El Consejo de la Magistratura entrevistará a postulantes a jueces.

El Consejo de la Magistratura entrevistará a postulantes a jueces.
Los integrantes del cuerpo colegiado elegirán al titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur, y al juez del Superior Tribunal de Justicia. Los que deseen realizar preguntas a los candidatos podrán dejarlas por escrito en la sede del órgano de remoción y selección de jueces de Ushuaia o también en la delegación administrativa del Poder Judicial en Río Grande, hasta el 2 de abril a las 12 horas.
USHUAIA.- Los integrantes del Consejo de la Magistratura dieron a conocer que a mediados de abril se llevarán a cabo las entrevistas para cubrir los cargos de juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur y juez del Superior Tribunal de Justicia.

De acuerdo a lo informado por los propios consejeros, los días 15 y 22 de abril a partir de las 9.30 se concretarán las entrevistas a los candidatos admitidos en los concursos convocados por el órgano encargado de la remoción y elección de jueces.

Cabe recordar que las personas que deseen formular preguntas a los candidatos podrán hacerlo hasta el 2 de abril a las 12. Los cuestionamientos deberán ser presentados personalmente por quien las formule acreditando identidad, ante la sede del organismo en la ciudad de Ushuaia, sita en Avenida Leandro N. Alem 2320. En el caso de Río Grande, el lugar indicado es la Delegación Administrativa del Poder Judicial de la Provincia, ubicada en Ex Campamento YPF.

Según indicaron, las preguntas deberán ser formuladas en una extensión no mayor a tres renglones y en términos claros, precisos y concisos, identificando a qué candidato deberá ser dirigida.

Asimismo, remarcaron que las preguntas serán efectuadas el día de la entrevista a través de la Presidencia siempre que las mismas sean previamente consideradas por el Consejo como conducentes, pertinentes y útiles.

Finalmente, hay que recordar que el Consejo está integrado actualmente por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume; el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre; los legisladores Mónica Urquiza (MPF) y Ricardo Furlan (FPV) y en representación del Ejecutivo el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu.

Abogados, sin representación

Cabe destacar que desde finales de 2008 el Consejo de la Magistratura funciona con sólo cinco de sus siete miembros a raíz de los planteos judiciales de los colegios de abogados de Ushuaia y Río Grande. Justamente, faltan en el organismo los representantes del pueblo -así se interpretó en la Constituyente Provincial- y de los profesionales que los representan.

Se suma a esta primera irregularidad del organismo de selección y remoción que el legislador Manuel Raimbault ha presentado un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia por una presunta inconstitucionalidad del procedimiento.

Como se viene planteando hace años, no existen las condiciones mínimas para hablar de concursos para la selección de jueces, y se entiende que el proceso se basa en una sumatoria de arbitrariedades.

Una tercera desprolijidad es la falta de rotación de la presidencia del organismo: El Juez del Tribunal Gonzalo Sagastume repite la presidencia del Consejo, cuando era uso y costumbre la alternancia. Se estimaba el ejercicio por parte de la Dra. María del Carmen Battaini. Idéntica situación sucedió cuando se impidió el ingreso del ARI al organismo, pese a ser la primer minoría parlamentaría. Mientras que el conflicto público-institucional se incrementa con el pasar de los años, la mayoría legislativa se niega a dar tratamiento al tema.

El Colegio de Abogados de Ushuaia ha trabajado sobre una posible reforma constitucional sin mayor interés por parte de la mayoría de los legisladores. Lo mismo ha sucedido con los proyectos de ley para reformar el tan cuestionado método de selección.

Lo cierto es que el Parlamento fueguino no da mayoría para debatir ninguno de los proyectos presentados en los últimos años. La gravedad se centra en la negación de debate en un poder que debe tener ésa función pública como prioridad institucional.

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