El proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación continuará siendo debatido hoy, en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda que se reunirá en el Salón Azul del Senado de la Nación.

La reunión, que se iniciará a las 15, será la anteúltima que se llevará a cabo sobre el tema, ya que el oficialismo tiene previsto obtener dictamen del proyecto el miércoles por la mañana, según aseguraron fuentes del bloque del Frente para la Victoria. De ser así, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo estará lista para ser debatida en el recinto durante la sesión del miércoles 20 de noviembre.

Durante el plenario serán escuchados el vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alberto Binder; el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato; y el director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare. También fueron convocados la diputada provincial de Entre Ríos, Rosario Romero; y el subdirector de la Dirección de Legales y Contencioso de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Rodrigo Borda. Finalmente se recibirá al profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA, Fernando Díaz Cantón; al profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA, Maximiliano Rusconi; y al doctor en Derecho Penal, Carlos Enrique Llera.

El nuevo Código introduce, como modificación principal, reemplazar el actual sistema "inquisitivo" por un sistema legal "acusatorio", en el que la investigación preparatoria estará a cargo del fiscal que puede tardar hasta un año y que concluye con la acusación del imputado, exhibiendo las pruebas pertinentes al juez.

En la preparación del juicio se decide qué pruebas se tendrán en cuenta y se determina el tribunal que se hará cargo del proceso oral y público. La tercera etapa de la causa es el juicio en sí mismo, que no puede durar más de tres años.

Con este nuevo sistema "acusatorio", los fiscales son quienes realizan la investigación y recogen las pruebas, y el juez es un tercero imparcial que decide sobre la legalidad de las evidencias y valorará las pruebas que obtienen otros. Además, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.

Otra de las potestades de los fiscales es que podrán decidir cuáles delitos investigar. Sin embargo, el nuevo Código los obliga a investigar las causas en las que el imputado sea un funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en ejercicio de su función o en razón de su cargo o cuando apareciera como un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica o motivada por razones discriminatorias.

La prisión preventiva será dictada cuando exista peligro de fuga del acusado o este pueda entorpecer la investigación en función de la gravedad de las circunstancias del delito, su naturaleza, la conmoción social que provocó el hecho o las condiciones del imputado. Sin embargo, antes de llegar a la prisión preventiva el Código prevé una lista de 11 opciones. Estas opciones van desde la promesa del acusado de someterse al proceso, que entregue sus documentos, que se presente mes a mes en el juzgado, la vigilancia electrónica o el arresto en su domicilio.

Sin ser querellantes, las víctimas deben ser escuchadas, informadas y protegidas; y puede intervenir, seguir con la acción privada cuando el fiscal desista de la pública y participar de las audiencias previas a la libertad del condenado por el delito del que fueron víctimas.

Finalmente, y entre otros aspectos, el Código establece que los extranjeros ilegales detenidos en flagrante delito sean expulsados del país, siempre que el delito que se les imputa conlleve el cumplimiento de una pena privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior a tres años de prisión. De todos modos, se lo expulsará del territorio siempre que ello no vulnere el derecho de reunificación familiar. La expulsión dispuesta judicialmente conlleva, sin excepción, la prohibición de reingreso que no puede ser menor a cinco ni mayor a 15 años.