La Constitución hace cola en la Legislatura

No todo es selección y remoción de jueces en la deuda del poder político con la Carta Magna tucumana. Tras la reforma de 2006, la Ley Fundamental emplazó a los legisladores a que consagraran una serie de institutos que siguen sin estar operativos. También hay principios y garantías que carecen de efectividad en la realidad.
Después de tres años de confrontaciones, finalmente, se pondrá en marcha el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), recientemente conformado por ley, más allá de que su integración y de otras que cuestiones aún generan polémica. Este órgano persigue como finalidad institucional atenuar la incidencia de los poderes políticos en el proceso de selección de los interesados en cubrir cargos en la judicatura. Junto a esto, se ha retocado el Jurado de Enjuiciamiento, con lo que se ha cerrado un capítulo que estaba inconcluso desde que fue sancionada la reforma constitucional de 2006.

Sin embargo, las deudas con los mandatos de la Carta Magna no se reducen a lo judicial. A más de tres años de la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional, los poderes políticos están en mora respecto de la instrumentación de numerosos institutos.

Todavía hacen cola en la Legislatura, en espera de que sean sancionadas, la Ley de Acefalía, el régimen de autonomía municipal, el voto electrónico y, nada menos, la Ley sobre Régimen Electoral y de los Partidos Políticos. Respecto de estas dos últimas cuestiones sí fueron dictadas sendas normas durante el último tramo de la actuación de Fernando Juri como presidente de la Legislatura, pero fueron vetadas por el gobernador, José Alperovich.

Para los cuatro casos mencionados, la Carta Magna establecía plazos que no fueron respetados. Pero hay otros mandamientos constitucionales que, pese a no pautar términos perentorios, tampoco se han tornado operativos. Allí se anotan la participación de los usuarios y de los consumidores en los organismos de control, así como las medidas positivas exigidas para la preservación del medio ambiente.

Claro está que hay órganos que fueron creados poco después de la reforma, como el Ente Tucumán Cultura, y hay principios constitucionales anteriores a 2006, que siguen sin ser respetados, como el artículo 12, que pauta la licitación como el mecanismo regular para la enajenación de bienes fiscales y otras contrataciones que celebre el Estado. Respecto de estos vale la enseñanza de Germán Bidart Campos: "esas normas mantienen su vigencia normológica y permanecen -en cuanto normas- en el orden normológico de la Constitución como un sector atrofiado del mundo jurídico".

LEY DE ACEFALIA

No está escrito quién sustituye al que se va

A principios de octubre de 2006, los tucumanos deberían haber contado con una normativa actualizada que establecería cuál es el orden de sucesión en los poderes del Estado cuando se suscita la ausencia de alguna de sus autoridades. "La Legislatura deberá dictar la Ley de Acefalía dentro de los ciento veinte días de sancionada la presente Constitución", dice el artículo 163 de la Carta Magna reformada en 2006.

La carencia de esa legislación se pondrá de manifiesto en los próximos días, cuando deba integrarse la Junta Electoral Provincial (JEP) para organizar y controlar los comicios en los cuales los abogados deben elegir un representante del sur y otro de la capital para que los represente ante el Consejo Asesor de la Magistratura. Según la Constitución, en su artículo 43, uno de los integrantes de la JEP es el vicegobernador, pero Juan Manzur se encuentra en uso de una licencia especial para desempeñarse como ministro de Salud de la Nación.

REGIMEN ELECTORAL

Ninguna ley reemplaza a los extintos lemas

"En ningún caso la ley podrá establecer el sistema de doble voto simultáneo y acumulativo", pauta el artículo 43 de la Constitución de 2006. En otras palabras, prohíbe la reedición de la Ley de Lemas. Ese mismo artículo fija las pautas generales de lo que se conoce como el "sistema de acople", por el cual un partido puede postular legisladores propios y "acoplar" esa lista a la fórmula de gobernador y vice de otra fuerza política.

Dadas estas nuevas reglas, la Carta Magna estableció en su artículo 158 que, a partir de su sanción -operó el 6 de junio de 2006-, los legisladores tendrían 120 días para dictar la Ley sobre Régimen Electoral y de los Partidos Políticos, plazo que no se cumplió. Pero el 12 de febrero de 2007, cuando ya había estallado la pelea interna entre el gobernador, José Alperovich, y el entonces vicegobernador, Fernando Juri, la Legislatura aprobó una ley electoral, junto con otras cuatro normas que el Poder Ejecutivo, finalmente, vetó.

VOTO ELECTRONICO

La tecnología aún no sale del cuarto oscuro

La Provincia debe implementar el sistema de votación electrónica de manera progresiva, según lo permitan las exigencias técnicas y económicas que demanden la ejecución de este mecanismo. Así lo establece el artículo 157 de la Carta Magna de 2006, que en lo referido a la instrumentación de esta tecnología electoral no le fija plazos al Gobierno provincial.

Sin embargo, la mencionada cláusula transitoria si le pautaba límites temporales al Poder Legislativo provincial. "La ley reglamentaria del mismo deberá ser aprobada antes de la finalización del año 2006", fijó. A pesar de ello, la Legislatura hizo caso omiso del emplazamiento constitucional y a la fecha no ha dictado la normativa que el mismo alperovichismo exigió cuando reformó el principal digesto provincial.

