Contradicción por regalías en el Tribunal de Cuentas

En el Tribunal de Cuentas hay dos posiciones que chocan entre sí sobre el polémico destino que tienen las regalías mineras en Iglesia.
El intendente bloquista Mauro Marinero está usando una parte en contratos y becas, cuando está expresamente prohibido. Un dictamen jurídico del organismo dice que está violando la ley; mientras que la vocal del área Municipios, Laura Yanzón, proveniente del partido de la estrella, asegura que no incumple ninguna norma porque hay una ordenanza desde 2008 que lo ampara.

El gasto de las regalías que devenga Veladero para Iglesia volvió a levantar el polvo esta semana, cuando funcionarios del gobierno giojista dijeron estar preocupados por el destino que tienen los fondos. Pasa que el intendente armó un plazo fijo con la plata y el producido, lo aplica a pagar al menos 84 mil pesos por mes en contratos y becas, cuando la ley provincial de regalías dice que únicamente se deben utilizar en obras de infraestructura y no en gastos corrientes.

Marinero se asienta en una norma que se contrapone con la ley provincial. Dice que lo que hace está bien, porque hay una ordenanza que lo autoriza a aplicar intereses en gastos corrientes. Además, insiste en que lo único que se debe invertir en obras es el capital.

El que tiene el control de la legalidad del gasto es el Tribunal de Cuentas, pero no actuó y salió a la luz una fuerte contradicción interna. Un dictamen del cuerpo legal que se apoya en el principio de que los intereses deben seguir la misma suerte que el capital, según el Código Civil, dice que Marinero está en falta. Y basándose en la prohibición de la ley provincial, sugiere que el Tribunal le recomiende que corrija la situación.

Iglesia tuvo muchas recomendaciones del organismo, pero Yanzón reconoció que ninguna en el tema de regalías. La funcionaria sostiene que no hay nada que objetar y da dos argumentos. Primero, asegura que la ley provincial sólo habla de capital y que no hay que interpretar que alcanza a los intereses. Segundo, sostiene que a Marinero "lo está autorizando una norma legal" a usar intereses a erogaciones corrientes.

Del análisis surge que hay dos normas que se contraponen: una ley y una ordenanza. Y no se puede dejar de mencionar que la ordenanza es de menor jerarquía y que no puede ir en contra de la primera, tema que hasta el momento el Tribunal de Cuentas parece no haber advertido.

Es cierto que el organismo no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero sí puede advertir que se contrapone con una superior. Sin ir más lejos, a principio de este año, lo hizo con Jáchal. La plata política se aumentó las dietas sancionando una ordenanza y el Tribunal le recomendó que diera marcha atrás, porque chocaba con la ley de jubilaciones.

Mientras la polémica continúa, un sector del PJ iglesiano analiza por estas horas pedir la inconstitucionalidad de la ordenanza en la Justicia

Comentá la nota