Contaminación: mañana declaran los funcionarios y empresarios imputados

Determinación. Las autoridades judiciales deberán analizar si un intendente, dos empresarios industriales y un encargado son responsables de contaminar las aguas de la cuenca.
Mañana se realizará en los tribunales de Concepción de Tucumán la audiencia judicial en la que deberán declarar los funcionarios y empresarios tucumanos que fueron imputados días pasados por la contaminación de las aguas de la cuenca Salí – Dulce, tras la denuncia presentada por los integrantes de la ONG ambientalista Univec.

De esta forma, deberán concurrir a la citación judicial representantes de la firma Saneamiento y Urbanismo SRL, propietaria de lo piletones de tratamiento de efluentes cloacales de Alberdi y desechos industriales del ingenio Marapa, ubicados en la localidad de Los Guayacanes. Justamente, se sospecha que estos efluentes serían la causa de contaminación del arroyo Matazambi, que desemboca en el embalse de Río Hondo.

La denuncia que puso sobre la mira a Saneamiento y Urbanismo junto con los propietarios del ingenio Marapa y el intendente de Alberdi fue realizada tomando el caso de la población de Las Lomitas, que ubicada a la vera del arroyo cuya agua contaminada y en mal estado afectó sensiblemente la supervivencia de los pobladores.

También deberán estar presentes en la audiencia de mañana representantes de la firma Atanor (administra el ingenio Marapa), de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), del municipio de Juan Bautista Alberdi y los referentes de Univec. Gustavo Masmud y Claudia Cecilia Noguera.

La audiencia fue convocada por el juez de feria Pedro Roque Arnedo, del Juzgado de Menores del Centro Judicial de Concepción, para analizar las causas del daño ambiental en la zona y determinar a los responsables del mismo, a partir de una causa iniciada por la ONG Unión de Vecinos del Sur (Univec).

Ambientalistas, funcionarios, y juristas de Santiago y Tucumán se encuentran a la expectativa de lo que ocurra con este caso, después de que el fiscal Gustavo Gómez, que ordenó la imputación, dijera que “hay que meter presos a los responsables de la contaminación”. Cabe recalcar que si bien la Justicia tucumana condenó a funcionarios y empresarios por delitos ambientales, todavía no hay ninguno vinculado a la contaminación de la Cuenca Salí – Dulce.

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