Contactos con partidos y gremios para buscar una solución a la Caja

Hubo reuniones entre funcionarios provinciales y el máximo nivel del juecismo y el radicalismo. Las conversaciones también incluyeron a representantes de cuatro gremios de empleados estatales.
La severa situación financiera de la Provincia, derivada en el fondo del déficit estructural de su sistema previsional, enciende las luces de alerta en todos los escritorios. No sólo en los del Gobierno de Juan Schiaretti, donde hace rato que las lámparas están en rojo por la Caja de Jubilaciones de la Provincia, sino también en los de la oposición y en los de los gremios estatales.

Al punto que en las últimas dos semanas han sucedido cosas inéditas para la política provincial: existieron al menos dos diálogos de orden muy preliminar entre funcionarios del Gobierno y el máximo nivel del juecismo y del radicalismo, y al menos otras cuatro conversaciones informales con dirigentes de Luz y Fuerza, de bancarios, casinos y empleados públicos. Este diario no pudo establecer si hubo alguna reunión con el otro actor crucial: el delasotismo.

Las fuentes consultadas prefieren el anonimato por dos sencillas razones: todos saben que el problema es muy serio y que golpeará con dureza al futuro Gobierno provincial –sea del color que sea–; y saben que las conversaciones son demasiado preliminares y que la trascendencia podría ponerle una bomba a lo que, de prosperar, podría terminar siendo algo inédito en la provincia: una política de Estado, que encima se focalizaría en el sector más caliente de las finanzas públicas cordobesas.

Reconocer la gravedad. Un funcionario que participa en esos diálogos remarca que, por ahora, nadie ha llegado a plantear medidas concretas. "Lo que hay es una especie de reconocimiento del problema, lo cual ya es bastante. Los gremios, por ejemplo, están haciendo un esfuerzo por analizar aún más a fondo el problema. Y en general reconocen su gravedad, por un lado, y descubren que las soluciones no son simples".

Un ejemplo. Desde los sindicatos se ve con claridad que el sistema previsional, tal como está la ley, incluso con la reforma introducida el año pasado, constituye un cepo para las posibilidades de mejora de los salarios: por cada punto porcentual que suben los sueldos de los activos, aumenta en un punto el déficit previsional.

Puestos a pensar alternativas, algunos dirigentes sindicales sugirieron nuevos impuestos para sectores como el juego. Pero incluso el hecho de gravar con tasas extra actividades que, como ésta, no son bien vistas por una mayoría social, tiene sus límites. En efecto, los empleados de los casinos pusieron reparos. "Ya tenemos una brutal carga impositiva. Si encima le van agregar más impuestos, nosotros desaparecemos. Va a quedar sólo el juego ilegal", opinó un gremialista en esas conversaciones.

La banda está tocando. En los dos principales partidos políticos el tema es una brasa caliente. Quien quiera gobernar Córdoba sabe que está atrapado en una paradoja: o apoya ahora algún tipo de medida –y ninguna será simpática– para frenar un rojo inatacable o tendrá que prepararse para que su futura gestión esté signada por el descalabro.

"Nosotros no fuimos los que hicimos este desmanejo, este desastre", se ofuscan en la cúspide del juecismo, sin por eso desconocer que la banda está tocando y hay que decidir si se sale a bailar ahora o después. Uno de los gerentes de la Caja tiene una estrecha cercanía con este sector político, de manera que en ese rincón nadie ignora la situación. Temen que el oficialismo simplemente la aproveche para obligarlos a apoyar un tope a los haberes jubilatorios.

En el schiarettismo las cosas se ven distintas. "El Gobierno podría ir zafando a los patadones. Seguir funcionando un tiempo más con los parches y dejarle el problema al que venga. En el juicio a la Nación, algún dinero le vamos a sacar. Pero después va a ser difícil. Hasta el pago en bonos a los jubilados que habilitó la ley de emergencia –por la que el gobierno de Juan Schiaretti pagó un fuerte costo político– tiene cada vez más agujeros, porque por los amparos judiciales a un porción creciente hay que pagarla en pesos", explica un funcionario.

Además, hay un detalle: la ley de emergencia vence en agosto de 2010, con lo que se cae el pago parcial en bonos a los haberes más altos y la contribución patronal extra.

Un alto dirigente del radicalismo, que también tomó un contacto meramente preliminar en estas conversaciones, admite que "alguien tiene que ponerle el cascabel" al déficit de la Caja. Para él, el momento no es el más propicio. "Además, no sé si el Gobierno actual tiene espaldas políticas para encarar algo así", opina, y dice que, si estas charlas llegaran a buen puerto, él sería partidario de "no sacarle el culo a la jeringa". Y sabe de lo que habla. Ramón Mestre tuvo que bancarse, solo, recortar 18 por ciento los haberes por medio de un decreto que muchos años después la Corte Suprema declaró inconstitucional. Hubo que volver a pagar lo que dice la ley. Y el sistema volvió a ser insostenible.

Déficit por ley. Políticos y sindicalistas no ignoran que, al fin y al cabo, la ley previsional cordobesa otorga a los ex empleados públicos provinciales beneficios que multiplican varias veces los que recibe cualquier argentino en cualquier otro sistema: un haber promedio del orden de los 3.500 pesos contra uno de 800 pesos.

La norma –que fue modificada, pero sigue vigente en sus aspectos centrales– otorga unos derechos que no pueden pagarse con lo que la misma ley establece como obligaciones en cuanto al aporte previsional de los empleados y el Estado. El achique de esos beneficios en la reforma previsional del año pasado, forzada por la Nación, no parece haber sido suficiente, a juzgar por los números en rojo.

Es un quiebre estructural con fuerza de ley, por eso se cumple en forma tan inexorable cada vez que la norma se aplica, más allá de los desmanejos que hicieron gobiernos que jubilaron sin los aportes necesarios (como sucedió durante el angelocismo) o que habilitaron jubilaciones anticipadas con la ilusión de que las iba a pagar la Nación y luego cubrieron las vacantes sin siquiera hacer concursos abiertos (a la ley la impulsó el gobierno delasotista y la aprovecharon también intendentes de todos los colores, incluidos los juecistas).

Ni siquiera con los impuestos que paga el resto de los ciudadanos –que nunca cobrarán jubilaciones cuatro veces más grandes en promedio– se logra equilibrar los números.

Este año, de estos bolsillos tendrán que salir unos 1.160 millones de pesos, casi lo mismo que cuesta toda la educación primaria de Córdoba. Y aún así, no alcanza. Porque esa pesada mochila se expresa en mayor endeudamiento a tasas de interés crecientes, que desestabilizan a las finanzas públicas en su conjunto y dejan a toda la economía (no sólo a la pública) con el corazón en la boca.

Ya una vez, con el angelocismo, la provincia quebró para que la Caja pagara beneficios astronómicos en comparación con sistemas similares ¿Sucederá otra vez o el poder político encontrará la forma de no especular con la destrucción del oponente?

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