Continua la polémica en Tucumán por supuesta contaminación de Alumbrera

A partir de febrero, por orden de la Justicia Federal, peritos de la facultad de Ciencias Exactas de la UNT analizarán el impacto ambiental que causa Minera Alumbrera en el canal DP2.
Por su parte, ONG ambientalistas se oponen a que el peritaje sea realizado por personal dependiente de una universidad hoy constituida como socia de la denunciada minera. "Es vergonzoso y poco creíble que un socio investigue a otro", advirtieron desde Asanoa.

A prima facie la poca seriedad que esto representa, fundamenta los reclamos de las organizaciones ambientalistas. La aparente decisión del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, de designar cinco peritos dependientes de la Universidad Nacional de Tucumán para analizar la contaminación que causa Minera Alumbrera en el canal DP2, generó malestar en la Asamblea Socioambiental del NOA (Asanoa).

Es que el vínculo societario entre la empresa minera y la UNT, a través de la UTE Yacimientos Mineros Aguas de Dioniso (YMAD), pone un manto de dudas sobre la credibilidad de los peritos encargados por la Justicia para realizar las tomas de muestras de los efluentes provenientes de la planta de filtros que la minera tiene en Ranchillos.

"Es posible que desde Asanoa se realice una presentación para impedir que la UNT forme parte de esta investigación debido a que es socia de la minera denunciada. La Universidad debería ser excusada en este proceso, no por una cuestión de idoneidad sino por la credibilidad de los resultados", afirmó a primerafuente Alfredo Carbonel, referente de Asanoa.

El martes un grupo de ambientalistas estuvo en el Juzgado Federal Nº 2 donde se confirmó que la toma de muestras de los efluentes de la minera se realizará en febrero por parte de cinco peritos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT designados por sorteo. A ellos se les sumarán otros escogidos por la denunciada empresa minera.

Racedo tiene en sus manos la causa iniciada por el ex director de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González, por la presunta violación a ley federal 24.051 (sobre residuos peligrosos) por parte de Minera Alumbrera en el canal DP2, afluente de la cuenca Salí-Dulce.

"La causa contra el directivo de la minera, Julián Rooney, no está resuelta. Mientras tanto Minera Alumbrera continúa contaminando y saqueando nuestros territorios del NOA y desinformando a la población a través de reconocidos medios sobre la causa de contaminación de la trasnacional minera. A la vez, la Dirección de Minería de Tucumán continúa otorgándole permisos provisorios a esta trasnacional para que vuelque sus efluentes contaminantes en el canal DP2. Se le otorga así esta licencia para contaminar pues sus efluentes están excedidos en cuanto a conductividad eléctrica y sulfatos entre otros elementos establecido por la resolución local del Siprosa (1265/03) cuya resolución a su vez es inconstitucional y violatoria de la ley federal de residuos peligrosos 24051", denunciaron desde Asanoa.

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