Consolidación de la democracia pavimentadora

El alperovichismo recompensa a los que asfaltan a toda máquina. En la capital, el peronismo cierra filas. Los opositores deshojan la margarita con las encuestas. Por Alvaro Aurane - Editor de Política.

Para los agentes sanitarios no hay más. Ellos deben vérselas con todos los males que afectan la salud de la población y, con ello, ponen su propia salud en juego. Especialmente ahora que el dengue ha llegado para quedarse.

Para los docentes no hay más. A ellos les cabe nada menos que la tarea de educar al soberano. Una tarea que en el interior de la provincia es varias veces más amplia, porque allí los maestros deben brindar desde contención emocional hasta alimento a sus alumnitos, pasando por ropa y calzado que a menudo pagan de sus propios bolsillos.

Para los miembros del Poder Judicial no hay más. A pesar de que todos trabajan el doble, porque la tercera parte de los despachos tribunalicios están vacíos y jueces, fiscales y camaristas deben subrogarlos.

Sí hay más, en cambio, para los que contribuyan a la grandeza de la democracia pavimentadora. Para los viales (obreros que ganan dignamente sus sueldos con el sudor en la frente, literalmente) habrá un sobresueldo si asfaltan 60 cuadras por mes.

Clase A y Clase B

La cuestión abre distintos frentes. En primer lugar, la democracia pavimentadora acaba de instituir que hay dos clases de estatales: los de Clase A, que asfaltan, y los de Clase B, que vienen a ser prácticamente todos los demás.

En segundo término, el Gobierno proclama que hay dos maneras de desempeñarse en el Estado: una es trabajar y otra es trabajar como corresponde. Porque el Ejecutivo puso un objetivo y para que se cumpla dispuso que a los que ya les paga para que lleven adelante la tarea, ahora les abonará más. ¿Qué sigue? ¿A los maestros que vayan a la escuela les pagarán un sueldo pero si les enseñan a los chicos los contenidos pautados en la planificación les van a pagar más?

En tercera instancia, queda claro que hormigonar calles es, en los hechos, la gran política de Estado tucumana. No lo es, en cambio, el respeto por la independencia de los poderes del Estado, es decir el sistema republicano, o sea la institucionalidad. Por eso, los tucumanos asisten a la consolidación de una república desequilibrada. El desbalance comenzó con la Constitución de 2006, que dinamitó la igualdad del Poder Judicial respecto del poder político: para destituir un juez de la Corte hacen falta menos votos que para deponer al gobernador o al vicegobernador. Ahora, se pauta que hay instituciones Clase A e instituciones Clase B.

Las primeras son las que trabajan como soporte de la democracia pavimentadora.

En este esquema, la Dirección Provincial de Vialidad pasa a ser ahora una institución señera, a la que el Estado no duda en apuntalar. De hecho, la provincia se descapitalizó vendiendo inmuebles (sin licitación) para comprar maquinaria pesada (sin licitación) a fin de llevar adelante el plan vial. Precisamente por eso, otra institución que también es prioritaria es la Dirección General de Rentas, que además de edificio nuevo goza de sobresueldos en concepto de productividad para sus trabajadores (empleados que, como buena parte de los estatales tucumanos, trabajan dignamente). Porque la democracia pavimentadora, necesariamente, debe tener una patria recaudadora.

Conato de conflicto

Las instituciones Clase B son aquellas que le ponen "palos en la rueda" a la aplanadora de instituciones. En primer lugar, la Justicia. El Gobierno no tiene apuro en crear por ley un Consejo Asesor de la Magistratura que designe magistrados de manera transparente a fin de cubrir las vacantes que asfixian a los Tribunales y que casi jaquean el servicio público de administración de justicia. Por el contrario, ese asunto se tratará, con suerte, después de los comicios del 28 de junio. En cambio, el alperovichismo sí acelera la integración del Jurado de Enjuiciamiento, instituto cuya finalidad específica es atender procesos administrativos para separar a los magistrados de sus cargos.

Precisamente, para el Gobierno son entidades Clase B también los Colegios de Abogados de la Provincia. Por eso, quiere obligar a los letrados a que elijan un representante para el Jurado de Enjuiciamiento, en abierto atropello a la naturaleza jurídica de las instituciones profesionales. Para eso sí pudieron dictar una ley. Para crear el CAM, no.

