Continuará la emergencia Económica por 2 años más

La situación de crisis permanente que vive la provincia de Jujuy desde hace 20 años se reflejó ayer en la sanción de la Ley 5637 de prórroga por dos años más, de la Ley de Emergencia Económica, vigente desde el año 1989.
El Poder Ejecutivo Provincial también consiguió que la Legislatura en su primera sesión extraordinaria, aprobara la Ley 5636 de adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal, por la cual se habilita al Gobierno a contraer endeudamientos por el término de dos años, para que puedan equilibrar su presupuesto atento al deterioro de las cuentas fiscales y que se traduce en la necesidad de financiamiento por casi 800 millones de pesos.

Además, tuvo ingreso ayer a la Legislatura el proyecto de ley de Presupuesto 2010 que asciende a $ 4.463.329.733 el total de Erogaciones en $ 4.172.709.603 los Recursos, en $ 106.847.757 las Erogaciones Figurativas, y un Resultado Financiero Negativo de $ 290.620.130. Presenta también una erogación de $ 426.520.812 para atender la Amortización de Deudas, y la necesidad de recurrir a un financiamiento de $ 771.140.942.

El mismo fue derivado a las comisiones de Finanzas y de Legislación General. Dado el receso parlamentario, a instancia del diputado Daniel Almirón (PJ) se puso en comisión al total del cuerpo hasta tanto se designen las autoridades e integrantes de ambas comisiones legislativas, atento a la renovación parlamentaria que se avecina. Según algunos diputados, se podría estar tratando el Presupuesto cerca del 23 de diciembre.

Por otro lado, y en un trámite cuestionable, se trató en la misma sesión extraordinaria (cuando debiera ser en sesión especial) el acuerdo del ingeniero Rodolfo Fernando Fórbice como presidente del Directorio Provincial de Vialidad.

DEUDAS PENDIENTES

El diputado Miguel Rioja (PJ), oficiando de vocero de los proyectos de ley de adhesión a la Ley 26530 de Régimen de Responsabilidad Fiscal y de vigencia de las leyes 4439, 4440, 4539, 5101, 5233, 5450, 5562 y 5609 de Emergencia Económica, justificó la necesidad de aprobar ambos proyectos debido a la situación de crisis financiera que vive la Nación y a la notable reducción de los recursos coparticipables a las provincias, entre ellas Jujuy.

Sostuvo como argumento también, que el Gobierno Provincial debe afrontar compromisos salariales y atender servicios esenciales del Estado en favor de la sociedad. Aclaró además, que este endeudamiento que se aprueba no es ilimitado, sino que debe realizarse de manera responsable.

Desde la oposición, el diputado Jorge Rizotti, argumentó que si se trataba de atender las necesidades salariales de los trabajadores estatales, el bloque radical no se oponía, pero advertía que la autorización para el endeudamiento ‘no era la solución’, para remarcar seguidamente que el mismo ‘iba a generar más problemas para la provincia de Jujuy’.

A su vez, el jefe de bloque de Primero Jujuy, Agustín Perassi, sostenía que la sola remisión del proyecto para que se endeude nuevamente la provincia, representaba ‘el fracaso de las medidas que se habían implementado para controlar el déficit de las provincias’. Y si bien, observó por otro lado que la emergencia económica ya cumplió ‘la mayoría de edad’ por los 20 años de vigencia, afirmó que se impone ‘un debate’ entre los principales partidos para buscar medidas alternativas que posibiliten sacar a la provincia de esta crisis. Propuso además que es necesario que la Provincia reclame al Gobierno Nacional por incumplimientos a la Ley de Coparticipación Federal, porque ‘la Nación le saca plata a las provincias y después los presta con altos intereses, y eso no debe suceder’.

Pero quien, no pasó por alto la responsabilidad que le cabe a las gestiones justicialistas de la última década, fue el diputado Carlos Oehler (UCR), al puntualizar algunas ‘contrariedades’ de los legisladores nacionales de ese signo político en leyes como la Coparticipación o la Ley del Impuesto al Cheque, al votar ‘leyes que favorecían al gobierno kirchnerista en desmedro de las provincias’, porque sólo se estaba girando a las distintas jurisdicciones un 24 % en lugar del 34 % establecido en la ley de Coparticipación. Dio cuenta además que mientras Jujuy debía contraer endeudamientos a través del PAF, la Nación se hacía con fondos de los Aportes del Tesoro Nacional, no girando lo que correspondiese a las provincias. Estim• que si se asignaban los recurso de Coparticipación y los ATN, como marcala ley, ‘Jujuy no tendría que esta en esta situación’. Por eso, exhortó a los legisladores nacionales del justicialismo y al Gobierno Provincial a denunciar a la Nación por estos incumplimientos, así como lo están haciendo otras provincias.

Eso fue el fundamento para que el bloque de la UCR se oponga a dicho proyecto de ley. En igual sentido se pronunció la diputada de Lyder, Alejandra Mollón. No obstante ello, el PJ, junto al voto de Frente Primero Jujuy y de Unión por Jujuy, consiguió la aprobación de ambas normativas.

Contención del gasto

La flamante Ley 5637 de mantención de vigencia de las leyes 4439, 4440, 4539, 5101, 5233, 5562 y 5609 y sus modificatorias, de Emergencia Económica de la Provincia de Jujuy, apunta a la contención del gasto público durante el término de dos años.

