Tres días después de las elecciones legislativas de octubre y tres días antes de que Mauricio Macri convocara a los Consensos Básicos en el CCK, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad desoyó en parte los pedidos de austeridad del Presidente.

Lejos de achicar el Estado, se crearon 7 nuevas estructuras dentro el organismo: 3 nuevas direcciones Generales (Apoyo Operativo, Auxiliares de Justicia y Derechos Humanos) y 4 direcciones simples (Materiales Especiales y Apoyo Técnico, Derecho Ambiental, Acceso Comunitario y Unidad de implementación para el servicio de Conciliación). Los nuevos ravioles -como se los denomina en la jerga de la administración- completan el robusto organigrama que cuenta ahora con un total de 7 secretarías, 13 direcciones generales y 31 direcciones.

Fueron creados mediante la resolución 1171/2017, que también reasignó en funciones más relevantes, a más de 40 empleados jerárquicos del Consejo. La norma pretende “optimizar los objetivos constitucionales y legales impuestos”. Cerca de la titular del organismo, Marcela Basterra, del riñón de Horacio Rodríguez Larreta, rechazaron las versiones periodísticas que afirmaban que se había sumado nuevo personal externo. “Ya eran personal de planta. Solo se sumaron 4 nuevos funcionarios y hubo dos pases, que venían de la fiscalía; el Consejo ya les pagaba los sueldos”, destacaron.

Oficialismo y oposición dentro del organismo coinciden en que los nuevos cargos, no significarán más gastos, pero podrían tener impacto en las respectivas jubilaciones.

La resolución aceleró la salida del administrador general durante 6 años Alejandro Rabinovich, quien ahora empuja la instalación de Guillermo Montenegro como candidato a intendente de Mar del Plata. “Se crearon sellos de goma, con más chapa”, critican sus allegados.

Entre los nuevos destacamentos hay nombres pomposos como el flamante “Departamento de Implementación de Lenguaje Claro”. Su función es “adaptar y redactar los textos de las actividades y/o programas del Consejo en lectura fácil, sin expresiones técnicas y con estilo directo, para su posterior comunicación”.

La Dirección de Materias Especiales y Apoyo Técnico Operativo tendrá tres nuevos departamentos; así como el "Proyecto Teatro de papel: Una función justa", cuyo objetivo es “generar espacios de acceso a la justicia en la primera infancia”. Y, aunque el derecho ambiental no es competencia de la Ciudad se creó una dirección con ese nombre.

En cada uno de los anexos de la resolución se detalla la composición de cada raviol. La batería de nombramientos beneficia fundamentalmente a los empleados ligados a las tres ramas que controlan el Consejo. En primer lugar a los vinculados con presidente de Boca Daniel Angelici, principal operador en la Justicia porteña del PRO. En segundo lugar, al ex titular del Consejo, el peronista Juan Manuel Olmos. Por último, al más relegado Colegio de Abogados de la Ciudad. Esa repartija de poder tiene su correlato entre los consejeros. La titular del organismo en reemplazo del fallecido Enzo Pagani, responde al jefe de Gobierno. Alejandro Fernández es un referente del ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo. Vanesa Basterra reporta a Olmos. Lo mismo ocurre con Juan Pablo Godoy Vélez, quien había llegado al cargo propuesto por el Colegio de Abogados. Silvia Bianco es la esposa del ex consejero y actual director judicial de la Agencia Federal de Inteligencia Juan Sebastián De Stefano, que también responde a Angelici. Javier Roncero, en cambio, es hombre del radicalismo alfonsinista. Los representantes de los jueces también tiene afinidad política. Marcelo Vázquez y Lidia Lago son más cercanos a los intereses del PRO y Darío Reynoso al peronismo.

Los cargos en el Consejo porteño oscilan entre los $30 mil de bolsillo, en el escalafón más bajo, hasta $200 mil. “Es un lugar muy apetecible para trabajar y sin los reflectores que hay en organismos nacionales, como el Congreso”, advierte un abogado con alto predicamento en los tribunales porteños y en la Corte Suprema. Las mismas desprolijidades poco publicitadas, aseguran, se repiten en la fiscalía general y la Defensoría.

Una auditoría interna arrojó que el Consejo debería tener un máximo de 850 empleados. Hoy, sin embargo, hay 1037 empleados y alrededor de un tercio son contratados.

Entre ellos hay caras conocidas, como las del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, que se sumó en 2016 al plantel de asesores de la consejera Basterra, que responde a Olmos. Su hijo Pablo también es parte del cuerpo. Cerca del ex intendente y legislador señalan que su área de especialidad es la justicia vecinal, la implementación de juicios por jurado y la justicia del consumidor.

Clarín accedió además a un detalle con un festival de pasajes similar al régimen de diputados y senadores nacionales, aunque -vale aclarar- no tienen el beneficio de canjes. El consejo financia viajes becas en el exterior, con pasajes, estadías y onerosos viáticos en dólares y euros que no necesitan rendición. Son destinados a jueces, consejeros, abogados y asesores. Solo en el primer semestre de 2017 se registraron más de 60 viajes al exterior; los principales destinos fueron Italia, España, Israel y los Estados Unidos. Muchos de las travesías son en grupos grandes. Los gastos superan holgadamente los $20 millones.

Todo sale del presupuesto que en 2018 será $4218 millones. Esa suma sirve para cubrir el sueldo de jueces, consejeros, funcionarios judiciales y cubrir el funcionamiento de los organismos competentes.

Además, para contratar asesores, cada consejero puede disponer hasta un máximo de 6 unidades A1, que equivale al sueldo mensual básico de un juez de primera instancia ($150 mil). Cada consejero lo puede dividir en la cantidad de empleados que precise.

Sin embargo, la fiesta de turismo judicial estaría llegando a su fin. El nuevo plan de ajuste que Basterra pretende aprobar en el plenario de febrero suspenderá los viajes: será el final de una política que no supo de grietas. Funcionó con Olmos, con Pagani y con Basterra. “Estamos aprobando para el primer plenario del mes de febrero un plan de ajuste que implica la reducción de las cajas chicas al 50% y la eliminación de viáticos y pasajes para consejeros y jueces”, adelantó Basterra a este diario.

El plan de ajuste incluye una reducción para los próximos de 2 años de 200 empleados, aunque afirman que no echarán a nadie. Apostarán a un plan de retiros y jubilaciones. Para los siguientes dos años pretenden reducir la planta a 600 empleados. También se buscarán achicar las cajas chicas de jueces y consejeros a la mitad. Los primeros disponían hasta ahora de $17 mil; los segundos, de $30 mil. También se restringirá el uso de celulares, que se limitarán a consejeros, jueces, secretarios letrados y de juzgado. Los montos para contratar asesores se reducirán de 6 a 4 unidades A1.

En el macrismo consideran que el plan de ajuste equivaldrá al 20%, el mismo recorte al que apunta el Ejecutivo nacional.

Una pelea más fuerte se teje entre bambalinas: el jefe de Gobierno y su ministro de Hacienda Martín Mura pretenden que el principal ajuste lo haga el Poder Judicial. Los jueces ya dejaron saber que presentarán batalla.