Esta pretensión oficial es el preludio de un conato de conflicto. Desde los colegios han anunciado que van a resistir judicialmente que se los obligue a integrar el Jurado de Enjuiciamiento. Y en el Gobierno, extraoficialmente, ya hay asesores que no descartan la posibilidad de plantear la intervención de esas instituciones.

Poder es querer

¿Por qué el Gobierno procede así? Simplemente porque puede. Porque los anticuerpos institucionales que deben frenar el avance del poder político sobre otros poderes distintos y sobre áreas que no son de su incumbencia, o no actúan o están ferozmente atenuados. Un caso concreto es buena parte de los sindicatos: la CGT ya dio un público aval al incentivo que beneficiará solamente a los viales.

Los anticuerpos atenuados son los partidos de la oposición. Las fuerzas políticas que enfrentan al alperovichismo viven, por estos días, en la nube encuestadora. A los radicales les entregaron un sondeo de 600 casos realizado en la provincia según el cual la mejor fórmula posible es unir fuerzas con el jurismo. Al jurismo le entregarán entre hoy y el lunes una encuesta similar en el número de casos, cuyo resultado -ya le adelantaron- dirá que la mejor variable es ensayar un acuerdo electoral con los radicales.

El jurismo y la UCR "canista", a raíz de esos sondeos, nunca estuvieron tan cerca de arribar a un entendimiento como durante esta semana. Desde el lunes hubo incesantes contactos, e interminables charlas de café, entre los operadores de uno y otro sector. Sin embargo, y a pesar de las certezas estadísticas, no están cerca de acordar. Fernando Juri manda a decir que él no puede resignar su postulación a senador, porque es el dirigente no alperovichista con mejor inserción en el interior. Afirman que ya selló un acuerdo con esa cacica peronista del Este que es Olijela Rivas y que a la diputación nacional, si no hay alianza con radicales, tratará de que la acepte Esteban Jerez, quien hasta aquí viene diciendo que no quiere postulaciones.

José Cano manda a contestar que el radicalismo de ninguna manera hará senador a un peronista y que Juri debería aceptar la diputación nacional, hecho que, inclusive, resisten cabalmente los socios menores de la UCR: el socialismo, los democristianos, ruralistas autoconvocados y la Coalición Cívica. A lo que agrega que, en la capital, él tiene tanta o mejor imagen que el ex vicegobernador.

A la par, Ricardo Bussi y Delia Pinchetti de Sierra Morales encargaron y pagaron juntos a la tradicional encuestadora de FR un sondeo para saber cuál lista debe liderar cada uno, a fin de presentar la oferta electoral republicana. Los republicanos se frotan las manos ante la incapacidad de los otros opositores de poder estrechar filas: desde la Casa de Gobierno hay fuentes que sostienen que con el jurismo y el radicalismo dividido, el bussismo se sube al podio en junio.

En rigor, hay dos versiones sobre el futuro electoral en el Ejecutivo. Los optimistas hacen profesión de fe alperovichista y sostienen que arrasan en las urnas y se llevan, además de los senadores de la mayoría, los cuatro diputados. Los más prudentes, en cambio, afirman que el oficialismo perderá un diputado. Y que la oposición unificada podría quitarles, inclusive, uno más.

La abrochadora peronista

Ante tanta fragmentación, hay que reconocerle al alperovichismo que todo lo que hace institucionalmente mal lo hace políticamente bien. El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, ha estado realizando actos de magia por toda la capital, a los que asisten los candidatos oficialistas.

La semana pasada, "Pirincho" organizó un mitin político en el circuito 20 de la capital: los antagónicos primos Alfaro (Germán, el diputado; el "Tano", funcionario) compartieron tribuna y se tiraron flores. Otro tanto ocurrió en el circuito 15: Ramón Santiago Cano, presidente del Concejo capitalino, y el edil Juan Carlos Mamaní, históricos adversarios en ese rincón capitalino, se prodigaron mutuos elogios en otro encuentro de compañeros.

Intimos antagonistas

El peronismo cierra filas porque del resultado de junio depende la próxima reforma constitucional y la continuidad del alperovichismo en el poder. En ese concepto debe contarse a 22 legisladores oficialistas, a 16 intendentes peronistas, a 39 delegados comunales y a varias decenas de concejales.

Increíblemente, la oposición, en esos mismos comicios, se juega su subsistencia. Y sin embargo no hace otra cosa que fragmentarse. Con adversarios así, el oficialismo no necesita aliados.

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