Las consecuencias de la pulseada Gobierno y ATE

Las idas y venidas por el pago de los salarios le costaron al Gobierno un fuerte dolor de cabeza. Los gremios estatales realizaron su demostración de fuerza más contundente y salieron fortalecidos.
El costo político para la gestión del ARI se dimensionará a corto plazo. La continuidad de los reclamos salariales y las limitaciones presupuestarias pueden derivar en un recrudecimiento del conflicto, con final incierto. Y no puede obviarse el inevitable trasfondo político detrás de la justicia de las demandas.

Poco después de la medianoche del jueves, la gobernadora Fabiana Ríos y funcionarios de su Gabinete dejaron Casa de Gobierno. Los acompañaban efectivos de la custodia personal de la mandataria y de la División Antimotines de la Policía. En esos momentos, los trabajadores afiliados a ATE que habían bloqueado las tres salidas de Gobierno y quemado cubiertas en lo que fue el más duro reclamo en lo que va de la gestión del ARI, ya habían abandonado su protesta al comprobar que finalmente los haberes de marzo ya estaban acreditados en sus cuentas de ahorro.

La noche calma y fría, disipados ya los ecos del batir de bombos y el humo de los piquetes, invitó entonces a la reflexión: ¿se pudo haber evitado el conflicto?, ¿pudo el Gobierno haberse ahorrado los costos políticos que sin dudas le acarreará lo sucedido durante las agitadas jornadas de martes y miércoles?

La retención de servicios que llevaba adelante el personal de distintas áreas de Gobierno, incluido el del Ministerio de Economía -encargado de la gestión administrativa para que se concrete el pago de salarios-, generó desde el lunes el rumor de que el miércoles el Gobierno no iba a poder concretar el anunciado pago de la primera cuota de los sueldos de marzo. Y el martes a primera hora se agudizó el conflicto y comenzaron las acusaciones cruzadas.

El Gobierno admitió la posibilidad y le achacó a ATE y a los empleados que realizaban la medida de fuerza la responsabilidad en caso de que no se efectivizaran los depósitos. De esta manera buscó tirarle el fardo a la dirigencia del sindicato, que rápida de reflejos contraatacó. El secretario general de los estatales, Carlos Córdoba, dijo que se trataba de una "excusa" del Ejecutivo ya que no contaba con los recursos para pagar los sueldos, a lo que el Gobierno respondió enviando a los medios un facsímil con los saldos del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, que revelaba la existencia de casi 60 millones de pesos para afrontar el compromiso salarial.

En ese contexto, el miércoles Ríos realizó en conferencia de prensa el anuncio más arriesgado en lo que va de su gestión: su decisión de no pagar los salarios. Argumentó que el personal de Haberes había preparado la liquidación de los empleados de la Administración Central, dejando de lado a los de los demás poderes del Estado y los órganos de contralor. O cobran todos o ninguno, fue la lógica de la medida.

Junto a Ríos, el ministro de Economía, Roberto Crocianelli, con un dejo de indolencia y hasta de frío cinismo, aseveró que si estaban dadas las condiciones se pagaría el martes de la semana que viene. Las palabras del ministro, más allá de sus enojos con la prensa -para él culpable de todos los males-, dejaron entrever a muchos que se trataba de una represalia ante el reclamo sindical.

Tras mantener durante su campaña y en lo que va de gestión que ni los empleados estatales ni sus salarios serán variables de ajuste en la crisis, Ríos tomó una decisión decididamente impopular. Abrió las puertas a un endurecimiento del reclamo sindical en momentos en que la crisis golpea a todos los sectores de la sociedad y se requiere que todos los esfuerzos se centren en definir las mejores estrategias para afrontar la coyuntura desfavorable. La reacción inmediata de los gremios fue rodear la Casa de Gobierno y amenazar con medidas por tiempo indeterminado si no se cobraba.

Con las cartas echadas y tras febriles gestiones, Ríos finalmente dio marcha atrás y autorizó mediante decreto a sus funcionarios políticos a liberar el pago.

¿Vencedores y vencidos?

¿Quién ganó la pulseada? El Gobierno debió dar marcha atrás y sin dudas los gremios, sobre todo ATE, salieron favorecidos. El Ejecutivo no pudo -o no supo- capitalizar políticamente las consecuencias que las medidas de fuerza de un sector pudieran generar al resto de la Administración Pública.

Entonces, los temores de Córdoba de que el no pago de salarios le jugara en contra -"nos van a querer matar", se le escuchó decir el martes en los pasillos de Gobierno- trocó en un cierre de filas contra la decisión de Ríos.

¿Se pudo evitar el conflicto? Las partes se mantuvieron en sus posturas y no retrocedieron. Para el Gobierno la culpa fue de los trabajadores que realizaron medidas. Para ATE, estaban dadas las condiciones para el pago más allá de la retención de servicios.

La lógica indica que Ríos podría haberse ahorrado el costo político, que ante la decisión inamovible de los trabajadores podría haber agilizado desde un principio los mecanismos alternativos para concretar el cobro.

De esta manera, hubiera desactivado el conflicto y se hubiese posicionado de otra forma ante la opinión pública, logrando además margen de maniobra para enfrentar la continuidad del reclamo sindical.

Lo que viene

¿Quedó debilitado el Gobierno ante los sindicatos de cara a las futuras discusiones salariales? La historia cuenta que cuando Ríos dio a los empleados públicos el aumento salarial de emergencia y decidió llevar al doble las asignaciones familiares, uno de los principales referentes políticos de la oposición le advirtió: "No podés dar algo sin recibir algo a cambio".

