La contraofensiva del oficialismo por la denuncia de fraude de la oposición está en marcha. Con el apoyo de los abogados constitucionalistas alineados al kirchnerismo Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, el Frente para la Victoria (FpV) tucumano buscará que la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo deje sin efecto la medida cautelar que, pese a la conclusión del escrutinio, le impide a la Junta Electoral Provincial (JEP) proclamar a ganadores de los comicios del 23 de agosto.

El alperovichismo, a través del partido gobernante, tiene además en carpeta una “batería” de medidas para tratar de rebatir la acción de amparo que plantearon el radical José Cano y el peronista disidente Domingo Amaya. Los aliados del Acuerdo para el Bicentenario (ApB) iniciaron ese proceso con el fin de que se anule la elección del 23 de agosto y se vuelva a votar.

En la sede del Partido Justicialista (PJ) de calle Virgen de la Merced al 100, Barcesat y Cholvis brindaron una rueda de prensa en la que anunciaron que, a su criterio, se podría realizar una demanda penal por presunta sedición contra Cano y Amaya. Incluso, no descartaron que se incluya en la acusación a Salvador Ruiz, camarista de la Sala I que firmó la cautelar que “congeló” las proclamaciones.

Los constitucionalistas explicaron que la estrategia podría complementarse, por un lado, atacando el amparo en el fuero Contencioso Administrativo; por otro, se estudia la posibilidad de plantear un per saltum (recurso que evita el paso de instancias previas) con el objetivo de que intervenga la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).

Los abogados Barcesat y Cholvis estuvieron acompañados por la presidenta del PJ local, la senadora nacional Beatriz Rojkés de Alperovich, y por el apoderado del partido, Marcelo Caponio. En la rueda de prensa, los constitucionalistas cuestionaron las acusaciones de clientelismo de la oposición. “Hay una descalificación hacia el pueblo de Tucumán, (porque hablan) como que sus voluntades fueran objeto de compra-venta. Esto, sin ninguna duda, remite a un principio de que el voto calificado es el que vale, y no el voto del pueblo. Nosotros somos profundamente respetuosos del principio de soberanía del pueblo y su expresión a través del acto electoral. Hay que acelerar las vías para el levantamiento de esta inadmisible medida cautelar, que se aleja de toda racionalidad del discurso jurídico y las prácticas jurisdiccionales. Los jueces deben ser conscientes de la división de poderes”, dijo Barcesat. 

LA GACETA le consultó si entendía que el reparto de bolsones y el traslado de electores implicaban fraude, como dice la oposición. “En absoluto creo que el pueblo de Tucumán sea pasible de que su voluntad sea comprada, adquirida o alquilada. La acción de solidaridad y asistencialismo, en cualquier momento en que se preste, es bienvenida; creo que no se puede combatir el hambre (de una forma) que no sea resolviendo el hambre. Esto es acto de solidaridad asistencialista, y no puede ser impugnado o repugnado. Además nada impide que cualquier sector vaya y aporte de alguna manera para paliar problemas de calidad de vida alimentaria, nutricional, etcétera”, señaló el constitucionalista. Una periodista le recordó que la Junta Electoral había dictado una resolución prohibiendo esas prácticas y advirtiendo que son delitos. “No conozco una resolución, no me fue exhibida. Pero bueno, en ese caso habría que impugnar la medida (de la JEP)”, dijo. Y agregó: “me parece descalificable no el acto (asistencialista), sino la resolución (de la Junta)”.

El letrado se mostró contrario a la chance de una intervención federal. “Esto tiene que ser resuelto en el ámbito de la Provincia, que las autoridades de la Provincia salgan fortalecidas”, reflexionó Barcesat. Agregó que la demanda por sedición “será contra todas aquellas personas que confronten contra este resultado electoral defintiivo”. Y aceptó que, entre ellos, están Cano, Amaya y el juez Ruiz.

Cholvis señaló la necesidad de que se levante la medida cautelar que impide las proclamaciones, algo que el oficialismo está solicitando a la Justicia provincial. “Esa actitud elitista, aristocrática, que pretende dar una minusvalía al voto popular, es el fondo de la cuestión que estamos tratando”, remarcó.

Al final de la conferencia, este diario le consultó a Barcesat si acusar a magistrados de sedición antes de que dicten el fallo de fondo no implica “presión política”. “No, no es presionarlos, sino marcarles un error procesal”, respondió.

La postura del peronismo

“Los consejos de Barcesat y Cholvis son claros, el FpV debe intervenir en el proceso”

Eduardo Salvador Barcesat (1940) nació en Córdoba, se recibió en Derecho en la UBA en 1962 y luego realizó un doctorado en esa facultad. Afín al kirchnerismo, es reconocido por su labor en derechos humanos. Jorge Francisco Cholvis también realizó su carrera de grado en la UBA, y brindó charlas sobre el modelo kirchnerista en diversas ocasiones. El apoderado del FpV local, Marcelo Caponio, indicó que “los consejos (de los letrados) son claros”. “La decisión es que el FPV debe intervenir en el proceso judicial, que ya no es sólo entre Cano y Amaya contra la Provincia. A partir del escrutinio final tenemos un interés y derecho legítimo de participar. Ya veremos si es a través de la revocación de la cautelar en el fuero contencioso, si es vía per saltum a la Corte o por vía penal por sedición”, dijo Caponio.

Debate jurídico

Mientras el oficialismo no descarta el “per saltum”, la oposición critica esa estrategia

El apoderado del FpV tucumano, Marcelo Caponio, no descarta la vía del “per saltum” para que el expediente llegue a la Corte Suprema; sin embargo, el oficialismo antes trataría de “atacar” la cautelar que prohibe las proclamaciones en el propio fuero contencioso administrativo. En la oposición, el apoderado del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), Daniel Ponce, afirmó que no están dadas las condiciones para un “per saltum” ya que el proceso judicial por presunto fraude está en trámite en la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. “Esta vía en Tucumán es sólo para saltar recursos, no instancias, no pueden sacar al juez natural”, dijo. Y agregó: “que vengan distinguidos constitucionalistas a dar fundamentos para su fundamentación nos da la pauta de que la demanda está bien planteada”.