La contadora general dice que Amaya decide dictatorialmente

Beltrán de Salido expuso por escrito su malestar por el desplazamiento de los auditores. La funcionaria solicitó al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas que actúe a fin de contribuir a la transparencia.
Oficialmente, el alejamiento provisorio de la contadora general de la Municipalidad de la capital, Patricia Beltrán de Salido, obedeció a cuestiones de salud. Sin embargo, esa desvinculación parece ocultar otras razones de fuerza mayor que tienen implicancias de carácter político. Además, la profesional dejó planteado por escrito la necesidad de contribuir a la transparencia en el funcionamiento de la administración pública.

LA GACETA accedió a un documento en el que la funcionaria pidió la intervención del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas en lo que ella consideró un avasallamiento de la intendencia de la capital en contra de sus funciones.

Beltrán de Salido denunció que en la gestión del intendente, Domingo Amaya, se tomaron decisiones "sin consulta y en forma dictatorial". Planteó que se declaró el cese de funciones de tres de sus principales colaboradores. Se trata de las contadoras Marcela Lascano de Farber, Viviana Umar y Silvia Otero, que cumplían funciones de auditores en los departamentos de Contabilidad y Patrimoniales.

Por decisión del intendente Amaya las tres auditoras fueron enviadas a registrar las asistencias en las Direcciones de Cultura y Turismo; de Familia y Desarrollo Social y de Espacios Verdes. La argumentación que dio la Municipalidad -según el escrito de la contadora- era que no cumplían el requisito del concurso de antecedentes y oposición para llegar al cargo que venían desempeñando. Sin embargo, la funcionaria demandó que las nuevas jefaturas designadas tampoco se sometieron a concurso, lo que representa -dijo- una contradicción.

Además, Amaya dispuso que los contadores Inés Aráoz y Jorge Visintini no se se dempeñen más como auditores y que, en adelante, pasen a registrar las asistencias del personal en las Direcciones de Deportes y de Cementerio, respectivamente.

La contadora, en uso de licencia, había solicitado (expediente 105.564/09) al intendente Amaya que revea los desplazamientos adoptados con los auditores, porque se resentía el normal funcionamiento de la contaduría general como órgano de control de los gastos. Pero, la funcionaria todavía no obtuvo una respuesta a ese requerimiento.

Sin respuesta

El 18 de junio, la contadora no pudo entrar a su oficina porque, sin su conocimiento, se había dispuesto el cambio de la cerradura. Las dos personas que sabían de esa medida eran los contadores Miguel Perea (designado recientemente como jefe del Departamento de Auditores Fiscales) y Armando Varela (subcontador de la Municipalidad).

Luego, por medio del decreto 2.383/09 se designan nuevos auditores fiscales -explicó la contadora Beltrán de Salido-, pero estos quedan sujetos a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda del municipio. En este caso, la profesional denunció un vaciamiento y una usurpación de funciones, porque -dijo- la decisión de elegirlos le corresponde a ella según lo establece la ordenanza de contabilidad.

Los nuevos auditores son las contadoras Norma Ale Sucre y Silvina Usandivaras. En el escrito, la contadora Beltrán de Salido solicitó al Colegio de Graduados que se dirija al intendente Amaya "requiriéndole el cese del avasallamiento".

Durante la jornada de ayer, desde el Departamento Ejecutivo Municipal no contestaron las consultas de LA GACETA, en las que se pidió una opinión sobre el escrito de Beltrán de Salido.

Quejas en cinco carillas

La misiva de la contadora fue enviada a la titular del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Patricia Manso.

Además de la contadora Beltrán de Salido, la nota también fue firmada por Jorge Visintini e Inés Ercilia de Aráoz.

El conflicto se inició el 12 de junio, cuando se decidió la remoción de dos auditores y el cese de funciones de tres contadoras.

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