La historia demostró luego que estos reconocimientos no fueron un freno y ni siquiera morigeraron las demandas. Es más, los sindicatos mantuvieron entonces su estrategia de "ir por todo" sin atender los planteos del Gobierno sobre las limitaciones presupuestarias y la necesidad de un ordenamiento salarial, para evitar inequidades entre sectores y el consecuente impacto de ello en las finanzas estatales. En definitiva, la necesidad de eliminar el círculo vicioso de cerrar un convenio salarial con el último sector y empezar a negociar de nuevo con el primero que se acordó.

El Gobierno finalmente pagó, pero el reclamo de fondo va a continuar desde el lunes. ATE seguirá pidiendo una recomposición de 500 pesos al básico, ATSA seguirá con sus asambleas por la aplicación de los 100 pesos al básico acordado el año pasado, el SUTEF seguirá demandando la aplicación en Tierra del Fuego de los aumentos acordados a nivel nacional por CTERA, como así también el pago de la última cuota de 2008 y la totalidad de 2009 del ítem material didáctico. Y a lo salarial le van en zaga, por ejemplo, los distintos reclamos relacionados con las condiciones laborales de cada sector.

En definitiva, tras lo del martes y miércoles los gremios están cebados y no van a dar un paso atrás, más allá de que la lectura de la crisis indica que es necesario que una vez por todas las histerias mediáticas de las partes cedan el lugar a la posibilidad de un diálogo real y no solo declamativo.

No obstante, no puede obviarse el trasfondo político detrás de las movidas sindicales pensando en junio, pero también apostando a un desgaste progresivo del Gobierno que permita plantear otro panorama de cara a 2011.

Una estrategia que no es nueva pero que siempre es negada por los dirigentes gremiales. Por eso, más allá de la justicia de los reclamos, el Gobierno deberá sentarse a negociar con el telón de fondo de otro tipo de intereses sectoriales.

Paralelamente, ante la continuidad de las dificultades para el pago de los salarios, en off distintos sectores evalúan necesario un achique de un Estado sobredimensionado apuntando concretamente a un recorte de personal.

Lo llamativo es que ninguno de esos sectores, en caso de una hipotética llegada al poder, estaría dispuesto a tomar esa decisión que reclaman a la gestión del ARI.

Necesidad de financiamiento

Mientras tanto, Ríos advirtió en el encuentro con la prensa que el Gobierno enfrenta mes a mes enormes inconvenientes para hacer frente a sus obligaciones, sobre todo salariales. Es más, desde hace varios meses el Ejecutivo recurre a la utilización de fondos de la Cuenta Única del Tesoro, que engloba a la totalidad de los recursos de las distintas áreas, para el pago de los salarios, fondos que luego va reponiendo a medida que ingresa la coparticipación nacional y la recaudación tributaria propia.

La limitación presupuestaria obligó a Ríos a gestionar ante Nación adelantos de coparticipación, y ante las petroleras el adelanto de la liquidación de regalías.

Pero ante estos parches es necesaria la generación de nuevas fuentes de financiación, y en ese marco el aún no concretado acuerdo con los chinos para la instalación de la planta de metanol aparece como casi la única opción de hacerse de una cantidad limitada de fondos para hacer frente a compromisos corrientes por un determinado periodo.

Otra alternativa es la aprobación por parte de la Legislatura de la nueva Ley Tributaria impulsada por el Gobierno, que argumenta que el objetivo de la nueva normativa es que tributen sectores que hasta ahora nunca lo hicieron. Pero la iniciativa cosechó el rechazo del sector privado, que no está dispuesto a solventar la crisis del Estado. O en otras palabras, en el marco de la crisis no está dispuesto a solventar un aumento de la recaudación para pagar los sueldos de los empleados públicos.

La Legislatura, que tiene en sus manos la suerte del proyecto, está más cerca de la postura de los privados, al menos los bloques opositores. Ante ello, el oficialista Manuel Raimbault les recordó que el proyecto es fundamental para generar nuevos recursos y también que es un tema en discusión desde la misma asunción de la mandataria, por lo que requiere una pronta definición.

Lo cierto es que es un secreto a voces que la oposición parlamentaria quiere imponer su propia agenda y sus propios tiempos, lo que puede generar más de un dolor de cabeza al Gobierno.

Un ejemplo es el pedido de de informes que impulsarían para que el Ejecutivo informe quién es realmente el responsable de que los sueldos no se hayan depositado a primera hora del miércoles, si no un día después.

El desafío

No se presenta llano el camino que deberá transitar el Gobierno en los próximos tiempos. El embate de los gremios; los efectos de una crisis económica ajena que profundiza la propia; municipios que presionan por la no llegada de la coparticipación y reclaman el pago de la deuda histórica; los reclamos del IPAUSS por la falta de pago de aportes y contribuciones; una Legislatura dispuesta a acompañar pero hasta ahí nomás; una elección a diputado nacional que aunque guste o no al oficialismo puede llegar a ser un plebiscito a la gestión; una oposición política que ya piensa en 2011 y buscará capitalizar cada paso en falso; las propias internas en el seno del Gabinete y hasta funcionarios siempre dispuestos a endilgar culpas y supuestos complots al periodismo y a los que no son del palo, pero poco afectos a reconocer los yerros propios.

Ante esto se perfila el convencimiento de Ríos de que el rumbo de su gestión es el que sacará a la provincia de la crisis, y marcará un antes y un después en la forma de hacer política en la provincia. ¿Alcanzará?

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