Consumidores apuntan contra las telefónicas de celulares

Por las quejas de los usuarios, ARCo presentará en la Cámara de Diputados un proyecto para regular la prestación de servicios de empresas de telefonía celular.

Por la Asociación de Riojana del Consumidor, ARCo. Escribe su presidente, Emanuel Akiki. www.arcodefensa.com.ar

Ante las crecientes quejas de los usuarios, que lideran todos los rankings de reclamos denunciados en la Asociación Riojana del Consumidor, presentaremos un proyecto de Ley que busque regular las relaciones contractuales entre las empresas de telefonía móvil y los usuarios.

En cuanto a porcentajes de infracciones, un 22% de las quejas tiene que ver con la garantía, 26% con la mala prestación del servicio, 43% con las bajas del servicio y un 9% debido a publicidad engañosa.

Según nuestra base de datos, la empresa con mayores incumplimientos es CLARO, seguida por MOVISTAR y en el último término PERSONAL.

Se estima que habrá en el mercado alrededor de 20 millones de teléfonos celulares, lo que significa que la mitad de los argentinos son propietarios de un móvil. El crecimiento en la venta en todo el país ha provocado que también se acentúen los reclamos.

Otras irregularidades que se analizan están dirigidas a verificar si las empresas recurren a publicidad engañosa y a la posibilidad de conservar el mismo número de teléfono en el caso que el usuario quiera cambiar de prestador del servicio.

Hay muchas quejas, por el cual solicitamos a las empresas y a quienes comercializan los aparatos que respeten a los usuarios que son la parte más débil del contrato con las empresas de telefonía celular.

Otra razón mas que justifique nuestra iniciativa son los cobros indebidos en algunas facturas. Son montos que aparecen en los resúmenes mensuales de pago y que no fueron estipulados previamente, como el "cargo por pago fuera de término", y el "cargo por gestión de cobranza".

Esta iniciativa se funda en la necesidad de actualizar las normas, ya que se caracterizan por ser "anacrónicas" las actuales. Los puntos sobresalientes de la ley, como la "disolución de los contratos" que hoy demora un año y obliga a los usuarios a seguir pagando el servicio.

La reiteración de la interrupción de los servicios en cuestión, expone la negligente conducta de las empresas prestadoras, dejando en clara e insoslayable evidencia la vulnerabilidad del sistema. La gravedad de la recurrencia – y en consecuencia, del incumplimiento- resulta excluyente causa de la presente medida.

El incumplimiento de los servicios importa también –por lógica consecuencia- una notoria y evidente afectación y cercenamiento de los derechos de los usuarios, y particularmente sus intereses económicos, cuya protección declara expresamente nuestra Carta Magna.

Aspectos principales del proyecto

El prestador no podrá establecer plazos mínimos para la vigencia del contrato.

El contrato se extingue por las causas generales de extinción de los contratos y, especialmente por voluntad del usuario quien debe comunicar de modo fehaciente al prestador del servicio con una antelación mínima de 15 (quince) días.

La facturación debe realizarse por el tiempo real de uso, expresado en minutos y segundos, según corresponda, quedando prohibida la práctica del redondeo de segundos a minutos exactos, para su cobro.

Los prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles deben establecer en el contrato con el usuario, la facultad de desconexión del servicio. A tal fin, aquel debe comunicar al prestador su decisión de modo fehaciente y el prestador dar cumplimiento en el plazo máximo de 5 (cinco) días desde la recepción de la comunicación. En caso que el servicio no se suspenda en el plazo indicado, por causas no imputables al usuario, serán a cargo del prestador los costos derivados del servicio y cuya desconexión se solicitara.

El prestador debe brindar al usuario información adecuada y veraz sobre la queja o el reclamo formulados en los siguientes plazos: a). reclamos por interrupción o deficiencias del servicio en 3 (tres) días hábiles administrativos; b). reclamos por error de facturación en 10 (diez) días hábiles administrativos; c). otros reclamos en 15 (quince) días hábiles administrativos.

No habiendo sido cancelado el importe total adeudado, el prestador podrá dar de baja el servicio en forma definitiva, extinguiéndose automáticamente el contrato existente y quedando el prestador facultado para disponer libremente del servicio y del número asignado al cliente. La baja definitiva no implica la liberación de la obligación al pago de la deuda pendiente.

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