Contra la discriminación salarial

La Justicia condenó a Telefónica de Argentina a pagarles a cuatro ingenieros y un técnico sueldos equivalentes a los del resto del personal. Los empleados habían sido discriminados por afiliarse al sindicato Centro de Profesionales Telefónicos, de la CTA.
Con un fallo que destaca que la Constitución nacional fija igual remuneración por igual tarea, la Justicia condenó a Telefónica de Argentina a equiparar los sueldos de cuatro ingenieros y un técnico con los del resto de su personal. Los ingenieros habían sido discriminados salarialmente por afiliarse a su sindicato, el Centro de Profesionales Telefónicos (CTA). Ahora Telefónica deberá pagarles los aumentos de manera retroactiva y un extra de entre 20 mil y 35 mil pesos a cada uno por daño moral.

El caso viene del año 2003, cuando la empresa presionó a los empleados para que no se organizaran gremialmente. Por ese entonces, los profesionales telefónicos habían empezado a reflotar su sindicato para enfrentar una ola de despidos y planes de retiro voluntario. La presión consiguió alejar a muchos del gremio, pero hubo un grupo que se negó a desafiliarse. Fueron amenazados con la advertencia de que no tendrían nuevos aumentos de sueldo, lo cual se concretó, ya que a partir de entonces ninguno recibió las mejoras salariales otorgadas al resto por la empresa, al tiempo que los congelaron profesionalmente, ya que la compañía los mantuvo cumpliendo funciones secundarias, por debajo de sus capacidades.

Los afectados presentaron una denuncia ante la Justicia y en diciembre de 2006 ganaron un primer juicio, con un fallo que ordenó a Telefónica dejar de discriminarlos. Tanto el Juzgado de primera instancia como la Cámara dieron por probado que hubo discriminación gremial y ordenaron “el cese de toda conducta que obstaculice el libre ejercicio del derecho de agremiación y de todo acto discriminatorio contra los accionantes”.

Este segundo juicio complementa a aquél, que no ordenó específicamente pagarles los aumentos que dejaron de percibir. El segundo fallo fue dictado por la jueza Viridiana Díaz Aloy el 27 de noviembre pasado.

Un dato significativo es que los protagonistas del caso –Pedro Filipuzzi, Juan Valmaggia, Marcelo Grossi, Jorge De Franco y Carlos Otegui, integrantes de la Gerencia de Redes Dedicadas– no tenían experiencia sindical y la iniciaron después de cumplidos los 40 años. El proceso de recuperación de su gremio ayudó a frenar las suspensiones masivas. Al mismo tiempo, fue fortaleciendo a los profesionales que inicialmente no se animaron a afiliarse, pero que se presentaron después a declarar en los juicios, a los que llevaron pruebas de cómo la empresa les dio aumentos a los que no estaban afiliados.

De manera sorprendente, el testimonio clave fue el del gerente encargado de presionar a los trabajadores, a quien le tocó después ser víctima de un plan de retiro. Expulsado de la compañía, declaró ante la Justicia y confirmó que el único motivo por el que no se les habían dado los aumentos a los demandantes fue la afiliación. El ex gerente detalló que “todo el personal afiliado al Cepetel no recibió aumento, sin que hubiera otros motivos, porque tenían buen desempeño, buena calificación y los jefes habían pedido que se les aumentara el sueldo”.

El fallo de la jueza Díaz Aloy se apoya en las garantías que la Constitución establece en el artículo 14 bis. La magistrada señala que el trato discriminatorio por razones gremiales “afecta la garantía constitucional de igual remuneración por igual tarea receptada en el artículo 14 bis”.

La resolución sólo dispone el pago de las diferencias salariales a los cinco que fueron a juicio. Como hubo más damnificados, la intención del gremio es reclamar por los que faltan.

La historia parece así haber llegado a un final feliz, aunque algunos hechos recientes indican que hay pocas ganas de ponerle un final a la discriminación. A principios de noviembre hubo elección de delegados en el sector donde trabajan estos ingenieros. Uno de los demandantes en el juicio, Pedro Filipu-zzi, se presentó como candidato. El día de los comicios, la empresa lo acusó de haber utilizado el mail corporativo para enviar mensajes personales y le impuso una suspensión que le impidió entrar a su lugar de trabajo. El sector decidió dejar constancia ante una escribana que le impedía entrar a uno de los candidatos. Realizaron las elecciones afuera de la compañía, en un bar al que los trabajadores se trasladaron para votar. El sancionado resultó elegido como nuevo delegado.

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