No hay una constancia de entrega del Polideportivo.

Desde Obras Públicas aceptaron que el Estado provincial podría demandar a la concursada constructora Sol Obras por el gimnasio. Además le apuntaron principalmente al responsable técnico de la empresa.
La semana pasada tuvo un alto voltaje mediático la información sobre el derrumbe del polideportivo de Ataliva Roca, a raíz del tornado que pasó por esa localidad hace doce días. El jueves, los diputados opositores Claudia Giorgis y Hugo Pérez, concurrieron hasta allí y anunciaron que irían a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la justicia penal para pedir una profunda investigación. Un día después, el viernes, el intendente de Ataliva, Martín Borthiry, les ganó de mano y por la tarde concurrió a la FIA -con un escrito- para solicitarle al fiscal Juan Carlos Carola una investigación administrativa. "Se tiene que determinar si hubo fallas técnicas o no, y si las hubo queremos que los responsables se hagan cargo", reclamó.

Sin embargo, en medio de ese alto voltaje mediático, ayer se supo que el ministro menos mediático del gabinete jorgista, Paulo Benvenuto, fue el primero en reclamarle a Carola que indague porqué se cayó el polideportivo.

El responsable de la cartera de Obras y Servicios Públicos firmó el lunes 2 -el primer día hábil después del huracán- una resolución ordenando "la investigación sumarial correspondiente, por ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, con relación a la obra 'remodelación y ampliación del gimnasio de Ataliva Roca', por los motivos expuestos en los considerandos de la presente".

Benvenuto no sólo entregó una copia de esa resolución, sino que confirmó lo publicado por este diario la semana anterior: que caducó el año de garantía que tenía la empresa Sol Obras, constructora del gimnasio del club Pampero, para reparar eventuales fallas.

Incluso Benvenuto fue más allá y reveló que a raíz de que Sol Obras pidió su concurso preventivo y abandonó los 13 contratos por 23 millones de pesos que tenía adjudicados por la gestión del gobernador Carlos Verna, el gobierno provincial nunca firmó una recepción definitiva de la obra que costó 1.858.000 pesos y fue inaugurada el 29 de septiembre de 2007 para los festejos del 105º aniversario de Ataliva Roca.

- ¿Cómo que no hubo una recepción definitiva?

- Porque durante los doce meses de garantía, Sol Obras dejó los trabajos y pidió el concurso de acreedores. Lo que hubo fue una recepción parcial, pero el expediente (administrativo) nunca se cerró porque faltó el acta definitiva.

- O sea que el dinero para la reconstrucción del polideportivo volverá a salir de las arcas del Estado.

- Y, sí.

- ¿El gobierno demandará a Sol Obras?

- Es factible, es una posibilidad. Depende de lo que determine la Fiscalía de Investigaciones y el estudio técnico externo que contratamos.

- ¿Ese estudio lo contrató el ministerio para saber por qué se cayó el gimnasio?

- Sí. Preferimos contratar a alguien ajeno al ministerio para que no se evalúen entre sí los propios compañeros.

- ¿Se puede ver el expediente con la inspección final de la obra?

- Fue enviado a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

- ¿Quiénes fueron los responsables directos de la obra?

- La empresa y el responsable técnico de Sol Obras (NdeR: Raúl Horacio Lechner, ex funcionario de la Municipalidad de Puan, quien está procesado por tres delitos e irá a juicio por presuntos hechos de corrupción)

- ¿Y Juan Velásquez, el inspector del ministerio?

- La Provincia, indudablemente, tuvo que controlar la obra, pero un inspector no mira el diámetro de los hierros o la cantidad de cemento que se usaba para el hormigonado. Eso le corresponde al responsable técnico de la constructora. Ahora, si el inspector cree que hay deficiencias en la construcción de una obra, debe pararla.

- Velásquez no lo paró.

- No.

- Y firmó el informe final.

- Sí. Pero insisto, si, por ejemplo, las fundaciones estuvieron bien o mal hechas es responsabilidad de la empresa.

Cuatro puntos

Benvenuto estuvo el viernes del tornado en Ataliva Roca y a las 72 horas rubricó, dentro del expediente administrativo de la obra, la resolución 34/09 ordenando la investigación sumarial a través de la F.I.A.

El ministro señaló en los considerandos que "la obra ha sufrido su colapso estructural y ruina (...) Es propicio dar curso a las investigaciones que propendan a esclarecer las circunstancias de hecho acontecidas y sus causas técnicas para así tomar las acciones apropiadas en su consecuencia".

Agregó que "en virtud de la índole y la materia de lo acontecido, es necesario discernir si existe responsabilidad en los hechos ocurridos, correspondiendo dar intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para el inicio de la indagación sumarial pertinente (...) Que además, atento a poder encontrarse comprometidos los intereses patrimoniales del Estado provincial, como comitente de la obra, corresponde dar conocimiento a la Fiscalía de Estado".

El jueves pasado, Carola le pidió a Benvenuto cuatro datos: a) la situación actual del tinglado del polideportivo, b) si se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a establecer la causa de la caída, c) el número y la carátula del expediente de la obra, y d) el inspector a cargo de ella. Y le exigió que los dos primeros puntos los responda en cinco días.

El expediente no puede verse

LA ARENA concurrió ayer al Juzgado Civil y Comercial Federal 10 de Buenos Aires, a cargo del juez Raúl Orestes Tettamanti, secretaría 19, de Roberto Santiago Muzio, a ver el expediente del concurso de acreedores de la constructora Sol Obras, abierto a mediados del año pasado. Sin embargo no pudo acceder a él porque en el tribunal informaron que lo tiene el propio juez.

La firma, que pertenece a José Juan Domingo Giorgis y a Héctor Walter Sánchez, llegó a La Pampa en 2004 y se fue cuatro años después, al declarar como fecha de cesación de pagos el 13 de marzo de 2008. Los argumentos que usó Sol Obras para concursarse fue la gran cantidad de trabajo que recibió del vernismo (tenía firmados 13 contratos por 23 millones de pesos).

Tras remarcar la "gran acumulación de trabajo", Giorgis, en el escrito presentado en el juzgado porteño, dijo que se vio impedido de cumplir con las deudas por "las circunstancias climáticas adversas y la falta de personal idóneo en la zona, lo que obligó a contratar personal de otras provincias por mayores costos; la crisis energética y la escasez de materiales; la elevación de los precios por encima de lo que marcaba el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo); los graves efectos derivados del paro agropecuario, que impidieron el transporte de materiales; y la recesión operativa, que produjo descontrol y vandalismo, generando hurto de materiales, herramientas y equipamiento en casi todas las obras".

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