Contra los problemas, sensatez

Por: Ricardo López Murphy

ECONOMISTA, EX CANDIDATO PRESIDENCIAL

Aparecen ahora todos los conflictos que el Gobierno intentó eludir antes de las elecciones. Es imprescindible que sean encarados con políticas públicas adecuadas y nacidas del consenso, sin recurrir a opciones demagógicas ni mágicas.

El primer dilema que enfrenta la Argentina es reconstruir el sistema político, de tal manera que se puedan cumplir las reglas institucionales y electorales; que haya un oficialismo y una oposición bien definidos; y que las diferencias internas de cada bloque se solucionen en una elección interna y no en una elección general. Si se fijan reglas que así lo hagan posible, como en Chile por ejemplo, el trabajo a realizar es factible.

El segundo problema importante es que la continuidad de la situación actual no es sostenible. A los efectos de llegar a la elección se han ido utilizando los stocks que existían en el sistema bancario, en la ANSES y en las reservas internacionales. También se redujeron los niveles de gas y de petróleo; y se consumieron los stocks ganaderos. En particular, la situación fiscal está cada vez más delicada, con el gasto creciendo prácticamente tres veces la tasa de los ingresos, y se ha acumulado una deuda actuarial inmensa en el Estado, que excede en varias veces la deuda explícita. Esa situación es sumamente vulnerable tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y es tanto más delicado, porque no hay acceso al crédito interno y externo.

El resultado electoral fue una señal hacia una forma de gobernar y de gestionar. Hay medidas que deben tomarse urgentemente y que sería un signo de madurez política del oficialismo poder efectuarlas en los próximos días. Por ejemplo:

Regularizar el INDEC, que debe ser la cabeza del Sistema Estadístico Nacional. Transformarlo en un organismo de carácter técnico, dotado de autarquía financiera e institucional, y los miembros del organismo deben elegirse por concurso. Existe un proyecto de ley presentado por el ex senador Gómez Diez, que comulga con estos cambios a realizar.

Derogar la ley de emergencia económica; los superpoderes; la ley regulatoria de decretos de necesidad urgencia; el Consejo de la Magistratura; y las facultades delegadas, sobre todo en los impuestos, propios de ser una facultad del Congreso de la Nación.

Realizar un llamado por parte del oficialismo a todos los sectores de la oposición para trabajar en una agenda de temas impostergables. Se debe acordar una reforma impositiva que elimine los tributos extravagantes; establecer una política racional en la distribución de los recursos; devolver a las jurisdicciones provinciales la recaudación y la potestad sobre distintos recursos que hoy integran la coparticipación federal, para evitar que el régimen se convierta en un mecanismo de desigualdad e inequidad horizontal.

Enfrentar el descalabro externo y la brecha fiscal. Eso requiere eliminar subsidios y acelerar la tasa de devaluación. El futuro depende de no perder las reservas internacionales. Si ellas se dilapidan veremos volver las crisis del pasado.

Nuestro país está a menos de un año del Bicentenario, y es clave que la dirigencia política pueda conformar un eje de políticas de Estado que no varíen según el partido político que gobierne y que tengan continuidad. Políticas que nos permitan recomponer el capital físico (reponer la tasa de inversión a niveles que sean compatibles con una tasa de crecimiento del 5% anual) y el capital humano (a través de políticas de nutrición, de educación, de salud, que alejen los traumas de crisis recurrentes que hemos vivido).

Ello implica un sistema que nos permita medir correctamente el desempeño de los sectores sociales, que podrían ser tests internacionales para educación, y las comparaciones con Chile y Uruguay en materia de salud. Además, el gobierno debería fomentar una política que asegure la cohesión social e incorpore a los jóvenes, a los niños y a los ancianos, que hoy están huérfanos de contención. En resumen, ningún chico y adulto durmiendo en las calles.

Lo que debe tener claro el oficialismo es que el no enfrentar estos problemas no es una posibilidad. El Gobierno debe recurrir a una mayor sensatez en sus políticas públicas y dejar de lado las opciones demagógicas o mágicas para confrontar los inconvenientes que padecemos.

La clave hacia el futuro es construir un horizonte que despeje en gran medida la incertidumbre, que atenúe la ansiedad de todos los agentes sociales y económicos, y que permita ordenar la interacción social de manera que sea más fecunda y que genere una expectativa de recuperar los niveles de actividad. El colapso de la producción industrial, de bienes de capital, de construcción, requiere una respuesta enérgica y sensata del Gobierno nacional.

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