Continuará la reunión por Paraná Metal

Luego del cuarto intermedio dispuesto el viernes, miembros de la empresa autopartista, de la Unión Obrera Metalúrgica y del ministerio de Trabajo de la Nación, volverán a sentarse hoy a la mesa de negociación. Tras aquel encuentro, en donde el titular de la cartera había dicho que no se iban a tocar las fuentes laborales ni los salarios, los trabajadores recibieron telegramas de suspensiones por 30 días.
Esta tarde, desde las 15 horas, los representantes de la empresa autopartista Paraná Metal, integrantes de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución y del ministerio de Trabajo de la Nación, retomarán la reunión iniciada el pasado viernes en Buenos Aires.

Ese día, las negociaciones para conservar las fuentes laborales, evitar suspensiones y rebajas en los salarios, comenzaron a las 11 de la mañana y tras algunas interrupciones, fueron retomadas por la tarde. Finalmente, alrededor de las 21, dieron por finalizada la jornada con un cuarto intermedio y con la promesa de sindicalistas y empresarios de trabajar durante el fin de semana para afinar la propuesta y acercar las posiciones.

Si bien el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, había dicho tras ese primer encuentro, que la solución al conflicto de la empresa Paraná Metal no será la reducción de personal ni de salarios, los trabajadores se encontraron con una sorpresa. Recibieron telegramas de suspensión hasta el próximo 14 de febrero.

Según argumenta la empresa, la medida responde a razones de "fuerza mayor ante la crisis globalizada del sector autopartista de público y notorio conocimiento, que imposibilita la reapertura de actividades".

Los trabajadores rechazaron la comunicación mediante una carta documento donde niegan y rechazan "la veracidad de la causal invocada" para la medida empresarial dispuesta y expresaron que la situación de crisis global que se invoca "no constituye fuerza mayor ni es causa del mal manejo de vuestra empresa".

La empresa metalúrgica Paraná Metal se encuentra en convocatoria de acreedores, y es subsidiada por el Estado desde hace más de un año. A fines del año pasado amenazó con despedir a 1.200 operarios, entre efectivos y contratados que trabajan en la planta. Allí se inició la intervención de los ministerios de Trabajo de la provincia y de la Nación.

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