Contra la oposición en el Congreso, en diciembre asume también el veto

Por: Ezequiel Rudman

Temeroso de un brote de absolutismo parlamentario, el Gobierno de Cristina de Kirchner ya estudia los alcances del veto presidencial a las leyes sancionadas por el Congreso. Esa vía, prevista en la Constitución nacional, puede convertirse a partir del 10 de diciembre en el principal recurso del kirchnerismo para frenar el cogobierno legislativo que la oposición pretende instaurar cuando sea mayoría en el Parlamento.

La contrarreforma al Consejo de la Magistratura, que podría dejar al kirchnerismo sin poder de bloquear la designación y remoción de jueces; la extirpación de los superpoderes; la eliminación de las retenciones, que implicaría para el fisco un recorte de al menos 15 puntos en sus ingresos, y hasta un polémico proyecto de Elisa Carrió para expropiar las tierras que el matrimonio Kirchner compró a precio vil en El Calafate son algunas de las medidas que desvelan al kirchnerismo.

Plataforma

Esta diatriba opositora que retumbó en el Congreso sin poder convertirse en ley se convertirá a partir del 10 de diciembre en la principal plataforma de gobierno de la UCR, el PRO, el PJ disidente y la Coalición Cívica. Por eso el ejército de asesores jurídicos que comanda Carlos Zannini en la oficina de Legal y Técnica de la Casa Rosada se puso a estudiar los artículos 80 y 83 de la Constitución nacional, donde está plasmado el poder de veto del Ejecutivo sobre leyes sancionadas por el Congreso.

El veto es la principal herramienta -junto con los DNU- que contemplan ahora los Kirchner para defender el «modelo» y garantizar la gobernabilidad en el período 2010-2011. «La oposición, por más mayoría que tenga a partir de diciembre, nunca va a poder reunir los dos tercios de los votos para imponer una ley por encima del poder de veto de Cristina», se mofa uno de los pocos diputados del Frente para la Victoria que todavía es recibido por Néstor Kirchner en la quinta de Olivos.

Esperanza

La principal esperanza de los custodios de la firma presidencial se centra en el artículo 83 de la carta magna: «Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación». Manteniendo un piso de 90 diputados leales sobre un total de 257, el kirchnerismo estará en condiciones de garantizarle a la Presidente el ejercicio de su poder de veto a las leyes votadas por el Congreso. Lo mismo ocurriría en el Senado, donde con una bancada reducida a 33 o 34 obedientes, el oficialismo no se expondrá al escarnio opositor de ceder en la reforma del Consejo de la Magistratura o en la eliminación de las retenciones móviles, ya que la oposición no alcanzaría los dos tercios de los votos necesarios para insistir en las leyes vetadas.

Desde que asumió la presidencia, Cristina de Kirchner utilizó una sola vez su poder de veto. Fue tras la sanción unánime de la ley de glaciares en la Cámara de Diputados y en el Senado, una norma que fue votada incluso por los diputados kirchneristas a propuesta del transversal Miguel Bonasso. Aunque la Presidente impuso en aquella oportunidad su voluntad por encima de la del Poder Legislativo, el Gobierno debió pagar un costo político: Victoria Donda y Cecilia Merchán, de Libres del Sur, al igual que Bonasso, se alejaron definitivamente del bloque oficialista.

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