Contra la corriente

Por Natalio R. Botana

Debido a su carácter polémico, las candidaturas a diputados nacionales del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y del jefe de Gabinete, Sergio Massa, llegaron a los estrados judiciales. Impugnados por un sector de la oposición, los denominados "candidatos testimoniales" han superado con éxito el fallo de dos instancias y aguardan el fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia.

Son muchos los aspectos que sobresalen en esta trama, en la que se cruzan las pasiones del poder y las razones de la Justicia. Entre ellos, acaso el más importante sea en estos momentos el fallo dividido de la Cámara Nacional Electoral, por el cual la mayoría de sus miembros (Santiago H. Corcuera y Rodolfo E. Munné) confirmaron la sentencia apelada, avalando así las candidaturas impugnadas, y el miembro en minoría, Alberto R. Dalla Vía, hizo lugar en su disidencia a esas impugnaciones.

Estos escritos ponen en evidencia que esta clase de experimentos electorales, impulsados por el oficialismo, chocan al mismo tiempo con un límite moral y con un límite jurídico. El voto de la mayoría ha trazado, en este sentido, un límite moral. Si bien los camaristas no han encontrado razones objetivas que permitan concluir que los candidatos no asumirían sus cargos legislativos una vez elegidos (continuando, por ende, con sus actuales funciones), alertan, sin embargo, a la ciudadanía acerca del riesgo de que la confianza depositada en la palabra de los candidatos "resulte traicionada" por sus acciones futuras.

Más amplio es el voto en disidencia, porque, al trazar un límite jurídico y decir que no a la pretensión de estas candidaturas, conjuga varias dimensiones constitucionales: los valores éticos en disputa, la erosión que sufren las reglas de juego del proceso electoral y la afrenta que estas decisiones políticas puedan infligir al sentido común de la ciudadanía. El análisis apunta, pues, a la legitimidad de los procesos electorales, uno de los capítulos centrales, como es sabido, de la teoría política democrática. Los procesos electorales implican un compromiso entre representantes y representados "cuya legitimidad -sostiene este voto- el fuero electoral está llamado a proteger y preservar".

Bueno es recordarlo: a la democracia la sostiene el hilo de seda de la legitimidad. Esta metáfora, debida a Guglielmo Ferrero, nos advierte que las leyes y reglas del régimen sustentado en la soberanía del pueblo son letra muerta en ausencia, con respecto a ellas, de un acuerdo compartido por los gobernantes y los gobernados. En este vínculo están comprendidos el conocimiento de las leyes, el respeto hacia ellas y la confianza que, como corolario de estas relaciones, irradia sobre el cuerpo social.

Roto este vínculo por la violencia, o debilitado por una suma de artimañas y arbitrariedades, la legitimidad pierde su norte, las leyes se hacen opacas y distantes y la ciudadanía termina, en fin, enredada en la madeja de la desconfianza.

Debemos admitir que ésta es una corriente predominante en el país. No nos acosan, como antaño, las cadenas de hierro de los regímenes autoritarios, sino estos enlaces artificiosos que el poder inventa y la conducta de los dirigentes reproduce. Según reconoce el voto en disidencia, esas prácticas se suceden "de manera recurrente" y, desde luego, se acrecientan. De este modo, el contexto de estas leyes engañosas se superpone al contexto de las agresiones de corte violento en la forma perversa y desgraciadamente habitual de los "escraches" a candidatos.

Afrontamos, así, una campaña teñida por conductas que poco tienen que ver con un ejercicio leal de la representación política. En las esferas oficiales se ejecutan tácticas electorales sorpresivas, astutas acaso, siempre al filo de la navaja de la ilegalidad; en los sectores sociales (ahora les toca el turno a grupos pertenecientes al sector agropecuario) los resultados son igualmente desalentadores. En lugar de peticionar a las autoridades, o a los candidatos con los cuales disienten, se los escracha.

La combinación de violencia y engaño es, pues, destructiva. Aceptemos, sin embargo, el hecho de que los políticos, que hacen uso del engaño, pueden, en el corto plazo, alcanzar el éxito. Pero lo hacen al precio de socavar las leyes gracias a las cuales sobreviven y prosperan. Tarde o temprano estas operaciones se volverán en contra de ellos mismos. ¿Cómo se entiende, entonces, esta ceguera e ignorancia acerca del peligro ínsito en manipular las reglas de la sucesión política?

En un régimen democrático, las reglas de sucesión mediante elecciones transparentes son la clave de bóveda de su legitimidad. Este elogio de las formas de gobierno tiene su razón de ser: en una democracia, en efecto, corren libres las pasiones, las ideas y creencias, los proyectos de vida. Son itinerarios contradictorios a los cuales, para que no se salgan de madre, los deben encauzar con sabiduría práctica las leyes de la sucesión política. Sin acatar las reglas electorales y sin aceptar las victorias y derrotas que de aquéllas derivan, no es posible establecer el punto de partida de la convivencia pública en paz. Si hay dudas, presunciones de fraude y desconocimiento en torno a lo que esas reglas estipulan, se apaga la responsabilidad recíproca de representantes y representados.

De la mano de estos argumentos falaces nos estamos internando en un territorio en el que no predomina el principio de la razonabilidad de las leyes, sino la arbitrariedad y el absurdo. En otros términos: como bien reconoce el voto en disidencia, con la manipulación de las reglas de juego estamos dando la espalda al sentido común de la ciudadanía: un "presupuesto del derecho" según el cual "las palabras deben entenderse en su uso corriente", puesto que "las constituciones no han sido escritas para los eruditos, sino para el conocimiento del hombre común".

Por eso, al sugerir con lenguaje ambiguo que no accederán a los cargos a los que se postulan para conservar los que desempeñan en la actualidad, los candidatos impugnados disuelven el vínculo de representación, proponiendo algo que no se va a cumplir. Estas rupturas forman los círculos de una espiral descendente: primero se afecta la representación, después la confianza, y, por último, la legitimidad de ejercicio del régimen democrático.

Desde una de las trincheras de la batalla electoral podría alegarse que, al no admitir la legalidad de estas candidaturas, se las está proscribiendo ante el voto de la ciudadanía. Es un concepto saturado por una historia de privaciones de justicia que nos retrotrae al período en el cual el justicialismo estuvo inhabilitado para participar en elecciones. Pero hoy no rigen esas normas, parteras de discordias. Existen, sí, las leyes de la democracia, amplias y generosas. Por tanto, de lo que se trata es de interpretarlas correctamente.

El debate por la interpretación todavía no ha concluido. Aunque a primera vista parezca distante de las preocupaciones cotidianas, el intercambio crítico que se desenvuelve en la Justicia es una forma de pedagogía cívica. Además, por su carácter plural (de aquí la importancia de las disidencias), se opone a las corrientes predominantes de la devaluación institucional. He aquí, entonces, un excelente ejemplo de cómo es posible nadar contra la corriente.

Los "candidatos testimoniales" deben tomar nota de ello. Ya que han dicho que asumirán "eventualmente" el cargo de diputado nacional, la hipótesis de que penda sobre ellos la espada de Damocles de una eventual traición a la confianza del electorado, en el caso de incumplimiento de esta promesa, no es poca cosa.

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