Las contramarchas legislativas de Scioli

El gobierno bonaerense corregirá el revalúo del inmobiliario rural y la tasa a la carga y descarga de mercadería en los puertos. Esas medidas forman parte de la ley sancionada hace apenas dos semanas. Sin embargo, no es la primera vez que el gobernador debe dar marcha atrás en materia legislativa
Luego de la sanción de la ley de Reforma Fiscal para la Provincia, dos semanas atrás, la administración de Daniel Scioli deberá volver sobre sus pasos para modificar, a través de normas correctivas, dos puntos polémicos: el aumento en el impuesto inmobiliario rural y el cobro de un adicional en los puertos para la carga y descarga de mercaderías.

Para el primero, la Provincia ya acordó con el sector agropecuario dar marcha atrás con la aplicación del revalaúo del 2005 para aumentar las alícuotas que abonan las propiedades rurales. En cambio, se dividirá a la Provincia en seis zonas con aumentos porcentuales que varían entre el 20 y el 39 por ciento de acuerdo a las características de los campos. Mientras, se mantendrá la exención en 2010 para los 12 distritos del Sudoeste provincial más afectados por la sequía.

Por otro lado, la fuerte presión de los sindicatos y administradores portuarios, además de los ruralistas, obligaron a suspender el cobro del impuesto a la carga ($ 6 por tonelada) y descarga ($ 18 por tonelada) de mercadería en las terminales bonaerenses. Esa medida será suspendida temporalmente a través de una ley correctiva que el Ejecutivo enviará a la Legislatura en los próximos días.

Marchas y contramarchas

Esta no será la primera vez que el gobierno de Daniel Scioli deberá dar marcha atrás luego de la sanción de una ley o con un proyecto enviado a la Legislatura. Además, hay proyectos del Ejecutivo demorados en la Legislatura y otros anunciados por el gobernador que ni siquiera llegaron a ser presentados.

La relación del gobernador con el parlamento provincial no ha sido de las mejores desde el inicio de su gestión, una característica que no es exclusiva de Scioli, sino que se repitió con distintos mandatarios bonaerenses. Aunque el actual gobernador ha gozado hasta hace algunos meses de una mayoría abrumadora en ambas cámaras legislativas, lo que le permitió la sanción de casi todos los proyectos de ley que ha enviado.

Pero hubo varios casos en los que, el propio Ejecutivo tuvo que deshacer lo que había propuesto a través de proyectos de ley. Uno de ellos es la llamada ley de Ministerios, que fue sancionada a pedido de Scioli, antes de su asunción en diciembre de 2007. Aunque en menos de dos años de gestión los cambios más trascendentes de esa norma: la fusión de las carteras de Producción y Asuntos Agrarios y la inclusión del ministerio de Gobierno bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, fueron corregidos por necesidades de gestión y se volvió a instalar el orden que había antes de la sanción de la ley.

Otro de los trámites fallidos de Scioli en la Legislatura fue el llamado proyecto de ley de reordenamiento del sistema previsional bonaerense. Esa iniciativa pretendía blanquear la utilización de los fondos jubilatorios provinciales para los gastos corrientes de la Provincia. La oposición de los jubilados y los gremios frente a una norma que consideran inconstitucional obligó al gobernador y al entonces ministro de Economía y hoy titular de Arba, Rafael Perelmiter, a retirar modificar ese proyecto de ley.

Pero esta vez el gobierno bonaerense logró salirse con la suya y unos meses más tarde incluyó en el Presupuesto 2009 la utilización de los fondos previsionales, decisión que provocó varias presentaciones en la Justicia por la inconstitucionalidad de esa ley.

Las leyes que no fueron Hubo otros proyectos de ley del Ejecutivo que nunca fueron enviados a la Legislatura, como la creación de una secretaría autónoma de prevención de las adicciones, que Scioli prometió en la asamblea legislativa de este año. Y otros que llevan meses en la Legislatura, como la creación del Sistema Vial Integrado del Atlántico que unifica las concesiones de las rutas 2 y 11, que también fue definido por el gobernador como prioritario para este año en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura

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