Contra la Corte, liberan a cuatro represores más

Mientras la Corte Suprema exhortó ayer a agilizar las causas por crímenes en la dictadura, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó liberar a Miguel Kearney, Jesús Corrales, Rubén Páez y Mario Sita. Sus causas fueron tramitadas en La Plata
“Insuficiencia de jueces, cargos vacantes, falta de edificios adecuados, falta de tecnología, de informatización, de salas de audiencias, y de otros recursos adecuados”. Todos esos motivos, que aletargan las causas en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, llevaron a que la Corte Suprema de Justicia reclame ayer mayor celeridad en la resolución de esos juicios.

Sin embargo, también ayer, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la liberación de cuatro represores detenidos en dos causas que se tramitan en la Justicia federal de La Plara, por crímenes cometidos en los centros clandestinos Brigada de Investigaciones y Destacamento de Arana.

Según informaron fuentes judiciales a Hoy, la orden llegó ayer vía fax al juzgado federal nº 3, a cargo de Arnaldo Corazza, y beneficia al ex jefe del Destacamento, Miguel Kearney, y a los ex policías Mario Víctor Sita, Rubén Oscar Páez y Bernabé Jesús Corrales.

Algunos de ellos ya habían recibido el beneficio excarcelatorio en una de las dos causas y seguían presos por estar imputados en la otra, pero ahora la Sala III de Casación ordenó su liberación en todos los expedientes.

Según este último fallo, al que tuvo acceso Hoy, se beneficia a Kearney y se apoya en la doctrina “Díaz Bessone”, por la cual un plenario de Casación entendió que los procesados por delitos, cualquiera sea su índole, deben permanecer en libertad hasta el juicio oral.

De esta manera, se produce un caso similar al ocurrido días atrás con el marino Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta, a los cuales se ordenó la liberación en un hecho que levantó el repudio de diversos sectores.

Para liberar a Kearney, desde Casación sostuvieron que el ex jefe del Destacamento de Arana “tiene residencia estable en el país” y “carece de antecedentes penales”, que posee ingresos como retirado de la Policía y que tiene 72 años.

En ese destacamento se encontraron hace pocos días cientos de restos óseos humanos de detenidos desaparecidos que fueron quemados y enterrados en fosas comunes. Allí, el gobernador Daniel Scioli anunció la creación de un Museo de la Memoria.

Pedido vacío

En su última reunión del año, el máximo tribunal también invitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los fiscales, a acelerar las causas.

La Corte resolvió, además, crear una oficina especial -la “Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad”- que se encargaría de monitorear los procesos y tendría facultades para requerir informes a los juzgados en los que se verifiquen demoras.

Según datos de la Procuración General de la Nación, en 2008 hubo apenas siete juicios orales por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se condenó sólo a 28 represores, y se encausó a 184.

Desde la anulación de las llamadas leyes del perdón, a fines de 2003, fueron procesados un total de 533 represores y 36 de ellos ya recibieron condena. Actualmente, está en marcha un juicio contra cinco represores que está previsto que culmine en 2009, año durante el cual se realizarían al menos una decenas de juicios orales.

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