Consideran positivo el proyecto de la planta de metanol pero sugieren extremar su impacto

Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de Raúl Alfonsín, ponderó la iniciativa pero advirtió que "no hay que obnubilarse" con los recursos que reportaría a la Provincia. Consideró fundamental determinar los impactos ambientales y económicos.
De paso por Tierra del Fuego para brindar una serie de conferencias, el ex secretario de Energía de la nación durante la Presidencia de Raúl Alfonsín y actual presidente del Instituto Argentino de la Energía General Moscón, Jorge Lapeña, evaluó como "positivo" el proyecto para la instalación de una planta productora de metanol en la provincia, pero aseveró que es necesario determinar fehacientemente el impacto económico y ambiental de la iniciativa y no "obnubilarse" con el posible ingreso de divisas.

Lapeña sostuvo que "cuando se trata de proyectos importantes muchas veces no están precisados los conceptos sobre si estamos hablando de un proyecto maduro que ha cumplido todas las exigencias previas a su concreción como lo es los estudios de impacto ambiental, de prefactibilidad, de factibilidad, entre otros, o si por el contrario se trata de una etapa más primaria".

En el caso de la iniciativa que impulsa el Gobierno, dijo que "parecería que se trata de un proyecto en una etapa primaria de desarrollo y si fuera así habría que tomarlo cono tal para ajustar las expectativas".

Al respecto, en declaraciones a la emisora de Ushuaia FM Artika, enfatizó que "hay que tener cuidado porque muchas veces las exigencias fiscales son las que hacen que a veces los gobierno no tomen las mejores decisiones", y citó como ejemplo que "cuando se vendió YPF el gran argumento que se utilizó es que faltaban fondos para equilibrar el Presupuesto nacional, y a raíz de eso el país perdió una de sus empresas más importantes".

"No digo que algo de eso vaya a pasar acá, pero hay que separar la cuestión fiscal propiamente dicha y el eventual impacto en el desarrollo industrial de la provincia", aclaró.

El ex secretario de Energía de la Nación evaluó que "la existencia de un proyecto siempre es positiva", por lo cual "la posibilidad de que la Provincia discuta o analice la conveniencia de industrializar los recursos naturales en origen me parece una idea muy interesante".

Asimismo, opinó que "es preferible vender el gas natural como producto petroquímico con valor agregado y no simplemente como sale de los pozos", pero apuntó que "es una cuestión que debe ser analizada a fondo, si es lo que quiere la provincia y no obnubilarse solo por el impacto fiscal".

Lapeña insistió con que "si el proyecto estuviera en sus etapas iniciales creo que es conveniente hacer todos los estudios de factibilidad económica y financiera, estudiar el impacto que la instalación de este proyecto tendría en la economía provincial, cuánta mano de obra directa o indirecta se va a movilizar. Son todas las etapas que debe recorrer el proyecto hasta su concreción".

En tanto, respecto al valor en que la Provincia vendería a los inversores chinos el gas necesario para el funcionamiento de la planta, establecido en 1,80 dólares el millón de BTU, Lapeña estimó que "es un precio que parece bueno comparado los precios históricos en los que vendió el gas Tierra del Fuego".

Sin embargo, expresó que "hay que tener en cuenta que la Argentina en los últimos años ha cambiado su situación de consumo frente al gas natural; antes era un país exportador con abundantes recursos a los que vendía muy barato y ahora se ha convertido en un país importador, con problemas para abastecer la matriz interna y los precios que paga cuando importa son mucho mayores. Esto también deberá formar parte de un análisis detallado".

Por otra parte, respecto a la renegociación de los contratos de concesión con las empresas petroleras Lapeña indicó que "tengo una posición más bien cautelosa".

En ese sentido, observó que "todas las empresas petroleras que recibieron concesiones temporales de explotación tienen contratos que vencen en 2017, y al vencimiento de estos contratos todos los yacimientos pasan a poder de la provincia sin costo alguno".

Ante ello, aseveró que "pero las empresas petroleras que operan en el país se resisten a abandonar los yacimientos sin costo alguno, entonces lanzaron una ofensiva desde 2005 para acá para lograr extender los plazos de concesión".

Lapeña explicó que "la ley establece que esos plazos solo pueden ser extendidos a aquellos que hayan operado los yacimientos en forma eficiente y de acuerdo a lo establecido en los contratos", y en función de esto "las provincias, la avalancha de los pedidos de prórroga, deberían hacer una auditoria independiente respecto a cada uno de los contratos para determinar si el concesionario es merecedor o no de la extensión".

Finalmente, el ex funcionario radical enfatizó que "esto incluso permitiría en los nuevos contratos obtener mayores beneficios a la provincia".

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