Consenso, la palabra que no existe en el diccionario político argentino

Por: Julio Blanck.

La controversia entre el Gobierno y la oposición sobre el sentido, alcances y modo de afrontar el costo de la asignación por hijo anunciada por la Presidenta, muestra de modo descarnado cómo en este tiempo se ha dinamitado toda posibilidad de acuerdo político, incluso acerca de aquello en lo que se está básicamente de acuerdo.

La necesidad de auxiliar a los chicos desprotegidos está fuera de discusión en una sociedad en la que un tercio de sus integrantes viven en la pobreza, y en la que más de 4 millones de trabajadores están en negro, privados ellos y sus familias de cualquier cobertura social que no sea la del Estado.

El anuncio de Cristina va al encuentro de esa demanda y eso merece ser destacado. Como bien dijo la Presidenta, se trata de un acto de reparación y no de justicia, porque justicia -explicó- habrá el día que los padres de esos chicos tengan un buen trabajo, una buena casa, salud y educación decentes. Es bueno que haya reconocido semejante deuda, después de seis años de poder kirchnerista.

La oposición aceptó que el anuncio de Cristina estaba en el buen camino. Pero enseguida afloraron las diferencias irreconciliables.

Es que hubo una jugada del Gobierno para apurar los tiempos de la decisión, y sustraer el tema del debate parlamentario. Y hubo también una reacción opositora denunciando "trampa" y "clientelismo" en los mecanismos de aplicación de una medida que, en su esencia, no tuvo más remedio que elogiar.

La Iglesia Católica había echado luz, hace dos semanas, sobre la mancha vergonzosa de la niñez pobre, que ni gobiernos ni dirigentes supieron solucionar en las últimas décadas. Y propuso una asignación por hijo que retomaba proyectos de la oposición y también del oficialismo. Hasta ese momento, todos esos proyectos dormían un sueño profundo en el Congreso.

Empezó entonces el tironeo político.

Afloró la pulseada lógica y necesaria acerca de qué tipo de asignación se imponía, si la universal que impulsaba la oposición y terminó haciendo suya la Iglesia, o la más acotada que alentaba el Gobierno.

Pero también apareció la pulseada para dirimir quién domina la iniciativa e impone su voluntad en una cuestión que debería ser honrada con el consenso.

La decisión unilateral del Gobierno parece obedecer también al desfavorable alineamiento que se le estaba produciendo en el Congreso. El centroizquierda, que venía acompañando al kirchnerismo, se había acercado a las posturas que, con matices, sostenían desde Elisa Carrió y los radicales hasta el socialismo y el PRO. Y también la Iglesia

Siempre estaba disponible el ejercicio del debate y la búsqueda de un "acuerdo por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos", tal la definición de consenso.

Pero una vez más se desistió de intentar siquiera ese camino.

Esta corrosiva capacidad argentina para frenar primero y demoler después cualquier posibilidad de acuerdo, también expresada hace apenas 48 horas en las formas y contenidos del proyecto de reforma política, no deja de asombrar a observadores internacionales de distinta procedencia.

Hoy mismo, en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, se realiza un seminario que, más allá del título académico formal, aborda esa amputación del consenso que se hizo a sí misma la política argentina.

Allí confluyen los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta) y Mario Das Neves (Chubut); el jefe de los senadores radicales Ernesto Sanz; los socialistas Rubén Giustiniani y Miguel Lifschitz, jefe del partido e intendente de Rosario respectivamente; la macrista porteña Gabriela Michetti y la radical independiente Margarita Stolbizer; y hasta el ex presidente Eduardo Duhalde ha prometido asistir.

El foro fue convocado por el brasileño Roberto Mangabeira Unger, que fue hasta hace poco ministro de Asuntos Estratégicos del presidente Lula y que actualmente asesora a Barack Obama en cuestiones referidas a América Latina. Mangabeira es profesor en Harvard y alguna vez tuvo a Obama entre sus alumnos.

La preocupación por esta forma de la baja calidad institucional también fue expresada en Buenos Aires, la semana pasada, por legisladores de los EE.UU. en una visita privada al país.

Y estuvo presente también en un desayuno que días atrás convocó el embajador de España, Rafael Estrella. La intención fue poner a políticos argentinos en contacto con la FIIAPP, una fundación pública española enfocada hacia Iberoamérica y orientada a prestar ayuda para la gestión y las relaciones políticas.

En la embajada española estuvieron Michetti y Sanz, hoy viajeros en Boston. Y también los diputados Adrián Pérez, de la Coalición Cívica; Walter Agosto, peronista cercano a Reutemann y la socialista Mónica Fein; además de Diego Bossio, kirchnerista y jefe de la ANSeS. El nexo entre ellos lo había establecido Alan Clutterbuck, titular de la Red de Acción Política (RAP), una entidad que ha hecho mucho, casi siempre en silencio, para acercar entre sí a políticos de diverso origen pero con una preocupación común sobre la dificultad para establecer acuerdos en la diversidad.

A los invitados argentinos les quedó repicando la comparación hecha por uno de los expertos españoles, recién llegados de Montevideo donde habían observado, el domingo pasado, la primera vuelta de la elección presidencial.

"Los días en Uruguay me hicieron acordar del clima que vivían ustedes, los argentinos, en diciembre de 1983 cuando recuperaron la democracia. Ese ambiente lo hemos visto repetido desde entonces en cada elección uruguaya; pero nunca más en la Argentina", dijo el visitante.

Un silencio largo y desolador siguió a esas palabras. Quizás porque nadie sabía cómo explicar por qué la democracia, en lugar de ser una fiesta, tantas veces se nos ha convertido en una guerra.

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