A contramano por la autopista

Por Néstor O. Scibona

A casi un mes de su derrota legislativa, el gobierno de Cristina Kirchner ha sepultado la incierta posibilidad de entibiar el frío clima económico de la Argentina. No sólo en estas cuatro semanas no ha habido ninguna señal concreta para revertir la desconfianza sobre sus futuros pasos, que se traduce en el éxodo de capitales del circuito productivo y de consumo. El problema es que tampoco es posible saber hacia dónde va. Para colmo, algunos movimientos hacen sospechar que podría avanzar a contramano por la autopista de las expectativas económicas y alejarse aún más de la realidad.

La saludable apertura al diálogo es menos vistosa pero más complicada con los gobernadores, que llegan a la Casa Rosada a pedir fondos que ya no alcanzan para todos, o a recuperar puntos perdidos de coparticipación que no parecían tan imprescindibles en épocas de vacas gordas y superpoderes para repartir discrecionalmente la caja fiscal. En palabras del economista Miguel Bein, "el diálogo empieza cuando se acaba la plata". Nunca a lo largo de la era K las provincias recibieron proporcionalmente tan poco como este año en impuestos coparticipables (25% de los ingresos totales). El resto depende del ahora tironeado poder kirchnerista.

Si la táctica es ganar tiempo, se corre el riesgo de perderlo. Hace más de un año, desde el conflicto con el campo, que la economía ingresó en la dinámica de las profecías autocumplidas, al generalizarse la sensación de que el futuro no será mejor que el presente. Lo que vino después (crisis global, confiscación de ahorros de la jubilación privada, sequía y ahora la epidemia de gripe) complicó aún más las cosas y sigue sin verse cuál sería el motivo de inflexión. Así, resulta difícil que la actividad económica despegue después de la fuerte caída de los últimos meses por más que la crisis externa comience a ceder.

Los enroques en el Gabinete y la ratificación de Guillermo Moreno fueron señales de que el kirchnerismo seguirá encerrado en sí mismo a pesar del diálogo. Los nuevos ministros ya actúan como voceros más visibles y activos que sus antecesores, pero no siempre reciben desde Olivos la letra. También suelen dar viejas respuestas a nuevas preguntas.

Una de las mayores incógnitas para el futuro es la perspectiva fiscal. En la primera mitad de 2009, el gasto público creció a un ritmo del 30% anual y los ingresos tributarios apenas al 12%. No sería posible mantener esta dinámica porque el sector público ya está en zona de déficit (podría cerrar el año con un desequilibrio de 2,8% del PBI, incluyendo provincias) y tiene cerradas las puertas del financiamiento voluntario (excepto las del propio Estado), con serios condicionamientos políticos para reabrirlas. Amado Boudou dijo que no habrá ajuste. Esa palabra no figura ni figurará en el vocabulario kirchnerista, ni aun para recortar gastos superfluos. Pero la escasez de recursos podría obligarlo, de hecho, a desacelerar obras o demorar pagos. Mala noticia para los contratistas. Una alternativa complicada sería aumentar la presión tributaria, actualmente en niveles récord. Más frío para la economía. Otro tanto podría ocurrir con la relación subsidios-tarifas. Hay quienes, en el ala política del Gobierno, proponen gravar la renta financiera, como golpe de efecto ideológico. Pero esta idea tiene bolilla negra en el Banco Central: sería un incentivo más para la fuga de capitales. Tampoco se justificaría por la relación costo-beneficio. Según un cálculo realizado meses atrás por el economista Marcelo Lascano, un impuesto a los intereses de plazos fijos y cajas de ahorro rendiría una cifra insignificante (unos 1000 millones de pesos anuales, menos de la vigésima parte de la recaudación mensual de la AFIP). Para Lascano, hay un mito alrededor de este impuesto, ya que sólo afectaría a los particulares -las empresas están gravadas por Ganancias- que mantienen depósitos en el país y perciben tasas negativas frente a la inflación real, ignorada por el Indec.

La jugada distractiva con el Indec fue otra oportunidad perdida para recuperar confianza, ya que Boudou mantiene la politizada estructura que instaló allí Guillermo Moreno. Por ahora, la única novedad es que el organismo tiene un DT que juega públicamente al contraataque. Norberto Itzcovich lleva firmados varios artículos periodísticos en los que descalifica a quienes cuestionan las estadísticas oficiales, siguiendo el método kirchnerista: prontuariar a sus autores y atribuirles intenciones conspirativas. En algunos casos (como el de Víctor Becker, quien ocupó su puesto hace 25 años), por desconocer datos que el organismo no difunde o publica parcialmente.

Detrás del debate

Sin embargo, detrás del debate que se avecina sobre la validez de canastas y metodologías estadísticas, hay una realidad que se hizo evidente en los últimos dos años y que el economista Miguel Angel Broda definió sintéticamente: el control del IPC encubrió el fracaso de los controles de precios de Moreno para contener la inflación. Con ironía, Broda explica que si esto no fuera así, el funcionario debería pasar a la historia como el único en el mundo que logró controlar precios durante mucho tiempo sin provocar desabastecimiento. Los industriales que se habituaron a negociar con el secretario de Comercio pueden dar fe del pragmático método Moreno: a cambio de mantener los precios de algunos pocos productos clave de consumo masivo, pueden aumentar otros con consulta previa y liberar el resto. No hace falta mucha suspicacia para imaginar cuáles computaría el Indec; que, a pesar de todo, sigue sin difundir los precios de ninguno.

Aun así, las políticas intervencionistas del kirchnerismo, con su maraña de subsidios cruzados, desalientan inversiones en el sector agroindustrial y comprometen el abastecimiento a futuro de productos como leche, trigo y carnes. Esta cuestión excede el debate sobre retenciones, que el Gobierno sigue dilatando inexplicablemente en el caso de trigo y maíz pese a que los saldos exportables se han desplomado. Si esto responde a preconceptos ideológicos, al oficialismo le convendría conocer un trabajo elaborado por otro economista, Roberto Bisang, de la Cepal, que revela cómo se transformó la estructura de producción agrícola en la Argentina en las últimas dos décadas. Según Bisang, el modelo vertical basado en la propiedad y arrendamiento de la tierra representa menos de un tercio de la producción total. El resto configura una red integrada por múltiples componentes (empresas productoras, contratistas tecnológicos, profesionales, proveedores de insumos y prestadores de servicios, financiamiento, securitización, etc.) en su mayoría cuentapropistas y monotributistas, que celebran millones de contratos por año, cuya renta está atomizada y que se asemejan más a la organización de los sectores de turismo o de medicina prepaga, que a cualquier anacronismo oligárquico.

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