El consorcio no licitará la gestión de los residuos

El intendente Amaya firmó el decreto por el que da su aval para que Servicios y Construcciones La Banda explote el predio de Overa Pozo. Los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán deben ceder al ente sus contratos con la concesionaria de Pacará Pintado.
Nada obliga a los municipios que integraron el consorcio para abordar la gestión de los residuos sólidos urbanos a respetar los contratos firmados oportunamente por cada intendente. No obstante, los integrantes del ente ya decidieron dejar que todo siga como hasta ahora. Es decir, mantener en manos de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, que explota Pacará Pintado, el tratamiento de la basura en el predio Overa Pozo, ubicado a unos 50 kilómetros al este de la capital.

De hecho, los seis intendentes del Gran San Miguel de Tucumán deben firmar un decreto de idéntico contenido mediante el que ceden de manera gratuita al consorcio el contrato rubricado por cada uno de ellos con la firma concesionaria. La capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes y Las Talitas depositan desde hace varios años sus residuos en Pacará Pintado. Incluso, ese fue el argumento central con el que el presidente del nuevo órgano, el concejal capitalino Ramón Santiago Cano, justificó la medida de otorgar en forma directa a Servicios y Construcciones La Banda la operación de Overa Pozo hasta 2012 (fecha en la que caducaba el contrato original de Yerba Buena), pese a que llegaron ofertas de otras empresas interesadas en hacerse cargo del servicio.

El convenio de creación del consorcio -firmado el 27 de agosto- ya preveía esta situación. En su cláusula tercera, los intendentes hicieron la salvedad de que ninguno estaría obligado a respetar los contratos originarios. "El sistema de gestión integral de los residuos sólidos urbanos del consorcio metropolitano podrá comprender la totalidad o solamente algunas de las siguientes etapas: generación, disposición final, recolección, separación, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final, sin perjuicio de los convenios y relaciones jurídicas preexistentes que cada municipio mantenga suscripto a la firma del presente, que resultan de responsabilidad de cada municipio y cuyos aspectos quedan fuera del marco de este convenio", sostiene el artículo.

No obstante, el intendente de la capital, Domingo Amaya, fue el primero en remitir al Concejo Deliberante el decreto de cesión del contrato con Pacará Pintado al consorcio. El expediente, que obtuvo ayer dictamen favorable en la comisión de Peticiones y Poderes, será tratado en sesión el jueves. La idea, incluso, es que ese mismo día sea aprobado el proyecto por los ediles de Yerba Buena, cuyo jefe municipal, Daniel Toledo, es vicepresidente del consorcio.

Fiscalía Municipal no emitió dictamen

Los concejales de la oposición ya adelantaron que votarán en contra de la cesión de contratos en favor del consorcio metropolitano. Puntualmente, cuestionan la decisión oficial de entregar de manera directa a la operadora de Pacará Pintado el predio estatal de Overa Pozo. Incluso, el republicano Claudio Viña y el radical José Luis Avignone criticaron el servicio que presta actualmente Servicios y Construcciones La Banda SRL.

"Con la capital esta empresa no puede tener contrato vigente por cuanto el único contrato autorizado por el Concejo fue firmado en 2004, por (Domingo) Amaya, en una parrillada. Este contrato era por dos años de duración y preveía una posible renovación por única vez por otro período similar. Es decir que como máximo podía extenderse hasta 2008. El convenio con Pacará Pintado establece en su cláusula segunda que estará vigente siempre y cuando el Gobierno no establezca otro mecanismo de disposición para el área metropolitana, que es lo que ocurrió ahora con el consorcio", advirtió Viña.

Avignone, en tanto, apuntó contra el decreto mediante el que se cedió el contrato al consorcio metropolitano. "No se especifica hasta cuándo será el contrato que en forma directa se pretende adjudicar a la actual firma prestataria. Pero lo que también llama la atención es que, dentro de sus funciones, Fiscalía Municipal puede emitir opinión previa a la firma del decreto. ¿No cree que un tema de tal trascendencia y de significativo monto dinerario hubiese merecido un dictamen del fiscal?", sostuvo.

Tanto Viña como Avignone insistieron en que el servicio de disposición final de los residuos, que se prestará en el predio de Overa Pozo, debe ser licitado.

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