Contraataque del Gobierno frente a la reacción judicial

Contraataque del Gobierno frente a la reacción judicial
La Casa Rosada interpretó como un desafío directo la confluencia de fallos en su contra y críticas de la Justicia. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuestionó al magistrado que falló a favor de un reclamo de Clarín.
El Gobierno divisó una amenaza creciente en la andanada de críticas que desde el Poder Judicial llovieron sobre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Por múltiples caminos ayer buscó paralelamente contener y contraatacar. Pero a lo largo de la jornada, en la Casa Rosada se extendió la convicción de que en los Tribunales se abrió una nueva e impredecible trinchera.

Fernández llegó temprano a su despacho con la convicción de que tenía que salir a responder. "Yo cumplí e hice cumplir con la Constitución", se defendió al mediodía con una conferencia de prensa. Su decisión de obligar a la policía a desconocer la orden de desalojo del gremio de Aeronavegantes dictada por la jueza Beatriz Ferdman había generado una ola de cuestionamientos desde la base hasta la cima del Poder Judicial.

Anteayer, la jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, había calificado de "preocupante" que desde el poder político "no se cumplan las órdenes de los jueces" y consideró que si no se acatan estas disposiciones "volvemos a la ley de la selva". Había sido la frutilla de una sucesión de cuestionamientos, donde coincidieron, entre otros, el titular de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, el Colegio de Abogados de la Ciudad y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

El Gobierno lo interpretó como un acomodamiento del sector que gusta denominar como "la corporación judicial" frente a los nuevos vientos políticos que comenzaron a soplar tras el triunfo opositor en las últimas elecciones. Y lo asoció a otros dos flancos abiertos: el fallo del juez federal Edmundo Carbone, quien anteayer aceptó una medida cautelar que había solicitado el Grupo Clarín para que se suspendiera la aplicación de dos artículos de la ley de medios. Y por otro lado, la decisión tomada la semana pasada por la Cámara Federal que resolvió desarchivar una causa contra Néstor Kirchner y varios funcionarios de su gobierno por el presunto desvío de fondos públicos para la campaña electoral.

Las luces encendidas trocaron de amarillo a rojo en el oficialismo. "Les agarró un ataque de coraje", ironizó un oficialista sobre la reacción judicial. Aníbal Fernández argumentó que su contraorden había buscado evitar "enfrentamientos sangrientos". "Fernández es un piloto de tormentas, tiene que parar todos los golpes y a veces se equivoca", evaluó el juez de la Corte, Carlos Fayt, más contemplativo.

Sin embargo, las líneas de recomposición, que se tendieron entre la Casa Rosada y la Corte tuvieron como contracara la embestida contra el juez Carbone, responsable del fallo que aceptó el reclamo del Grupo Clarín. "Nadie en sus cabales, no teniendo competencia y faltando 15 días para retirarse, hubiese firmado una medida cautelar. Lo que dicen en las cercanías de este señor es que la presión por parte del monopolio ha sido altísima", acusó el jefe de ministros. Y vinculó al juez a las dictaduras de Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston y Agustín Lanusse. El ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que el Gobierno va a "apelar" la medida. Un correo electrónico distribuido por funcionarios nacionales recordó, a su vez, que Carbone había sido el "juez troglodita" que censuró la proyección del film La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese. Desde el corazón oficialista del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de controlar a los jueces, la diputada Diana Conti completó el contraataque: "Queremos un Poder Judicial independiente. Que se haga cargo de su dimensión política como uno de los tres poderes del Estado que interactúan entre sí en función del bienestar del pueblo". A la vez, en referencia a la defensa de los derechos contractuales aludidos en el fallo de Carbone, Conti sentenció que el kirchnerismo defiende "la propiedad privada" pero "en función social". Después recordó que se acerca Navidad. La lectura opositora de la tensión entre los Tribunales y el Gobierno fue diferente. "La Justicia ha comenzado a actuar frente a un gobierno que hacía lo que quería frente a cuestiones legislativas y judiciales", evaluó el diputado radical Ricardo Gil Lavedra. Para el Gobierno, en términos políticos, la adversidad parlamentaria que vislumbra especialmente en la Cámara de Diputados amenaza ahora con replicarse en su esfera judicial.

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