La propuesta original del Ejecutivo era por un año, pero ayer el bloque del PJ la modificó por dos años;como así también en cuanto a la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal, se añadió un segundo artículo que invita a las comunas y comisiones municipales a adherir a la misma.

En efecto, la 5637 prorroga entre otras, las leyes 4439 "De Ajuste para la Contención del Gasto Público, la Ejecución de la Política Salarial y el Reordenamiento del Estado’, 4440 "Declarativa del Estado de Emergencia del Sector Público", 4539 "Prórroga y Ampliación de los Regímenes de Emergencia" y 5101 "Declarativa del Estado de Emergencia del Sector Público", así como las leyes 5233, 5450, 5562, 5609 y sus respectivas prórrogas.

El Ejecutivo justificó su implementación al sostener que ‘la grave crisis que atraviesa la Provincia, que constituye un reflejo de la situación crítica de la Nación, lo que ha provocado la disminución sensible de los recursos financieros con los que cuenta la Provincia para afrontar sus obligaciones, por lo que resulta imperiosa la adopción de medidas que restrinjan sensiblemente el gasto público’.

A través de la misma, se congela la planta de personal permanente, se suspenden designaciones, contataciones de personal, se dejan sin efecto reconocimiento de adicionales, prestaciones de horas extras, se suprimen pago de subrogancias, promoción y ascenso de personal, entre otras medidas.

Así es que se dispone el congelamiento de la planta de personal permanente y la supresión de todas las vacantes que se produzcan en los organismos y entidades comprendidas en esta Ley en el número de cargos que se establezca en la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos - Ejercicio 2010.

Se suspende todo tipo de designaciones o nombramiento de personal reemplazante, por licencias o ausencias temporarias de los agentes titulares en todos los organismos y entidades comprendidas en esta Ley. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por acto fundado, podrán disponer las excepciones. Estas excepciones en el caso del Poder Ejecutivo Provincial, serán las necesarias y siempre que tengan por objeto cubrir reemplazos de personal que desarrolla tareas en los sectores asistenciales directos de salud pública y de la docencia al frente de alumnos y en las áreas afectadas a la percepción de recursos tributarios de la provincia.

Asimismo, se suspende toda nueva contratación de personal, quedando sin efecto las autorizaciones que se hubieran conferidos con anterioridad a la vigencia de la presente Ley que aún no hayan sido ejecutoriadas. Los contratos que hubieren sido celebrados no podrán ser renovados una vez vencido el término de su vigencia. Las excepciones por estrictas razones de servicio sólo podrán ser dispuestas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Se deja sin efecto todo tipo de reconocimiento de adicionales cualquiera sea su naturaleza. Esta medida no podrá afectar derechos adquiridos con anterioridad. Exceptúase de la presente los recursos destinados al perfeccionamiento y especialización de técnicos y profesionales con el objeto de la aplicación y funcionamiento de la Ley N´ 4958 "De Administración Financiera y los Sistemas de Control de la Provincia de Jujuy" en el ámbito de la Administración Pública Provincial y por aplicación de leyes en vigencia.

Además, se deja sin efecto todas las prestaciones de servicios en carácter de "horas extras" o en jornadas extraordinarias, quedando establecido para el futuro que únicamente se autorizarán las que se requieran por estrictas razones de servicio, a petición fundada y bajo la responsabilidad de los Ministros de las respectivas áreas. En el ámbito del Poder Legislativo, la autorización fundada será responsabilidad de los Secretarios.

Se suprime el pago de subrogancias y el reconocimiento de tal causa, sin que ello afecte derechos adquiridos, excepto casos debidamente fundados por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial referidos a Servicios de las Areas de Educación, Salud y Seguridad y Poder Legislativo en cuanto le competa.

Además, se suspende todo tipo de promociones y ascenso de personal. Los que se hubieren dispuesto con anterioridad a la sanción de esta Ley y que no hubieren concluido con la pertinente toma de razón por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, producirán efectos recién a partir del vencimiento del término de vigencia de la presente Ley.

Obras sociales regionales

buscan máxima eficiencia

Tuvo lugar en Tucumán, el Primer Seminario del NOA y NEA sobre financiamiento del sector salud y análisis estratégico de las obras sociales para enfrentar los nuevos desafíos, en cuyo marco disertó el presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), Daniel Palumbo.

Estuvieron presentes las diez obras sociales provinciales del Norte Grande, que constituyen la principal y más importante red de cobertura de la seguridad social en cada una de las provincias, brindando contención a aproximadamente el 20% de la población total. Participaron más de 300 funcionarios, directivos y profesionales de diferentes disciplinas ligadas a la administración de la salud, superando ampliamente las expectativas de los organizadores: Asociación y Cámara de Salud de Tucumán (Acyst) e Instituto de Políticas Económica y Gestión de Salud (Ipegtes).

Palumbo se refirió a la necesidad de repensar el sistema para los próximos años en cuanto a su financiamiento, destacando la ineficiencia estructural en la gestión de los sistemas sanitarios y en combatir la corrupción que creó la denominada industria de la salud.

Además, reclamó una mayor intervención en la regulación de la salud a nivel del Estado nacional y provincial, "que luego termina siendo víctima y funcional a intereses que nada tienen que ver con la salud", acotó.

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