El PE considera improcedente el planteo de los abogados

El Gobierno demostró que está dispuesto a defender con firmeza la Ley 8.136, que permite la designación directa de jueces interinos sin ningún mecanismo de selección previo que posibilite valorar la idoneidad o la calificación de los postulantes a los 31 cargos por cubrir en un primer momento.
Ayer, el fiscal de Estado, Pedro Giúdice, solicitó a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que se abstenga de dictar una medida cautelar que frene el mecanismo establecido por la norma -como había solicitado el Colegio de Abogados-, por entender que tal tribunal ha perdido jurisdicción para emitir semejante orden.

La semana pasada, por medio de su representante, Luis Emilio Rodríguez Vaquero (este actúa con el patrocinio letrado de Alberto Bianchi), la institución profesional había requerido a la Sala II que suspendiera la ejecución de la Ley 8.136. El pedido fue planteado como una ampliación de otras dos medidas cautelares que habían sido dictadas en la causa por la que el la entidad cuestionó normas de la Constitución reformada en 2006.

Precisamente, el argumento central fue que la Ley 8.136 desconocía la sentencia pronunciada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia el 8 de setiembre. Ese día, el alto tribunal declaró nula la disposición constitucional que facultaba al Poder Ejecutivo a organizar discrecionalmente el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). No obstante, según el criterio de la mayoría, ha quedado en pie la exigencia de que los aspirantes a la magistratura sean seleccionados por medio de concursos, lo que precisamente la Ley 8.136 contraviene, según los abogados.

Aunque de los pedidos de cautelares no suele corrérsele traslado a la contraparte (en este caso, el Gobierno), Giúdice lo había solicitó el viernes. Ayer se le pusieron los autos a la vista e inmediatamente concretó una dura manifestación -por escrito- a las 12.30, según informó a LA GACETA. Por medio de ella, sostuvo que, en el proceso impulsado por el Colegio de Abogados, se discuten normas constitucionales, no lo relacionado con la Ley 8.136, que sólo apunta a paliar una situación de emergencia.

El fiscal de Estado insistió en el mismo argumento y advirtió a los camaristas Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo: “si estimaran procedente el planteo (de la institución profesional), deben tener presente que, habiendo dictado sentencia de fondo, han perdido jurisdicción sobre la cuestión”. “No se puede volver sobre situaciones ya falladas, porque se violaría el principio de la cosa juzgada y se extendería en forma arbitraria e ilegítima la materia (que fue objeto de pronunciamiento) sobre situaciones que nada tienen que ver con el objeto de la causa principal”, aseveró.

Otra mirada

Giúdice recalcó que, como el Gobierno recurrió la sentencia de la Corte (lo que está pendiente de resolución), los efectos del pronunciamiento se encuentran suspendidos, razón por la que fue sancionada la Ley 8.136, que habilita el nombramiento de magistrados interinos. “Por lo tanto, no existe ninguna exigencia constitucional firme que determine el procedimiento de designación (de los jueces definitivos). Como consecuencia, la pretensión que pretende articularse (respecto de la Ley 8.136) por medio de la cautelar peticionada (por los abogados) resulta ajena a la presente causa”, subrayó.

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