Una consultora determina la situación de EDECAT

El trabajo fue encargado por el Gobierno provincial. Desde 2004 no se aprueban balances.
Un trabajo comisionado por el Gobierno provincial a una consultora privada, busca conocer el estado financiero-legal de EDECAT, especialmente en el período posterior a 2004, que es el año en que Sergio Taselli cedió la conducción de la empresa a su hermano Alberto. El dato había sido dado a conocer por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Acuña, durante la reunión que mantuvo la semana pasada con la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Contratos, y según estiman en el organismo, los resultados preliminares serían elevados en los próximos días al Gobernador.

Puntualmente, el trabajo apunta a determinar la situación contable, ya que desde el año de traspaso de la titularidad de la empresa, no se aprueban los balances. Por otro lado, el conglomerado de Taselli controlante de EDECAT hasta que la Provincia ejecutó la garantía prendaria -en octubre del año pasado-, IATE S.A., demanda el pago de una importante deuda -alrededor de 27 millones de pesos-. Esto implica que la auditoría también deberá establecer la legitimidad de ese reclamo.

Según explicaron oficialmente, la deuda se generó por "préstamos" otorgados por empresas de Sergio Taselli a EDECAT, sobre la que hubo cuestionamientos desde que el Gobierno tomó el control de la firma. Fue por esa razón que presentó una denuncia penal por un supuesto vaciamiento de la distribuidora, y solicitó a la Justicia que frenara los embargos que habían comenzado a librarse sobre las cuentas de la firma.

Hasta que se dictó un "blindaje" de las cuentas de EDECAT, los embargos alcanzaron a poco más de los seis millones de pesos.

El ministro Acuña sostuvo días atrás que la falta de información cierta sobre el estado de EDECAT, es lo que está frenando la confección de los pliegos mediante los cuales se venderá el 51% de las acciones clase "A".

Este mecanismo, previsto en el decreto firmado por Eduardo Brizuela del Moral, que habilitó la toma del control de la privatizada, establece que de esa manera se indemnizará a los propietarios.

Según los plazos contractuales, el Gobierno tenía 120 días para realizar el trámite, desde octubre de 2008, aunque en la Asesoría Legal sostienen que no hay pena por incumplir este plazo.

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