Las contradicciones de Cristina

Por Fernando Laborda

La crisis institucional derivada de los decretos de creación del Fondo del Bicentenario y de remoción del presidente del Banco Central, Martín Redrado, ha puesto al descubierto contradicciones entre la posición gubernamental y el pensamiento que en otras ocasiones hizo público Cristina Fernández de Kirchner.

La primera contradicción es que mientras la primera mandataria ha hablado desde que asumió el poder sobre la necesidad de mejorar la calidad institucional, será ésta la segunda vez desde la reapertura democrática de 1983 en que no se convoca a sesiones extraordinarias del Poder Legislativo. La primera ocurrió el último año, con el actual gobierno nacional, cuando sólo hubo una leve prórroga de las sesiones ordinarias.

En tanto la creación del Fondo del Bicentenario mereció un decreto de necesidad y urgencia, la postergación de su discusión parlamentaria hasta que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso en marzo, por decisión presidencial, parece indicar que, en realidad, para Cristina Kirchner su tratamiento parlamentario no tiene urgencia alguna.

La pretensión del gobierno kirchnerista de usar las reservas del Banco Central para hacer frente a pagos de la deuda pública y, en rigor, financiar el gasto público, señala otra contradicción, pues difiere de la posición adoptada por Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora nacional por Santa Cruz.

En efecto, el 20 de junio de 2002, presentó en su condición de senadora, junto a los legisladores Jorge Yoma, Marcelo Guinle, Liliana Negre de Alonso, Raúl Ochoa, Nicolás Fernández y Graciela Bar, un proyecto de comunicación en el que se solicitaba al entonces titular del Poder Ejecutivo, Eduardo Duhalde, y al Banco Central que se abstuvieran de disponer de las reservas monetarias.

La misma iniciativa, presentada en tiempos del corralito bancario y firmada por la actual presidenta de la Nación, sostenía que el Banco Central era un "organismo descentralizado con total independencia de total subordinación al Poder Ejecutivo, facultades que le fueran otorgadas por la Constitución nacional", además de hacer referencia al artículo 3° de la carta orgánica de la entidad monetaria, según el cual ésta no podría estar sujeta a "órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo". Un criterio que no parece prevalecer hoy.

La última contradicción guarda relación con la ley que reglamenta el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Cuando era diputada nacional, en el año 2000, Cristina Kirchner impulsó un proyecto que propiciaba textualmente que "conforme la prohibición prevista en el artículo 82 de la Constitución nacional, todo DNU deberá, para su validez, ser ratificado por ambas Cámaras" del Congreso. La ley actual, curiosamente impulsada por la propia Cristina Kirchner en 2006, siendo senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y estando su marido al frente del Poder Ejecutivo, establece que sólo el rechazo por parte de las dos cámaras legislativas implicará la derogación de un DNU.

En la actualidad, el Poder Ejecutivo se ve claramente favorecido por la reglamentación de la ley. Bastaría con que apenas una de las dos cámaras apruebe los DNU o incluso no los trate nunca para que éstos sigan vigentes. Pese a eso, llamativamente, la Presidenta se resiste a convocar a sesiones extraordinarias y a que los DNU sean tratados antes de marzo, dando a entender así que teme no contar hoy con los apoyos legislativos suficientes.

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