"Mientras tanto, se mantiene el sistema electoral que esta Constitución establece y leyes que reglamenten la materia", aclaraba, previsoriamente, el artículo 157.

MUNICIPALIDADES

La autonomía sigue siendo un sueño eterno

La Constitución Argentina advierte en su artículo 5 que la Nación garantizará la autonomía de las provincias y el funcionamiento de sus instituciones en la medida en que ellas aseguren su administración de justicia, la educación primaria y su régimen municipal.

A esta última cuestión refiere el artículo 132 de la Carta Magna de Tucumán: "Esta Constitución consagra la autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional de los municipios. Podrán dictar su Carta Orgánica mediante una Convención convocada por el Intendente en virtud de una norma dictada por la Legislatura".

Precisamente, el artículo 165 establece que esa ley reglamentaria debía ser aprobada antes del 31 de diciembre de 2007: todavía no fue sancionada norma alguna.

"La Provincia no podrá vulnerar la autonomía que por esta Constitución se consagra, ni limitar las potestades que para asegurar la misma se confiere", asevera el mencionado artículo 132.

MEDIO AMBIENTE

Faltan medidas para reducir la contaminación

Durante los últimos meses los tucumanos han padecido los problemas suscitados por la arraigada costumbre de quemar caña para reducir costos durante el período de zafra. Asimismo, no han sido pocos los percances generados por el establecimiento de plantas de tratamientos de residuos a pocos metros de cauces de ríos. Esto, pese a que el artículo 41 de la Constitución establece: "la Provincia de Tucumán adopta como política prioritaria de Estado la preservación del medio ambiente".

Entre muchas otras obligaciones impuestas en cabeza del Estado, la Carta Magna reformada en 2006 ordena "prevenir y controlar la contaminación y la degradación de ambientes por erosión, ordenando su espacio territorial para conservar y acrecentar su equilibrio". Asimismo, estatuye que la Legislatura "determinará por ley el régimen de competencia en materia ambiental, delimitando expresamente las facultades que corresponden a la Provincia y a los municipios".

PREAMBULO

La democracia participativa es un anhelo

Como para que no quedaran dudas sobre la plena fuerza operativa de sus disposiciones, la Constitución de 2006 puso expresamente de relieve este carácter, con lo que ha seguido la tónica adoptada por otras Cartas Magnas provinciales (Salta o Chubut) e incluso por las de algunos países (España). Esto se advierte cuando el artículo 5 establece terminantemente: "toda autoridad pública tiene la obligación de respetar, hacer respetar y proteger la dignidad de las personas, y está sujeta a la Constitución y al orden jurídico". En el mismo sentido, la norma agrega: "los derechos y garantías establecidos en esta Constitución son de aplicación operativa, salvo cuando sea imprescindible su reglamentación".

Otro dato interesante -para contrastar si la previsión normativa ha incidido en alguna medida en la realidad política- es que el preámbulo de la Constitución fija como aspiración valorada por la sociedad tucumana la necesidad de fomentar y construir "una democracia participativa y pluralista".

DECLARACIONES

Sin efectividad, los derechos se vuelven ilusorios

La Carta Magna de 2006 se inscribe en el lote de las Constituciones que contienen larguísimas declaraciones de derechos. Partiendo de que no hay tramo del texto constitucional que no tenga fuerza normativa, estas interminables enunciaciones, cuando no se cumplen efectivamente, ponen de manifiesto la magnitud de los incumplimientos. Esto, además, puede dar lugar a que un ciudadano damnificado por alguna omisión concreta recurra a los jueces para demandar la imperatividad de los mandatos constitucionales.

Así, por ejemplo, el artículo 40, inciso 5 ordena que "los discapacitados tendrán, por parte del Estado, la necesaria protección a fin de asegurar su rehabilitación, promoviendo su incorporación a las actividades laborales en función de su capacidad, sin discriminación alguna". En otro plano, se impone a la Legislatura el dictado de "leyes tendientes a estimular la formación, protección y evolución de las micro, pequeñas y medianas empresas" (artículo 67, inciso 9).

ABORIGENES

Los problemas de los pueblos originarios

En su momento, el oficialismo se jactó de que el artículo 149 de la Constitución reformada en 2006 reconozca "la preexistencia étnico-cultural, la identidad, la espiritualidad y las instituciones de los pueblos indígenas que habitan en el territorio provincial". Además de "garantizar la educación bilingüe", dicha norma valora la importancia que "la propiedad comunitaria de las tierras" tiene para dichas comunidades, razón por la que se asegura "la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano". Asimismo, la disposición ordena a la Legislatura "dictar leyes que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos".

No obstante, el 9 de julio, por ejemplo, dirigentes de las 19 comunidades de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita entregaron un petitorio a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el que denunciaban problemas por las tierras. "Estamos hartos de que no respeten nuestros derechos, que están reconocidos constitucionalmente", se quejaron ante LA GACETA.

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