona, la terminan pagando todos los santarroseños y algunos van a añorar que ponga (las cámaras) en sus casas, en sus veredas, en sus plazas...".

El viceintendente se refirió al caso de General Pico, donde también se instalará un sistema similar "aunque no en una forma tan boba como acá, sin estudios que demuestren su eficacia". En la localidad norteña "el municipio intervino más, porque hay un Consejo de Seguridad funcionando, se debatió más y algunas cosas se limitaron solamente a la zona bancaria, y hasta ahí creo que puede ser un sistema eficaz, pero que si es así que lo paguen los bancos".

"En Santa Rosa, el 99,99 por ciento (de los hechos delictivos) no ocurren en la zona bancaria. Y en el decreto (por el que se implementa el sistema) prácticamente dice "vamos a poner cámaras donde hay negros y jóvenes". No dice "negros", porque evitaron esa palabra, pero sí jóvenes".

-¿El tema debió tratarse en una audiencia pública?

-Probablemente.

-¿O que pase por el Concejo?

-Sí, ahora el sistema (de audiencias públicas) que vamos a aprobar en los próximos días, permite que sea convocada por los vecinos, el Concejo o el intendente. Esta es una cuestión de sentido común y podemos avanzar en otras vertientes en materia de seguridad, más eficaces y menos costosos, que nos rendirá más en convivencia. Necesitamos la tecnología, pero para otro tipo de delitos, no para apuntarle a la gente en la calle. En un año de gobierno municipal no nos hemos sentado a hablar con nadie de seguridad. Porque se habla de que el sistema de videocámaras está en Rosario, que es gobernada por el socialismo, pero entonces apliquemos todo lo de Rosario, copiemos todo. A no ser que estemos copiando una cosita porque nos conviene; en Rosario se generó un Consejo de Seguridad, un manual de seguridad barrial y una serie de estrategias para mejorar el nivel de convivencia, diálogo y actividades sociales, culturales y laborales en los barrios.

-¿Conversó esto con el intendente, de que el tema no se haya discutido en el Concejo?

-Sí, lo charlamos bastante, pero nos llegó por sorpresa la resolución del intendente (autorizando la instalación del sistema de vigilancia). No se trata de una diferencia con el intendente, él dice que esto contribuye a la seguridad y otros sostenemos que el costo-beneficio no dará rendimiento y evitamos discutir sobre la seguridad.

Requejo contra el presidente del Concejo Deliberante

La presidenta de la bancada del Frepam, la radical Cristina Requejo, salió al cruce de las declaraciones formuladas por el titular del cuerpo deliberativo Guillermo Di Liscia. El socialista se había mostrado contrario a la decisión del intendente Francisco Torroba de autorizar la colocación de las cámaras de seguridad que el Ministerio de Gobierno de la provincia instalará en el centro de la ciudad y en algunos barrios periféricos.

"No estoy conforme con sus dichos, fueron bastante extemporáneos, al igual que lo dicho por la concejala Alicia Iribarren, que habló en otro medio -en sintonía con Di Liscia-", se plantó Requejo. La abogada, alineada con el jefe comunal, afirmó que siempre en los cuerpos deliberativos existen matices y nadie es dueño de la verdad, pero se mostró muy molesta con algunas de las opiniones lanzadas por el viceintendente.

"Decir que hemos fallado como gestión me parece que es recurrir a un reduccionismo un poco cínico, porque se ignoran muchos esfuerzos que se hicieron aún desde la situación económica desastrosa que tiene la comuna. ¿No hace a la calidad de vida y la seguridad el alimentar bien y mejor a los chiquitos que asisten a los comedores municipales? ¿No es un aporte el facilitar la participación de innumerables personas en talleres culturales y de formación? ¿Y la práctica de deportes de tantos niños a través de la Dirección? ¿No va en ese sentido toda la lucha de esta gestión contra la trata de personas y la violencia de género?", se preguntó.

Requejo afirmó que los logros obtenidos hasta ahora no la conforman y que es necesario ir por más, pero consideró una pérdida de tiempo sumergirse en discusiones bizantinas que terminan destruyendo los consensos. "El Frepam no fue construido para eso", advirtió a sus socios del PS y el Fregen.

Observaciones.

En cuanto a la polémica de las cámaras de seguridad en sí, la concejala planteó que no necesariamente tenía que pasar por el Concejo Deliberante, puesto que el intendente posee las facultades que le confiere la ordenanza de Uso del Espacio Público, la cual lo habilita a conceder la autorización. A pesar de ello, no ocultó que le hubiera gustado haberlo debatido en el seno del cuerpo deliberativo.

También marcó una coincidencia con Di Liscia en cuanto a que le temática de la seguridad merece una discusión integral y no limitada sólo a la colocación de las video-cámaras. Planteó que programas como el que promueve el gobierno provincial se han difundido en forma general en la mayoría de los grandes centros urbanos y, al igual que Torroba, consideró que el problema no es la cámara en sí, sino lo que se hace con las imágenes que el artefacto registre.

Requejo planteó dos observaciones al proyecto del Ministerio: "En primer lugar, nunca accedimos al supuesto mapa del delito que tiene el ministro, porque esto nos permitiría convencernos o no de que es necesario colocar las cámaras en determinados puntos de la ciudad. Pero al no conocer esa información, la idea que me hago es que se está estigmatizando a un sector de la ciudad, hablo concretamente de la zona de la calle Congreso (Mataderos) y Zona Norte; y en segundo orden, las cámaras del microcentro hacen a la seguridad de bancos y comercios con poder adquisitivo para afrontar el gasto que significa semejante inversión y que no recaiga en todos los vecinos. Creo que ellos podrían pagar algún tipo de impuesto a la Provincia por el uso del programa".

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