La habitual reunión de los doce consejeros del Colegio de Abogados de este viernes abordó durante varias horas la situación de Carlos Fernando Arroyo, luego de que tres abogados le solicitaran a la entidad madre que se pronuncie por los antecedentes del candidato a intendente de Cambiemos. La decisión fue, por ahora, no expedirse acerca del planteo.

“Después de un amplio debate y de acuerdo al contexto político que vive la ciudad y el país, se resolvió que no corresponde el tratamiento en función de lo normado en el artículo 19 y 20 de la ley 5177” que establecer las funciones, atribuciones y deberes de los colegios, explicó a 0223 Fabián Portillo, presidente de la entidad.

“Esto no quiere decir que no lo abordemos más adelante”, advirtió Portillo.

La nota presentada por los tres abogados recordaba el pasado de Arroyo como funcionario de la dictadura y señalaba que, a su entender, eso debería inhabilitarlo para ocupar cargos públicos. Además hacía referencia a una inhabilitación por 5 días que le aplicó el colegio a principios de los 90 porhaberse quedado con honorarios de una abogada.

Tras esa presentación original, Portillo confirmó que hubo otras notas que apoyaron el pedido y otras que rechazaban los planteos. “Entendemos que es una obligación de la institución que conducen el dar el un mensaje a los vecinos del valor moral y ético de quien pretende ser intendente de esta ciudad, más cuando este colegio ha tomado partido votando negativamente, para postularse a la magistratura, a quienes hayan cumplido funciones durante la dictadura militar”, señala una de las notas presentadas en las últimas horas y que lleva la firma de una docena de abogados de la ciudad.

Por su parte, el abogado Andrés Barbieri tildó como “absurda” la presentación realizada por "tres militantes políticos". "Se pretende involucrar a toda la colegiación en una contienda de carácter partidario, absolutamente ajena a la competencia del Colegio de Abogados”, añadió.

Barbieri pidió que “se repruebe la deshonesta conducta desplegada por los denunciantes quienes han intentando comprometer y utilizar a todos los abogados en una disputa vinculada a intereses de estricto carácter partidario”.